El Congreso desbloquea la ley de secretos tras 16 meses congelada

Vista del Congreso./Efe
Vista del Congreso. / Efe

La iniciativa del PP ha estado paralizada por sucesivas peticiones de PP y PSOE para ampliar el plazo de enmiendas

Ramón Gorriarán
RAMÓN GORRIARÁNMadrid

En noviembre de 2016, el Congreso admitía una reforma de la ley de secretos oficiales que llevaba la firma del PNV. Fue uno de los primeros proyectos de la legislatura, pero desde entonces no se ha avanzado más. El texto ha permanecido en un cajón bloqueado por el PP y el PSOE con continuas peticiones de prórrogas al plazo de enmiendas. El último vencía hoy, y los populares no pidieron un nuevo aplazamiento.

El desatascador ha sido la proximidad de la aprobación de los Presupuestos en el Consejo de Ministros, que dentro de una semana dará luz verde al proyecto. Unas cuentas que para su aprobación en el Congreso necesitan sí o sí el respaldo del PNV. Una vinculación que para el PP es de malpensados. «No es ningún guiño a nadie», aseguró hoy el portavoz del PP en el Congreso. Rafael Hernando señaló que no hay ninguna relación con los Presupuestos y justificó que su grupo haya puesto justo ahora fin a las prórrogas porque considera que ya es el momento de reformar una ley aprobada por la dictadura franquista en 1968. Admitió también que el grupo popular se había quedado solo en la petición de aplazamientos.

El Gobierno y el PP, pero también los socialistas, han mantenido durante estos meses que reformar la ley de secretos es un asunto delicado que necesitaba una seria reflexión por el reciente pasado de lucha antiterrorista y porque los informes sobre la Guerra Civil todavía levantan ampollas. El PSOE, sin embargo, votó a favor hace 16 meses de tramitar en el Congreso la reforma junto a Podemos y los nacionalistas catalanes y vascos. Ciudadanos se abstuvo y el PP votó en contra.

El proyecto establece, entre otros asuntos, que los documentos secretos dejarán de serlo a los 25 años de su clasificación. Ahora lo son durante 50 años. Los que están etiquetados como reservados serán públicos a los diez años, con la posibilidad de que el Gobierno prorrogue una década más su opacidad.

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