CATALUÑA AL LÍMITE

La Generalitat y el independentismo están logrando el efecto que querían al organizar un referéndum que se sabía ilegal incluso antes de idearlo: quebrar el país

EDITORIAL

El desafío a la legalidad constitucional y estatutaria ha adquirido una dimensión inusitada, con los responsables del gobierno de la Generalitat promoviendo y auspiciando el incumplimiento de la Ley. Puigdemont y sus aliados han desoído las reiteradas llamadas a desconvocar la movilización que emula una consulta, cuando ésta ni era legal ni iba a ser posible. Pero la tozudez rupturista ha tratado de imponerse frente a las resoluciones judiciales y a las instrucciones de la fiscalía. La Generalitat no ha tenido problema en convertir a los Mossos d’Esquadra en un cuerpo connivente con el 1-O, al limitarse a levantar actas. Al tiempo que la Policía Nacional y la Guardia Civil se esforzaban en intervenir colegios y mesas e incautar urnas y papeletas siguiendo las indicaciones de impedir la celebración del referéndum.

Los máximos responsables de la Generalitat y los portavoces de la ANC han hecho de la acción de las fuerzas policiales dependientes del Gobierno central el argumento principal del 1-O, confrontando en su relato la conducta “cívica y pacífica” del independentismo con la coerción que imputan al Estado constitucional. Así es como han tratado de soslayar tanto la manifiesta ilegalidad de su iniciativa como el hecho de que la consulta simulada no sirva ni de indicio plebiscitario. Se veía venir. El secesionismo ha tratado de legitimarse a cuenta de la firmeza mostrada por los poderes del Estado distintos a la Generalitat como causa última que justificaría su deriva. La ocupación de las instalaciones señaladas para el 1-O no es cívica, en tanto que contraviene resoluciones judiciales. La organización de un a modo de consulta con un ‘censo universal’ que se sustrae escandalosamente a la normativa de protección de datos, con mesas de votación sin supervisión alguna en las que se identifica a los ciudadanos participantes incorporándolos a una base sin control, con urnas en la calle y con la posibilidad de que se proceda a un recuento a bulto que los promotores del 1-O presenten como escrutinio definitivo, supone un inmenso despropósito que Puigdemont y Junqueras han tratado de obviar en cuanto a sus responsabilidades directas. El empeño por presentarse ante la opinión pública internacional como las víctimas del Estado de Derecho y no como sus desestabilizadores tampoco puede lograr el efecto que querían los organizadores de un referéndum que se sabía ilegal incluso antes de idearlo.

Sin independencia

El independentismo necesita creer que ha ganado su propio desafío; necesita convencerse de que no tiene nada que corregir en su comportamiento. Pero nadie puede pretender la gestación de un nuevo estado previa vulneración de los fundamentos del sistema democrático. El secesionismo trata de jugar con la idea de que España es una realidad fallida, incapaz de retener en su seno a Cataluña. El desafío afecta a la democracia en su conjunto no sólo porque pone a prueba la solidez del Estado de Derecho. Afecta a la democracia en su conjunto porque hay un propósito inequívoco en quienes fomentan y auspician la desconexión de Cataluña por la vía de los hechos: quebrar la cohesión territorial de España, desbordar el Estado de las Autonomías, para así abrirse paso en tierra de nadie.

No se debe negar durante más tiempo la existencia de un grave problema en Cataluña que corre el riesgo de dejar de ser solamente político y emocional para convertirse en social y de pura convivencia, pero tampoco debe admitirse que el régimen constitucional surgido en 1978 se liquide por la vía de una superación no democrática de sus principios y garantías. A partir de mañana las fuerzas constitucionalistas, empezando por el Gobierno Rajoy, deberán reaccionar con propuestas que restablezcan la legalidad y la sensatez, abriendo vías para un diálogo que a corto plazo consiga una distensión de la situación y frene la fractura social y trabaje en el largo conjugando el respeto a la legalidad con la visión y la inteligencia política necesarias.

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