Cataluña: el drama se ha consumado

ANTONIO PAPELL

A última hora de la mañana, el PSOE retiraba su enmienda a la propuesta de aplicación del artículo 155 en el Senado que trataba de preservar la reversibilidad de las medidas. Aquella decisión significaba que el principal partido de la oposición desistía de buscar una solución razonable, pacífica, posibilista al conflicto catalán y que se resignaba a lo peor: a favorecer la restauración imperativa de la legalidad vulnerada aparatosamente por un independentismo que, a juzgar por lo que se ha escuchado en el Parlamento de Cataluña, alienta un odio primario y atávico hacia España, utiliza una noción rudimentaria e insuficiente de democracia, no ha medido las consecuencias de sus propios actos y no ha tenido empacho en llevar a los catalanes a un camino arbitrario de empobrecimiento, ruptura, tensión, ira y dolor que puede durar años. Probablemente, las generaciones sucesivas no perdonarán a los Mas, Junqueras, Forcadell, Puigdemont, etc. la pesada herencia que dejan tras de sí, que interrumpe abruptamente una andadura de fluida convivencia y creciente prosperidad que duraba cuarenta años –con altibajos, seguidos siempre de estimulantes remontadas-, que ahora se dirige hacia una senda cargada de incertidumbre y de presagios nada favorables.

España, señalada como Alemania por la historia por la malsana facilidad con que se ha embarcado en sanguinarios conflictos en el siglo XX, había adquirido un prestigio indudable por la manera cómo supo salir de la cruenta dictadura, evitando promover un desquite que nos hubiera sumido en un trágico vaivén sin futuro. Ahora, la espantada catalana por razones bien poco edificantes –el nacionalismo contiene siempre ingredientes de insolidaridad, que algunos consiguen domeñar y otros no— nos embarca en un nuevo conflicto visceral, actualiza nuestra tópica incapacidad para convivir, resucita la imagen más negra del carácter español, del que participan penosamente, lo quieran reconocer o no, los propios catalanes.

Por añadidura el desencadenamiento de la declaración de independencia ha sido penoso, tras una patética vacilación del débil e inseguro Puigdemont, presionado como una marioneta por los más radicales y por esa caterva de cobardes que han pretendido endosarle toda la responsabilidad sin dar la cara –han logrado incluso que la votación final fuera secreta para eludir responsabilidades—, como el melifluo Junqueras. Presionado también en sentido contrario por las escasas mentes lúcidas del PDeCAT —Santi Vila— que veían que ese seguidismo del clásico catalanismo político sólo le conduciría al sometimiento a Esquerra Republicana y provocaría el embarque de Cataluña en una aventura de la que saldrá debilitada, empobrecida y desprestigiada.

La culpa de lo ocurrido –seamos claros— la tienen quienes han cometido la secuencia de ilegalidades con las que han traicionado un ordenamiento común que no era en absoluto impuesto sino que ha sido elaborado mediante grandes consensos por las vías más democráticas que se podría imaginar, como reconoce sin excepciones la comunidad internacional. Y quienes han incurrido en esta objetiva subversión tendrá que pagar por ello, porque no puede salir gratis sumir a la sociedad catalana en este vértigo que la atemoriza, la atenaza y la empequeñece. Con todo, mientras el Gobierno cumple con su obligación de acuerdo con la autorización que ha obtenido del Legislativo para restaurar la legalidad, defender el interés general y sancionar las desviaciones, todos deberemos hacer en algún grado examen de conciencia. Porque estas crisis, aunque desencadenadas por grupos díscolos que aprovechan las rendijas del sistema para colarse por ellas, suelen ser el resultado de grandes errores colectivos. Nuestro Estado de las Autonomías no fue precisamente una obra de arte (y deberemos reconocerlo y reconstruirlo) y la gestión de la cuestión catalana no ha sido modélica desde hace años, demasiados años. No lo fue cuando se comerciaba políticamente con CiU ni lo ha sido después, cuando hubo que sortear las primeras reclamaciones inaceptables del ultranacionalismo emergente. De cualquier modo, estas valoraciones ya sólo sirven a los historiadores: en el plano concreto de la realidad, conviene saber, como ha dicho con preocupación José Montilla, que la convivencia está en peligro, y que el drama puede volverse insoportable si, frente a la acción del Estado que va a restaurar la legalidad quebrantada, los fanáticos se escudaran tras el escudo humano de los ciudadanos zaheridos y atemorizados. No sólo el Gobierno de la Nación debe comportarse ahora con exquisita sensibilidad.

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