Bruselas respalda a Rajoy y rechaza la mediación, pero censura el uso de la fuerza

Una carga policial en Tarragona. / Efe

La Comisión pide respeto a la ley y recuerda que una declaración de independencia situaría a Cataluña fuera de la UE

ADOLFO LORENTEBruselas

Muchas de las miradas del 2-O se dirigieron hacia el kilómetro cero. ¿Y Bruselas? ¿Qué piensa la UE de los graves acontecimientos de Cataluña? Cuando el 1-O agonizaba, Carles Puigdemont exigió una respuesta a la Comisión Europea porque después de los altercados «ya no podía mirar hacia otro lado». Ayer, volvió a la carga y pidió su mediación. Bruselas dejó de ponerse de perfil y entró en harina. A su modo, sí, pero lo hizo. Hubo respuestas, pero la gran mayoría no fueron del agrado de la Generalitat. Porque más allá del sonoro toque de atención al Gobierno de Mariano Rajoy por el uso de la fuerza, el club, con el eje Bruselas-Berlín-París-Roma cerrando filas con Madrid, tiene muy claro cuál es la hoja de ruta a seguir. «No tenemos la menor intención de mediar en este asunto», zanjó en declaraciones a este periódico un alto cargo comunitario.

Con su lenguaje siempre cauto y excesivamente diplomático, el Ejecutivo comunitario tomó cartas en el asunto lanzando una serie de dardos con notables dosis de veneno. No dejó indiferente a nadie. Tampoco al ‘aliado’ Rajoy, al que le reprocharon de forma velada la respuesta policial. «La violencia nunca puede ser un instrumento en política», advirtió la Comisión presidida por Jean-Claude Juncker, quien a primera hora de la tarde y por espacio de 15 minutos habló por teléfono con el presidente español. También lo hizo con el presidente del Consejo, Donald Tusk, que «compartió sus argumentos constitucionales y pidió encontrar vías para evitar una escalada de la violencia», según un breve mensaje que escribió en Twitter. Otro dardo.

Pero si el toque de atención del sanedrín comunitario a Madrid es sustancial, no menos lo es la advertencia al Ejecutivo catalán por no respetar los cauces legales previstos en la Constitución y su pretensión de realizar la declaración unilateral de independencia. De confirmarse, el final del camino ya está decidido. Fuera del club. Adeu. «Si un referéndum (de independencia) se organizara en consonancia con la Constitución española (y se ganase), ello significaría que el territorio que se saliera se encontraría fuera de la Unión Europea», reza el texto publicado.

La cita estaba prevista para mediodía. La expectación era máxima entre los medios internacionales, que no han dudado en cargar duramente contra el Gobierno español. Fueron 37 minutos y 45 segundos de enorme tensión en los que el portavoz jefe, Margaritis Schinas, sorteó 29 preguntas de corresponsales. Sólo 7 fueron de españoles. El resto, de italianos, británicos, franceses, belgas, irlandeses o americanos, lo que evidencia la gravedad de la crisis.

Debate en la Eurocámara

Hubo preguntas de todo tipo, pero Schinas no se salió del guión fijado de forma meticulosa en el comunicado. Fue interpelado en varias ocasiones sobre por qué no condenaban con más dureza la actuación de la Policía o si Bruselas estaba dispuesta a actuar de mediadora, como pide Puigdemont en su particular cruzada para internacionalizar el conflicto. No lo hará. «No estamos en ese escenario», reiteró en varias ocasiones.

De hecho, el comunicado es una reafirmación del argumentario defendido en las últimas semanas. Comienza recordando que el referéndum fue «ilegal según la Constitución española» y que la doctrina sobre la independencia de una región impera desde 2004. Muy sencillo: en caso de que la consulta fuese legal y se ganase, tal región quedaría automáticamente fuera de la UE.

La clave, lo novedoso, llega en la segunda parte de la declaración. Aquí el gran mensaje político.

Primero, llamamiento al diálogo: «Más allá de los aspectos puramente jurídicos, la Comisión considera que son tiempos para la unidad y la estabilidad, no para la división y la fragmentación. Hacemos un llamamiento a todos los actores pertinentes para que avancen rápidamente de la confrontación al diálogo».

Después, el ‘Rajoy, por ahí no’: "La violencia nunca puede ser un instrumento en política".

Y tercero, Rajoy seguimos contigo: "Confiamos en el liderazgo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para gestionar este difícil proceso dentro del pleno respeto de la Constitución española y de los derechos fundamentales de los ciudadanos en ella consagrados".

Esta es otra de las claves. Bruselas, pese a lo ocurrido, cerró filas con el Gobierno español como lo viene haciendo hace meses y como hizo el pasado viernes en la cumbre de Tallín, donde Emmanuel Macron lanzó un contundente mensaje de apoyo a Rajoy. Ayer, fuentes del Elíseo se reafirmaron en lo dicho reiterando «su apoyo a la unidad constitucional española». Lo mismo ocurrió desde Berlín, donde el portavoz de Angela Merkel no ocultó su preocupación, pero señaló que «hay que buscar una solución sobre la base del Estado de derecho y el diálogo y, por supuesto, en el marco de la Constitución española». «Alemania tiene un gran interés en que se mantenga la estabilidad de España», zanjó. Un sentir defendido por el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, que pidió diálogo pero también «respeto total de la Constitución». Mañana, el tema se debatirá en el Parlamento Europeo.

La ONU pide al Gobierno investigar «todos los actos de violencia»

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Husein, ha pedido hoy a las autoridades españolas a desarrollar investigaciones "completas, independientes e imparciales" sobre "todos los actos de violencia" ocurridos el domingo en Cataluña.

"Exhorto a las autoridades españolas a garantizar investigaciones completas, independientes e imparciales sobre todos los actos de violencia", ha señalado Zeid Ra'ad Al Husein en una breve declaración escrita.

El Alto Comisionado llama al diálogo y dice que "las intervenciones policiales deben ser siempre proporcionadas y (revelarse) necesarias".

Amnistía Internacional denuncia un «uso excesivo de la fuerza» en el 1-O

Amnistía Internacional se une a las críticas por la intervención ayer de las fuerzas de seguridad del Estado en Cataluña y denuncia el “uso excesivo de la fuerza” de la Policía y la Guardia Civil el 1-O para impedir el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Según AI, sus propios observadores “confirmaron sobre el terreno” el uso peligroso e inadecuado de material antidisturbios y golpes a personas indefensas que no ofrecían resistencia”, por lo que reclaman “una investigación exhaustiva, rápida e imparcial sobre los hechos”

La organización, que dice que una delegación propia formado por cinco miembros “monitoreó” la situación desde sábado, insiste en que “diversas imágenes también muestran actitudes violentas de algunos manifestantes contra agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional”. “Está claro que varias de las actuaciones de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil se han saldado con un uso excesivo e innecesario de la fuerza, una utilización peligrosa de material antidisturbios, y han provocado centenares de heridos, contusionados y afectados que protestaban pacíficamente”, ha afirmado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.

AI ha recordado que, bajo el derecho internacional, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden usar la fuerza sólo cuando “sea estrictamente necesaria para el ejercicio de las funciones que tienen encomendadas”.” Las actuaciones para garantizar el cumplimiento del mandato del TSJC debe estar en línea con los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”, ha recalcado el colectivo.

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