Anticorrupción se queja de estar «anclada en la prehistoria» tecnológica

Sesión de apertura del año judicial 2017/2018.
Sesión de apertura del año judicial 2017/2018. / Ángel Díaz (Efe)

También considera evidente la escasez de la plantilla, más aún ante «el auge paulatino de los macroprocesos» que ha ido «estrangulando» su capacidad operativa

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La Fiscalía Anticorrupción se queja de que, a pesar de su creciente carga de trabajo y de la complejidad de los asuntos que aborda, está "anclada en la prehistoria en el apartado de las nuevas tecnologías" y funciona gracias a "aplicaciones caseras" confeccionadas por los propios funcionarios.

Una "apabullante penuria" de medios tecnológicos que se denuncia en la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2016 que hoy se ha dado a conocer con motivo de la apertura del año judicial que ha presidido el Rey en el Tribunal Supremo.

La memoria -relativa al ejercicio pasado y con ello previa a las vicisitudes que ha atravesado en el actual esa Fiscalía con el nombramiento y posterior renuncia de Manuel Moix- expone que en 2016 se abrieron 51 procedimientos nuevos, en tanto que los escritos de acusación pasaron de 47 a 59.

También se dictaron 29 sentencias en asuntos investigados por Anticorrupción (7 más que en 2015) y, de ellas, 27 fueron condenatorias y solo 2 absoluciones.

Unos datos que muestran la creciente carga de trabajo de una Fiscalía Especial que cuenta con un fiscal jefe, un teniente fiscal y dieciocho fiscales, pero que en 2016 necesitó otros ocho en comisión de servicio debido al elevado volumen de asuntos y su complejidad, un hecho que califica de "anómalo".

Asimismo, cuenta con 22 fiscales delegados permanentes y nueve más temporales.

La Fiscalía considera evidente la escasez de la plantilla, más aún ante "el auge paulatino de los macroprocesos" que ha ido "estrangulando" su capacidad operativa, y subraya "la urgencia" de un incremento en seis nuevas plazas, dos de ellas de fiscales decanos.

En cuanto a las unidades de apoyo, considera insuficiente la que existe en la Agencia Tributaria (once personas), hasta el punto de que los retrasos en los informes "empiezan a ser llamativos", en ocasiones con un año de demora.

Pero más graves aún son las críticas en cuanto a la situación tecnológica de la Fiscalía, "anclada en la prehistoria" y sin que exista una aplicación informática de entrada y registro de escritos, ni de diligencias de investigación ni de procedimientos judiciales.

De modo que se funciona mediante "aplicaciones caseras" confeccionadas por los propios funcionarios.

Tampoco existe un expediente informático de gestión de causas, algo que considera imprescindible, al igual que un programa capaz de relacionar información de bases de datos propias y la aportada por organismos como los registros mercantiles o de la propiedad, los boletines oficiales o el Sepblac.

Asimismo, reclama programas que permitan buscar datos entre el volumen "ingente" de información que manejan los fiscales, cuyo análisis es una "tarea titánica".

Anticorrupción recibió 652 denuncias en 2016 (31 más que el año anterior), la mayor parte de ellas archivadas por carecer de fundamento. Se abrieron 37 diligencias de investigación, sumadas a las 39 que provenían del año anterior, y se concluyeron 22 del año 2015 y 12 de las abiertas el pasado año.

De esas 34 diligencias concluidas, 14 se saldaron con la correspondiente querella o denuncia del fiscal.

En cuanto a su participación en procesos judiciales, se ha elevado de 371 a 524. No por un "incremento real" de la delincuencia, sino debido a la desmembración de causas en piezas separadas: por ejemplo, el caso "Eres" tiene 74 piezas separadas o el asunto Falciani 37.

De modo que los procesos penales nuevos fueron 51, cinco más que un año antes.

Los fiscales anticorrupción elevaron 59 escritos de acusación (12 más que un año antes) y acusaron en 32 ocasiones de prevaricación, en 23 de fraude a la administración, en 15 de malversación, en 11 de tráfico de influencias y en 10 de delitos contra la Hacienda y la Seguridad Social.

La Fiscalía deja constancia en la memoria de la "especial relevancia" que en los últimos años ha cobrado "la que podría denominarse como delincuencia bancaria", con prácticas que "han puesto en jaque la subsistencia del propio sistema bancario español".

Conductas que han exigido "un sobreesfuerzo" para su comprensión y persecución, para lo que ha sido fundamental la ayuda de las unidades de apoyo en Agencia Tributaria e Intervención General del Estado, además de la de los inspectores del Banco de España.

Por otra parte, la Fiscalía solicita que la Audiencia Nacional sea competente para investigar a grupos criminales organizados transnacionles mediante la aplicación del principio de justicia universal al blanqueo de capitales. Y pide que se introduzca un nuevo tipo penal para sancionar el incremento patrimonial injustificado.

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