El juez acuerda excarcelar a Ignacio González si paga 400.000 euros

El instructor del 'caso Lezo' alega que se ha reducido el riesgo de fuga y de reiteración delictiva del expresidente de la Comunidad de Madrid, preso desde abril

Mateo Balín
MATEO BALÍNMadrid

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González recibió hoy una buena noticia. Quizá la mejor desde que entró en prisión el 21 de abril pasado en el marco de la 'operación Lezo', el presunto saqueo de la empresa pública de aguas Canal de Isabel II.

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El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordó esta tarde revocar la prisión provisional sin fianza para González por la de libertad bajo fianza de 400.000 euros. Una cantidad que el investigado por delitos de corrupción deberá abonar en metálico para volver a casa.

En caso de que logre los fondos pese a tener las cuentas familiares bloqueadas –su mujer y una hija también están investigadas-, le esperan al salir del centro penitenciario de Soto del Real el cumplimiento de unas medidas cautelares no menos duras: comparecencias semanales en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del territorio nacional.

El juez García Castellón, que ya tomó la decisión de excarcelar a Francisco Granados en el 'caso Púnica', considera que se ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva debido a la actuación judicial y a la colaboración de Colombia y Panamá, y el riesgo de fuga por el avance de la instrucción judicial.

La decisión judicial secunda la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado de forma previa la libertad bajo fianza de 400.000 euros a González. En su escrito los fiscales argumentaron que, una vez analizados los hechos presuntamente delictivos y los indicios objetivos de criminalidad que los soportan, concurren consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González, a los efectos necesariamente provisionales que marcan esta fase procesal.

Más de 20 años de prisión

Han añadido que la amenaza punitiva de los hechos delictivos imputados es, a priori, superior a los 20 años de prisión, dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer. Del mismo modo, afirmaron, la instrucción ha puesto de relieve que el investigado podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales.

No obstante, la Fiscalía consideró que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva derivado del posible manejo de fondos en el extranjero gracias a la actuación judicial coordinada con países como Colombia y Panamá. En cuanto al riesgo de fuga, el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial también reducen dicho riesgo.

Todo ello impone la necesidad de acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales, estableciendo unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso, señala la Fiscalía.

Hasta el momento, el expresidente de la Comunidad de Madrid había pedido tres veces su salida de prisión, pero primero el juez instructor y luego la sala en apelación rechazaron su solicitud. A la cuarta ha sido la vencida y está a 400.000 euros en metálico de ser libre otra vez.

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