Leonoticias

Condenan a un funcionario por un desfalco de 200.000 euros de una cuenta judicial

  • Ese dinero había sido consignado por terceras personas en la cuenta del Ministerio de Justicia para hacer frente a sus responsabilidades en casos penales o civiles tramitados por el juzgado mixto 1 de Dénia

Joyas y relojes para hombre y mujer

Hasta 70%

Selección de marcas especializadas en outdoor

Las mejores marcas a los mejores precios

¡Encuentra la cazadora que se adapta a tu estilo!

Hasta 90%

Moda casual para mujer

Las mejores marcas a los mejores precios

Bolsos de piel made in Italy

Hasta 80%

Relojes de moda para hombre y mujer

Las mejores marcas a los mejores precios

¡La moda que más te gusta al mejor precio!

Hasta 80%

¡Viaja con estilo!

Hasta 80%

Deportivas, botas y zapatos para hombre

Las mejores marcas a los mejores precios

Relojes de pulsera al mejor precio

Hasta 80%

Marca española de moda para hombre

Hasta 70%

Accesorios y gadgets electrónicos

Hasta 90%

¡Moda y complementos con diseños originales!

Las mejores marcas a los mejores precios

Moda urbana para hombre y mujer

Hasta 80%

Accesorios imprescindibles para tu día a día

Hasta 70%

Viste tu cama con la Denim más reconocida

Las mejores marcas a los mejores precios

Relojes de moda para hombre y mujer

Las mejores marcas a los mejores precios

Zapatos y botines de piel para hombre

Hasta 70%

Grandes descuentos en calzado

Hasta 80%

Selección de joyas exclusivas para hombre y mujer

Hasta 70%

Porque el descanso es salud

Hasta 80%

¡Joyas de tus marcas favoritas!

Hasta 80%

Relojes y brazaletes inteligentes

Hasta 80%

Cosmética de calidad al mejor precio

Hasta 90%

¡El calzado de moda a tus pies!

Hasta 70%

Un tribunal ha impuesto cuatro años y ocho meses de prisión a un funcionario que se apropió de 203.255 euros de una cuenta del antiguo juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de la localidad alicantina de Dénia.

La sentencia, hecha pública hoy y que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, establece también penas que van desde los nueve meses a los tres años de cárcel y sendas multas a otros ocho acusados por colaborar en este desfalco.

Los hechos ocurrieron entre mayo de 2010 y noviembre de 2011, cuando Vicente Andrés G.E. trabajó como tramitador en el citado juzgado.

La sección segunda de la Audiencia de Alicante ha dictaminado que el funcionario se hizo con la clave de acceso a la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del Ministerio de Justicia.

Con ese código, "bien de su puño y letra, bien valiéndose de otro, falsificó la firma de la secretaria judicial" y realizó cuarenta mandamientos de pago indebidos a favor de familiares y conocidos para "obtener un ilícito enriquecimiento patrimonial", tal y como recoge el fallo.

Ese dinero había sido consignado por terceras personas en la cuenta del Ministerio para hacer frente a sus responsabilidades en casos penales o civiles tramitados por el juzgado mixto 1 de Dénia.

Sin embargo, acabó siendo cobrado en efectivo en oficinas de una entidad bancaria por familiares, conocidos y amigos de Vicente Andrés G.E., en detrimento de los legítimos beneficiarios y del Estado, que ejerce en esta causa la acusación particular.

Esos ocho coacusados conocían la "falsedad" de los mandamientos de pago librados a su favor y colaboraron con el principal sospechoso en el fraude, según el tribunal.

Durante el juicio, celebrado el pasado octubre, el funcionario ahora condenado reconoció el fraude pero implicó en el mismo a un oficial del juzgado y a la secretaria interina, que fue quien lo denunció.

No obstante, los magistrados han otorgado "mayor credibilidad" a la versión que el procesado dio durante la instrucción de la causa, cuando reconoció que había actuado en solitario, se mostró arrepentido y aseguró que quería devolver el dinero.

Para la sala, "carece absolutamente de racionalidad que una persona implicada en la trama fraudulenta sea la que la destape denunciando en el juzgado de Instrucción las irregularidades existentes".

La Audiencia de Alicante le condena por ello a cuatro años y ocho meses de cárcel por delitos continuados de estafa y falsedad en documento oficial, así como a pagar una multa de 1.980 euros.

A sus cómplices les ha impuesto penas que van desde los nueve meses a los tres años de cárcel y multas en función de la cuantía de los fondos públicos que percibieron.