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La ya descontada investidura de Mariano Rajoy ha quedado mediáticamente eclipsada por el anuncio de Pedro Sánchez de renunciar al escaño para no abstenerse en la votación de investidura ni desobedecer el mandato del comité federal esgrimido por la gestora. Es una de las consecuencias de la obstinación de la mayoría socialista por forzar la votación en bloque de todo el grupo parlamentario, lo que ha producido o acentuado fracturas innecesarias que ya han empezado a tener efectos muy perturbadores. De momento, 15 diputados socialistas se han desmarcado de la abstención por lo que la ruptura del grupo parlamentario socialista es un hecho, particularmente sensible en lo tocante al PSC, ya que se agrieta uno de los principales nexos políticos que todavía permanecían entre Barcelona y Madrid.

Sánchez ha requerido a la gestora a que convoque cuanto antes el congreso que debe resolver la actual situación de interinidad en Ferraz y ha anunciado que a partir del lunes tomará su automóvil para comenzar su campaña personal entre las bases para tratar de reconquistar la secretaría general que le fue arrebatada mediante un golpe de mano el primero de octubre. Eso significa que la paz interna en el seno del partido socialista está lejos de conseguirse y que no está claro que quienes se han impuesto en los dos últimos comités federales vayan a controlar realmente el partido, al menos a medio y largo plazo.

En estas condiciones, el aviso que ya lanzó el presidente de la gestora, Javier Fernández, a Rajoy en el sentido de que la abstención era sólo para la investidura pero no para la tarea ordinaria de gobierno adquiere tintes todavía más sombríos para el PP, ya que la inestabilidad juega, como es natural, contra cualquier gesto amable de los socialistas hacia el gobierno. Sólo un PSOE estabilizado podría facilitar desde la oposición determinados apoyos que permitieran al gobierno sacar adelante el día a día, los presupuestos generales del Estado en primer lugar. Pero en tanto duren la guerra interna y el forcejeo a la vista de todos, no cabe imaginar flexibilidad alguna. Además, la presión de Podemos, siempre vigilante y dispuesto a afear a los socialistas cualquier concesión, actuará sobre una losa sobre las demandas de apoyo del PP.

La matemática parlamentaria está ajustada. Como es conocido, Rajoy controla 170 escaños, más de los que respaldaron a González en 1993, a Aznar en 1996 y a Zapatero en 2004 y 2008, pero esta vez no hay bisagras disponibles con las que negociar, salvo el PNV que posee cinco diputados. Pero no es descartable que si efectivamente este gobierno aborda con inteligencia la cuestión catalana, pueda conseguir determinados apoyos adicionales. En cualquier caso, la verdadera estabilidad provendría de un PSOE cohesionado y maduro capaz de negociar una hoja de ruta favorable a ambas partes. Por ejemplo, el poyo socialista a los presupuestos podría servir para que los 5.500 millones de euros de ajuste que reclama Bruselas fueran repartidos con ejemplar progresividad.

Si no se avanza en esta dirección –y en buena medida todo dependerá en una primera fase de lo que haga la gestora socialista-, no es descabellado pensar que, como previó García Margallo, el 3 de mayo decida Rajoy disolver las cámaras y convocar elecciones (como se sabe, el artículo 115.3 de la Constitución establece que “no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior”). Nadie sabe cómo estarán el país y los equilibrios políticos dentro de seis meses, pero de lo que no cabe duda es que un nuevo bloqueo parlamentario constituiría un gran fracaso, que sí pondría en riesgo la estabilidad y el futuro de este país.