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El PP valenciano mantiene a Barberá al entender que aún no está imputada

  • Ciudadanos condiciona su apoyo a Rajoy en una nueva investidura a que los populares expulsen a la senadora de su escaño una vez el Tribunal Supremo proceda contra ella

La dirección nacional del PP aún no ha tomado una decisión en el siempre espinoso asunto de Rita Barberá. Cuando a principios de 2016 estalló el 'caso Taula', el partido llegó a garantizar que, una vez fuese imputada, la exalcaldesa valenciana sería suspendida de militancia y tendría que abandonar el escaño en el Senado. Ese momento, sin embargo, todavía no ha llegado. Fuentes populares en Valencia recuerdan que, de momento, el Tribunal Supremo ha acordado abrir la causa por presunto blanqueo de capitales sin citar “formalmente” como “investigada” a la senadora. Aunque cabe pensar que será el siguiente paso.

El pulso entre la cúpula del PP y Barberá se ha mantenido vivo durante los últimos meses. Pero el vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado llegó a recordar el 25 de abril que el camino a seguir con la exregidora sería el mismo que con los concejales valencianos inmersos en la operación Taula: la imputación conllevaría la apertura de expediente y la suspensión en el partido. “Cualquier persona que haya hecho algo mal, lo va a pagar”, sentenció Casado.

Ahora, además, el PP ha suscrito el acuerdo de investidura con Ciudadanos que obliga a los populares a retirar de sus cargos públicos a todos los investigados por corrupción. De ahí que Albert Rivera haya recordado a sus socios cómo proceder si quieren contar con el apoyo de los 32 diputados del partido liberal en una próxima y eventual sesión en el Congreso. Si “en los próximos días” el Supremo imputa a Barberá, Mariano Rajoy tendrá que expulsar a la senadora. “Sería la demostración -ha incidido- de que el PP quiere buscar apoyos para la investidura”.

El primer miembro del Gobierno en pronunciarse ha sido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha subrayado que el PP "mantiene" el planteamiento de esperar a que haya apertura de juicio oral para pedir la "exigencia de responsabilidades políticas" como renunciar a su acta como senadora.

"Ser investigado, como denomina la ley de Enjuiciamiento Criminal, la primera fase de una actuación procesal penal, no es suficiente para llevar a cabo la exigencia de responsabilidades políticas; sino que debe ser la segunda fase, la de estar encausado, la apertura de juicio oral, cuando se puede exigir responsabilidades", ha enfatizado el ministro.