La denuncia del PP contra dos periodistas de Vocento «no tenía ni pies ni cabeza»

El fiscal de delitos económicos del TSJA en excedencia y abogado Íñigo Gorostiza lo explica con claridad: «En España hay un conflicto permanente entre dos derechos constitucionales, el del mantenimiento del ámbito de la intimidad y el derecho a publicar información veraz y relevante. En este caso es evidentísimo el interés público del asunto que publicó el periódico, y además todos los datos publicados son veraces». ¿Por qué es superior el derecho a la información que el del mantenimiento de la intimidad, en el caso de un político? «Porque, evidentemente, en democracia los ciudadanos tenemos que saber a quién votamos».

El magistrado jubilado Eduardo Serrano es tajante: «Si se sigue adelante con la denuncia, el resultado va a ser que la Fiscalía va a perder el tiempo». Serrano explica que los hechos de los que informó El Comercio sobre Medina «son verídicos e indiscutidos, y afectan a un personaje público, de modo que son de interés general. Quien asesora legalmente al señor González Medina lo está haciendo muy mal, y de paso está demostrando un gran despiste del PP regional y del PP nacional».

El catedrático Ramón Durán achaca la denuncia a «una completa torpeza de un político que pretende encausar a unos periodistas en el ejercicio legítimo de su profesión. Medina es un representante de los ciudadanos, y los periodistas son los ojos de la sociedad. La intimidad no existe desde el momento en que los hechos de los que se informa están recogidos en una sentencia judicial, que es pública».

Coincide el catedrático Leopoldo Tolivar en que «por sentido común, más que jurídico, la denuncia no tiene recorrido. El propio Medina ha desistido, y no tendría sentido que el fiscal persistiese en la defensa de unos derechos tan personalísimos como los que Medina invocaba, salvo que éste fuera menor de edad».

Similar opinión manifiesta el catedrático de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde, para quien la denuncia de Medina «no tiene ni pies ni cabeza». «En el caso de que hubiese que investigar a alguien, sería a quien reveló el secreto al periodista, pero el ordenamiento jurídico protege el secreto profesional del periodista sobre sus fuentes». Villaverde formula una suerte de test para determinar si una denuncia como la de Medina es procedente: «¿La noticia es veraz? Sí. ¿Afecta a un personaje público? También. ¿Es relevante? Sí».

Un posible sobreseimiento

El abogado penalista José Cabrejas pone la lupa sobre el juez instructor, que es «quien tiene potestad en esta fase procesal para decretar el sobreseimiento provisional de la causa aunque la Fiscalía mantenga la acusación», afirma. Y añade que «la otra posibilidad, y que conllevaría al archivo automático de la causa por parte del juez, es que una vez que ha desaparecido la acusación del querellante, el fiscal retire también su escrito de acusación». Puntualiza Cabrejas que «no es habitual en los procedimientos penales que un querellante abandone en esta fase procesal. Pero cuando ocurre, lo normal es que el abogado de los querellados negocie una salida con el fiscal para cerrar el procedimiento».

Un interesante matiz lo ofrece el secretario y portavoz nacional de Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, que también es titular de un juzgado de lo penal. Si de él dependiese, «hablaría con la Fiscalía. Raramente la Fiscalía retira su escrito de acusación en la fase intermedia aunque el querellante haya desistido», afirma. Y lo explica: «Para ello tiene que haber un hecho notorio que lo justifique (nuevas pruebas, etcétera) y el motivo aludido que el querellante dé marcha atrás no lo es».

Por ello, González Vega es partidario de «ir a juicio y jugar las bazas de la defensa», en el convencimiento de la preponderancia del derecho a la libertad de expresión y de prensa, siempre que se trate de hechos verídicos y relevantes, sobre cualquier otro en democracia. «De lo contrario -argumenta el juez-, un acuerdo con el fiscal, aunque sea con penas mínimas, supondría reconocer los hechos -que figuran en la denuncia- en contra de los periodistas».