El juez de los ERE procesa a Chaves y Griñán por prevaricación y malversación

El auto de procesamiento es tajante y estima que concurren elementos suficientes para sostener, siquiera indiciariamente, que conocían la ilicitud del sistema que estaban instaurando y, por tanto, no debe admitirse su aducida ignorancia que todos han defendido en sede judicial. Así, estima que todos son responsables de generar, implantar, mantener e impulsar entre los años 2000 y 2011, y desde el gobierno de la Junta de Andalucía y en el área de la Consejería de Empleo, un procedimiento específico que eludiendo los controles establecidos y a través de modificaciones ilegales de partidas presupuestarias, obtuvo fondos públicos y estableció el modo de gastar estos caudales públicos de manera arbitraria y discrecional.

«No hicieron nada para evitarlo»

De los 51 imputados, el juez ha decidido el sobreseimiento de las diligencias sobre 24 de ellos. En el caso de Griñán y los exconsejeros regionales Jose Antonio Viera Chacón, Antonio Fernández García, Francisco Vallejo Serrano, Carmen Martínez Aguayo, así como de 12 altos cargos de la administración andaluza el juez de refuerzo Álvaro Martín estima que hay indicios suficientes para imputar un delito continuado de prevaricación en concurso medial (como paso necesario para cometer otro delito) con un delito continuado de malversación de caudales públicos, caso de Griñán.

El auto recoge que esta imputación de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos se justifica porque son personas que desde el año 2005 conocían los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que advertían que el director general de Trabajo, Javier Guerrero, estaba otorgando ayudas de manera arbitraria, sin procedimiento, e incumpliendo las garantías y fines propios de las ayudas y subvenciones a las que se destinaban aquellas partidas, y no hicieron nada para evitarlo. La pena a la que se enfrentan según el Código Penal oscilaría entre los 4 a 8 años de cárcel.

Para el juez, no era posible desconocer los graves hechos que se ponían de relieve en el informe, de modo que quien decidió proseguir con la praxis instaurada lo hizo asumiendo todas sus consecuencias, es decir, sabiendo que los fondos públicos eran puestos en manos de persona no autorizada para disponer de ellos, que esta persona los repartía con total discrecionalidad o arbitrariedad, sin justificar los motivos de la concesión, sin controlar el destino de los fondos concedidos, asumiendo obligaciones de manera discrecional y comprometiendo con ello el erario de la Junta de Andalucía.

Fondos públicos

Así, el juez señala en el auto que se aprecia una pluralidad de autoridades o funcionarios que han venido a instaurar un procedimiento de reparto de fondos públicos, originalmente destinados a ayudas y subvenciones, que eran manejados por el director General de Trabajo de la Junta (Javier Guerrero) pese a no ser competente para ello hasta una disposición dictada en marzo de 2010. Hasta esa fecha, se valió de un sistema carente de las elementales exigencias de publicidad y control, sin atender a los fines propios para los que estos fondos estaban destinados, todo ello durante un periodo de más de diez años y sobre un importe superior a los 850 millones de euros.

Asimismo, el juez encausa por un delito continuado de prevaricación al expresidente Manuel Chaves y los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Alvarez, así como a otros cinco altos cargos, al considerar acreditado que estas personas disponían ilegalmente, y con conocimiento de ello, de fondos públicos. Les responsabiliza además de haber instaurado y mantenido un sistema para la concesión de ayudas y subvenciones contrario a derecho, así como para dotar de fondos al mismo de manera irregular. El auto recuerda que el delito de prevaricación no conlleva penas de cárcel pero sí la inhabilitación para empleo o cargo público durante 7, 10 o más de 10 años.