Suspenden el juicio por la muerte de un minero leonés en Cerredo en 2011

Imagen de archivo de la explotación de Cerredo.

El juicio fue retrasado al no darse traslado de la vista a la concursal e ignorar que la empresa se encuentra en concurso de acreedores

BELÉN G. HIDALGO

El juzgado de lo Penal número 3 de Oviedo suspendió el juicio previsto para la mañana de este miércoles contra nueve responsables y trabajadores de la explotación minera de Coto Minero Cantábrico en Cerredo, Degaña, por el accidente en el que falleció un minero leonés en agosto de 2011.

El juicio fue retrasado, según indicaron fuentes judiciales, por cuestiones formales de procedimiento al no darse traslado de la vista a la concursal e ignorar que la empresa se encuentra en concurso de acreedores. Por este motivo, queda pendiente un nuevo señalamiento.

El minero, Rafael Otero, tenía 35 años y era natural de Villaseca de Laciana. Falleció por asfixia en una zona sin ventilación en el interior de la mina poco después de haber entrado a trabajar, entre las 16 y las 17 horas del día del suceso. Su búsqueda se inició una vez finalizado el turno de trabajo, a las 22 horas, y su cuerpo no apareció hasta las 4.35 horas del día 2 de agosto.

La Fiscalía sostiene, en su escrito de acusación, que el accidente se produjo debido a «una total descoordinación entre toda la cadena de mandos y a una falta de conocimiento de sus correspondientes atribuciones». Añade que en la explotación no existía un plano de ventilación diaria y tampoco solape de turnos entre los vigilantes, «por lo que al no haberse señalizado la zona en el momento justo en el que se retiró la ventilación nadie se percató de su ausencia», lo que revela «una muy grave y deficiente organización del centro de trabajo».

Nueve acusados

Los acusados son el director responsable de la mina, dos ingenieros y tres vigilantes, para los que la Fiscalía solicita una pena de tres años de prisión por un delito contra la vida y la salud de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia grave. También están acusados un picador, un ayudante minero y el delegado de seguridad, para los que la Fiscalía pide 18 meses de prisión por homicidio por imprudencia grave, al no haber señalizado que la zona carecía de ventilación.

Además, el ministerio público pide que se indemnicen a la madre del fallecido con 100.000 euros y con otros 10.000 a cada uno de sus hermanos.

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