Suárez-Quiñones: «Las mineras no siempre han cumplido con la justicia de abandonar un territorio y dejarlo ordenado»

El consejero de Fomento de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones./A. Mingueza
El consejero de Fomento de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones. / A. Mingueza

El consejero de Fomento analiza la compra de los terrenos mineros de Ciñera coincidiendo con la petición de intervención que exigen los vecinos de La Camocha a Asturias

PABLO SUÁREZ

Es uno de los pesos pesados del Gobierno de Castilla y León y el principal responsable de la compra por parte de esa administración de las viviendas mineras de la localidad de Ciñera, donde una empresa minera, sumida en un concurso de acreedores, amenazaba con desalojar a los vecinos. Juan Carlos Suárez-Quiñones (León, 1961), fue quien dio con la solución que les permitió mantener sus casas. Una intervención que ahora los vecinos de La Camocha quieren reproducir en Asturias.

-¿Cómo fue la compra de las viviendas mineras de Ciñera?

-La Junta de Castilla y León es un gobierno comprometido con el carbón. Eso hace que nos preocupen todos sus ámbitos. Nos preocupa, por tanto, toda la reactivación de las cuencas mineras, las actividades de economías alternativas y los problemas sociales, que si bien no son competencia directa de la administración autonómica, sí que estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. En ese marco surgió que la Hullera Vasco-Leonesa entró en un concurso de acreedores que conllevó que el poblado de Ciñera, construido por la propia empresa, fuese puesto en venta pública. Ante el conocimiento de que su compra por parte de una entidad privada, con la lógica pretensión de obtener plusvalías en esa gestión, podría conllevar una consecuencia económica gravosa para los inquilinos, entramos en contacto con la administración concursal y a través de una empresa pública de la Junta decidimos adquirir el conjunto de viviendas.

-¿Qué conllevó esta adquisición?

-Sobre todo, un importante trabajo, dado que esas viviendas no estaban registradas ni tenían declaración de obra nueva. Eran una sola parcela. Eso implicó un gran trabajo para dar seguridad jurídica a cada vivienda.

-¿Cómo fue el reparto de las mismas?

-Lo que hicimos fue ir entregando las viviendas al estricto precio de adquisición más los gastos derivados de la formalización y registro a los ocupantes que disfrutaban de ellas. Con eso pretendimos dar tranquilidad y seguridad a todos los moradores y que tuviesen una propiedad segura sin las consecuencias que hubiera implicado la presencia de un intermediario con ánimo de lucro en la gestión.

-¿Corresponden este tipo de acciones a la función de una administración autonómica?

-Sí. No obstante, desconozco las circunstancias del caso asturiano y ya sabe usted que a veces las cosas no tienen por qué ser iguales. Nosotros lo que hicimos fue confluir la posibilidad administrativa con una voluntad firme de defensa del sector y de las familias de los mineros. Fue eso lo que nos llevó a esta actuación tan peculiar y que no tuvo otro fin más que el apoyo a las familias, quienes se han visto amparadas por la administración. Con un mínimo esfuerzo económico tienen una vivienda que les aporta una seguridad muy relevante.

-¿Es esta una manera de devolver todo lo que aportó la minería a la región?

-Es un compromiso con los ciudadanos. El concepto de devolver se le debería aplicar a las empresas que en su momento obtuvieron los rendimientos correspondientes a la explotación d e un recurso de la zona. La responsabilidad corresponde al sector y a las industrias del carbón, que deben hacer una transición ordenada, responsable y justa para aquellos trabajadores que se lo dieron todo durante tantos años.

-¿Considera que ha existido esa responsabilidad de la que habla?

-No. Respecto al enfoque de la minería privada, las empresas no siempre han cumplido con esa justicia de abandonar un territorio explotado durante mucho tiempo y dejarlo ordenado. En este tipo de casos, la administración pública debe intervenir para dar equidad, con las dificultades que suponen los proyectos administrativos y las competencias, que tampoco permiten actuar conforme a la voluntad por muy legítima que esta sea. En este caso de Ciñera pudieron confluir todos los intereses y estamos muy satisfechos de ello.

-¿Implicó un gran esfuerzo para la Junta a nivel económico?

-No. El resultado final es que se ha trasladado el coste a los propietarios de las viviendas. El esfuerzo fue de gestión, la decisión y la configuración de esta operación. El dinero se recuperó con el pago de los propietarios de las viviendas. No son viviendas que se hayan regalado. Lo que hemos hecho es una intervención sin ánimo de lucro evitando plusvalías. La operación no ha supuesto ningún perjuicio para la economía de la Junta.

-¿Es grande la diferencia entre el precio al que ofrecía las viviendas la administración concursal y el que terminó siendo el final de venta?

-Sí. Son viviendas sencillas de no un gran valor. Por los datos que teníamos, el precio al que las ofrecía la entidad privada podría duplicar en la mayoría de los casos el importe del valor real de la vivienda.

-La intervención supuso un gran ahorro para los vecinos.

-Sí, y sobre todo, la seguridad trasmitida de que la Administración está ahí para velar por sus intereses y la seguridad jurídica de que podrán trasladar esas propiedades a sus hijos.

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