El saqueo de las cuencas mineras entre PP y PSOE

Miguel Flecha. Diputado de Izquierda Unida
MIGUEL FLECHA. DIPUTADO DE IZQUIERDA UNIDA

El Partido Popular ha presentado una moción en el Pleno de la Diputación de León, celebrado el miércoles 31 de enero, de apoyo a las grandes compañías eléctricas para que sigan sin tener que invertir para adaptarse a los estándares de la Unión Europea. Pero la han querido vender como “apoyo al sector minero”. Ya sabemos a favor de quienes gobiernan.

La manipulación y la narrativa en esta moción que presentó el PP nos muestra una “realidad” desde los despachos que sólo comparten los dirigentes que nos han llevado a esta situación. Estamos hablando de aquellos partidos políticos y cargos públicos que ahora, en un intento de lavar caras y acudir a espacios de movilización como supuestos “salvadores”, tratan de utilizar políticamente el drama de tantas familias y todas nuestras cuencas.

Han sido las políticas del PP y del PSOE las que han llevado a la catástrofe al sector minero de nuestra provincia desde hace años. Son sus decisiones políticas las que permiten y facilitan que las centrales sigan quemando carbón de importación. Son PP y PSOE quienes escurren el bulto del despilfarro de los fondos de reconversión de las cuencas mineras, bloqueando el 30 de enero de 2018 la comisión de investigación de los fondos mineros propuesta por Unidos Podemos y Ciudadanos. Son sus políticas en el gobierno las que han dejado morir la investigación y el trabajo en la CIUDEN (Ciudad de la Energía), dedicada a la captura y almacenamiento de CO2. Si el dinero que se presupuestó en su momento para la CIUDEN se hubiera aportado realmente, probablemente tendríamos los medios (como ya los hay en otros países) para la captura de CO2, por lo que no habría hecho falta llevar esta propuesta al Parlamento.

Repetimos: la moción que el Partido Popular presentó en el pleno de la Diputación no es de apoyo al sector minero de la provincia para que se utilice carbón autóctono. Es una moción de apoyo a las compañías eléctricas para que sigan sin tener que invertir para adaptarse a los estándares de la Unión Europea. No podemos olvidar que el objetivo principal de las compañías eléctricas, desde que este sector fue privatizado por PSOE y PP, ha sido y sigue siendo el mayor beneficio económico de sus accionistas, en el menor período de tiempo y con una mínima inversión. Por eso no nos sorprende que cumplir con la Directiva Europea sobre emisiones y/o reducir las emisiones de CO2 no entre dentro de los planes de estas multinacionales, pues supondría grandes inversiones a corto plazo que no están dispuestas a realizar; inversiones que ha de aprobar el Consejo de Administración de estas empresas, y que como todos sabemos, se nutren de altos cargos de la administración, ex presidentes y ex ministros del PSOE y del PP, cuando dejan la política.

En este contexto se entiende por qué desde el Partido Popular a nivel nacional se ha instado a la Diputación de León a presentar esta moción. Para que paguemos entre todos su adaptación, exigida por la Unión Europea. Estas son las medidas políticas que propone el Partido Popular. Como decimos, ya sabemos a favor de quienes gobiernan. ¿Será por eso que sus dirigentes acaban en los consejos de administración de las grandes multinacionales a favor de las que legislan?

Las centrales eléctricas tuvieron 3.687 millones de euros de beneficios en 2016, de los que sólo 210 (el 5,7%) fueron a Hacienda, según la información proporcionada por las propias compañías a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El informe del Observatorio de la Sostenibilidad es claro y contundente: “las principales empresas eléctricas españolas duplican en beneficios a las europeas, mientras el consumidor paga los precios más altos de Europa y, a la vez, son las empresas que más CO2 emiten”.

Por otra parte, nos sorprende esta ambigüedad y este cambio de criterio cuando tantas y tantas veces han rechazado propuestas del resto de partidos políticos en pro de las comarcas mineras y de la reindustrialización de estas zonas tan afectadas por las decisiones que el Partido Popular ha tomado en los últimos años.

En el Grupo Coalición en Común-IU defendemos los objetivos en el proceso de negociación del paquete de medidas legislativas Energía limpia para todos los europeos. Es evidente que nos encontramos en una época de transición, en la que nuestro deber ecológico es apoyar los objetivos nacionales del 40% del uso de energías renovables y el 40% de ahorro en eficiencia energética para el año 2030, y debemos defender el carbón autóctono durante todo este período. Éste es nuestro presente.

Izquierda Unida, y el Grupo Coalición en Común, tienen clara su posición en defensa del carbón en esta provincia, como la han tenido siempre, y por ello nuestras propuestas han sido y serán:

-Nacionalizar el sector (empezando por la Central Térmica de Compostilla, propiedad del Grupo Enel, y que controla Endesa), adaptarlas a las exigencias de emisiones y utilizar el carbón autóctono, reduciendo de esta manera el precio de la energía y entrando a competir en el mercado con un Kw a valor de producción.

-Establecer un arancel a la importación de carbón extranjero.

-Reducir las ayudas al carbón de importación (como también solicitó la ex ministra del PSOE Cristina Narbona), lo que favorecería el consumo de carbón autóctono.

Es de todo punto justificado aplicar el artículo 128 en su apartado 2 de la Constitución, que permite esta intervención, como única solución a la crisis actual en las zonas mineras de nuestra provincia y por la defensa del empleo público y estable. La Carta Magna sostiene que "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" y la Constitución reconoce "la iniciativa pública en la actividad económica". "Mediante ley –señala la máxima normativa- se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general".

La privatización del PSOE y el PP del sector energético público, por una parte; el desmantelamiento de la minería y el despilfarro del dinero público en ayudas y subvenciones que no se sabe dónde han ido a parar; el dejar morir de inanición la planta de captura de CO2 más avanzada de Europa, la CIUDEN, llamada a ser un puntal en la lucha contra el cambio climático, que agoniza en Ponferrada por falta de inversión y proyectos a desarrollar, por otra parte; el anuncio del posible cierre de Compostilla, ahora bajo el chantaje de que se den más ayudas a la multinacional extranjera propietaria para solucionar sus emisiones de CO2, parece que no son hechos aislados e inconexos, como suele alegar el PP ante sus “continuos hechos aislados de corrupción”, sino que responde a un desmantelamiento sistemático y controlado del sector energético de este país por parte de PP y PSOE y la generación de una dependencia de fuentes de energía exteriores que generarán una economía y un desarrollo aún más dependiente de nuestro país.

Reiteramos nuestro apoyo al sector minero y a todos los trabajadores y las trabajadoras de nuestras cuencas. Las empresas eléctricas han decidido según sus intereses económicos adaptar algunas centrales, como la de As Pontes, y no adaptar otras, como las de Compostilla, Lada y Velilla. Desde Coalición en Común-Izquierda Unida defendemos que no se puede estar a los vaivenes e intereses económicos de las empresas privadas. La energía es un sector fundamental y básico en esta sociedad y debemos avanzar hacia la necesaria reforma y nacionalización de todo el sector energético estratégico español, y ahora tenemos la oportunidad de exigir esta medida como solución.

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