Rebajan en seis meses la condena a Victorino Alonso por la destrucción de la cueva Chaves y evitan su ingreso en prisión

Victorino Alonso, durante la celebración del juicio. /Heraldo de Aragón
Victorino Alonso, durante la celebración del juicio. / Heraldo de Aragón

La Audiencia Provincial de Huesca confirma la condena del ‘rey del carbón’ por un delito contra el patrimonio histórico y le multa a pagar 25 millones de euros

LEONOTICIAS

Victorino Alonso, el ‘rey del carbón’, tendrá que hacer frente a una multa de 25,5 millones de euros como culpable de los destrozos de la Cueva de Chaves en Huesca, un yacimiento neolítico situado en un paraje de Casbas (Huesca) para instalar comederos y abrevaderos de cabras en su finca de caza.

Es la sentencia firme de la Audiencia de Huesca que ha hecho pública El País y en la que se condena al empresario minero finalmente a una pena de prisión de dos años después de que se hayan estimado la atenuante de dilaciones indebidas y se haya reducido la pena en seis meses.

La sentencia, recogida en su día por leonoticias, asegura que «que teniendo en cuenta que la Cueva de Chaves era posiblemente uno de los dos yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica, resulta censurable e inexplicable que la cueva no contara con una protección específica, es decir, que no existiera una resolución que la declarara expresamente como Bien de Interés Cultural».

Igualmente la sentencia, que admite recurso, condena a Victorino Alonso García por ser el autor «penalmente responsable de un delito sobre el patrimonio histórico, previsto y penado en el artículo 323 del Código Penal conforme a la redacción anterior a la LO 1/15, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a las penas de dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación especial para el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de condena, debiendo indemnizar a la DGA en la cantidad de 25.490.805 euros, cantidad de la que responderá subsidiariamente la empresa Fimbas S.A y debiendo satisfacer las costas de este proceso, quedando absuelto del delito contra el medio ambiente que se le imputaba».

Alonso culpa al Gobierno de Aragón

Durante la vista oral, el empresario minero, que fue abucheado a su llegada a las dependencias judiciales, se mostró tranquilo durante toda su declaración en la que, según ya hizo durante la fase instructora, señaló que no era administradro ni de Fimbas ni de Ferpi, empresa que gestionaba el coto donde se ubicaba el yacimiento y la que realizó las obras, respectivamente.

En ambas sociedades, según remarcó, tenía participación mayoritaria pero en ningún caso se encargaba de la gestión, limitándose a acudir al coto para cazar. Es más, Alonso aseguró que no tenía conocimiento de la existencia de un yacimiento y lamentó su destrucción, remarcando que durante estos años ha mostrado su interés sobre los daños que allí se hubiera ocasionado.

En cualquier caso, el empresario apuntó directamente al Gobierno de Aragón así como al director de la excavación, ya fallecido, como culpables de la destrucción de este yacimiento. Uno, por no señalizar debidamente la zona; el segundo, por plantear la necesidad de que se limpiase esa zona.

Destrucción del yacimiento

Ya han pasado ocho años desde que se conociera la destrucción de este yacimiento neolítico, considerado como uno de los dos más importantes de la península ibérica, tras la intervención de dos empresas del grupo del empresario minero Victorino Alonso, principal imputado de este grave atentado contra el patrimonio.

A comienzos de 2009, tras la visita de Vicente Baldellou —director de las excavaciones arqueológicas que se venían desarrollando durante más de 30 años en el interior de la cueva— se hizo público que había sido arrasado todo el nivel neolítico (y parte del paleolítico) por maquinaria pesada.

La cueva de Chaves era, junto a la Cova de l'Or de Alicante, el más importante yacimiento neolítico de la península ibérica. Teniendo en cuenta que aún faltaba por estudiar más del 90% de su espacio, el daño causado es incalculable y supone un atentado contra el patrimonio histórico de primer orden.

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