Podemos pide al Gobierno que se pronuncie sobre las ayudas ilegales a centrales térmicas

Central térmica de Anllares./
Central térmica de Anllares.

Ana Marcello ha presentado una batería de preguntas en el Congreso en la que exige al Ejecutivo un posicionamiento para «proceder a la devolución de las ayudas ilegales»

LEONOTICIAS

La diputada leonesa en el Congreso por Podemos, Ana Marcello, ha presentado una batería de preguntas en relación a las subvenciones recibidas por las térmicas de carbón que, en España, «no produjeron ningún efecto incentivador».

«El motivo es que los límites de emisión que se imponían a los beneficiarios coincidían con las normas medioambientales de la UE; es decir no había ningún valor añadido. La ayuda se otorgaba simplemente por cumplir la ley y no por hacer un verdadero esfuerzo a una reducción de emisiones contaminantes», afirma.

Las normas europeas impiden ese comportamiento, señala Marcello, contrario al principio de «quien contamina, paga». «Amortiguar esos pagos con dinero público representa una ventaja competitiva desleal respecto a las empresas que están obligadas a cumplir la normativa sin ninguna ayuda», asegura.

Por ello, Marcello propone identificar a las «centrales beneficiarias y el desglose de los importes concedidos por el Gobierno para subvencionar a las centrales de carbón desde 2007 hasta 2017».

Podemos también exige la determinación del sistema de incentivos para apoyar la instalación de nuevos filtros de óxido de azufre y el parámetro de cálculo para la asignación y «determinar los límites de emisión que establecía la Comisión Europea en el período referido (2007 a 2017) y señalar los límites de emisión impuestos a las centrales de carbón beneficiadas por el Gobierno en el mismo período».

Marcello también realiza dos peticiones al Gobierno: que se pronuncie sobre la sanción ante la posible ilegalidad en la asignación de estos incentivos y que haga públicas las medidas que adoptará en caso de que resulte condenado por la Comisión Europea, para que se pueda ejercer el derecho de repetición contra las centrales beneficiarias y «así proceder a la devolución de los incentivos ilegalmente percibidos».

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