El fiscal solicita archivar la causa contra el delegado minero imputado por el accidente del pozo Emilio

Los familiares de los mineros del Pozo Emilio colocan un cartel en los Juzgados de León. / leonoticias

La Fiscalía entiende que no tenía la posibilidad alguna de disponer y organizar los medios productivos, la actividad laboral y la seguridad en el trabajo

A. CUBILLASLeón

El Ministerio Fiscal ha solicitad el sobreseimiento provisional de la causa contra Alberto Fernández Díez, delegado minero de la Hullera Vasco Leonesa, investigado por el accidente del pozo Emilio en el que fallecieron seis mineros el 28 de octubre de 2013.

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El fiscal entiende que la imputación no está debidamente justificada dado que su cargo era elegido a votación por los trabajadores de la explotación y no estaba integrado en la dirección técnica ni en la estructura preventiva o de seguridad de la empresa.

Es más, continúa el fiscal, como representante de los trabajadores no tenía la posibilidad alguna de disponer y organizar los medios productivos, la actividad laboral y la seguridad en el trabajo, limitándose su función a la comprobación personal de las quejas de los trabajadores.

Por todo ello, carece de facultad para adoptar cualquier tipo de decisión en materia de seguridad o para proporcionar los medios de seguridad, sin exigirle para ocupar dicho cargo ningún tipo de formación en prevención y riesgos laborales.

Además, la Fiscalía señala que aunque hubiese solicitado la paralización del tajo, su petición no tiene carácter decisorio y remarca que no hay indicios suficientes de que el delegado minero tuviese una intervención directa en las labores que durante los que tuvieron lugar el accidente.

Recurso de la defensa

Precisamente y según publicó este diario, el delegado minero solicitó a través de un recurso que se archivase su causa dado que su clienta no formaba parte del servicio de prevención de Riesgos Laborales ni del de Seguridad Minera.

El letrado, que remarca que su cliente no falleció el día del accidente dado que Roberto Álvarez, una de las seis víctimas, le suplantó, recuerda que el delegado minero no tiene la posibilidad de disponer y organizador los medios productivos, la actividad laboral, la seguridad de trabajo y, mucho menos, variar la forma de explotación.

Es más, incide en que la paralización de la actividad es una posibilidad atribuida al comité de Seguridad e Higiene, subsidiaria del deber de la empresa, sin que el delegado minero tenga voto alguno en ese órgano.

Por ello, el letrado entendía necesario acordar el sobreseimiento de la causa contra Alberto Fernández al entender que no existe ningún indicio que sustenten el procesamiento, “estando imputado entre una terna de personas, todas con responsabilidad en la propia empresa a diferencia de mi representado”.

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