El cierre anticipado de las centrales térmicas de carbón en 2030 obligaría a invertir 3.800 millones en centrales de respaldo

En este escenario de reducción de emisiones en los objetivo fijados -entre el 80% y el 95% respecto a los niveles de 1990-, la tarifa eléctrica en 2030 sería un 30-35% inferior a la tarifa media actual, cayendo a los 85-90 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 130 euros/MWh de 2015, mientras que para 2050 dicha reducción llegaría hasta el 50-55%, con precios de 60-65 euros/MWh, según el estudio.

Para la consultora, esta caída en la tarifa se basaría en el crecimiento de la demanda eléctrica, que permitiría diluir los costes entre un mayor volumen de energía, a pesar del esfuerzo inversor a realizar durante el período, así como en la desaparición antes de los importes a dedicar a la financiación del déficit tarifario y de los incentivos a las plantas de generación renovable del antiguo régimen especial.

Durante la presentación del informe, Alberto Amores, socio monitor de Deloitte, destacó que este proceso de descarbonización "no es una obligación sólo de las empresas o de la Administración, los hogares también tienen que contribuir, dado que la edificación -residencial y de servicios- supone una parte muy importante del consumo energético y de las emisiones del país".

Además, el informe plantea cambios en la tarifa eléctrica, como la eliminación de costes no relacionados con el suministro eléctrico -tasas e impuestos- o una mayor adaptación del coste a las franjas horarias, lo que permitiría que España dejara de ser el séptimo país con la factura de la luz más cara de Europa.

En lo que respecta al 'mix' energético, Deloitte ve necesario mantener en funcionamiento las plantas de generación de energía convencionales (térmicas convencionales y nucleares) a medio plazo para asegurar una transición energía eficiente, ya que su cierre anticipado obligaría a inversiones de 6.800 millones de euros.

A este respecto, el informe subraya que para conseguir los objetivos de descarbonización en el horizonte de 2030 es importante mantener abiertas todas las opciones de generación de energía, sobre todo debido a la incertidumbre que plantea el desarrollo de tecnologías de almacenamiento a gran escala.

Así, Deloitte calcula que si en 2030 no hubiera plantas de respaldo térmico convencional, se necesitaría una inversión en almacenamiento de entre 10 y 30 billones de euros, "una cifra obscena" que representa un coste inasumible para el consumidor eléctrico, señaló Amores.

De esta manera, en escenarios de alta electrificación, el previsible cierre de todas las plantas de carbón nacional en 2020 obligaría a construir nuevas centrales térmicas en el horizonte de 2025, con un coste de 800 millones de euros.

En estos mismos escenarios, el cierre de las centrales de carbón importado en 2030 conllevaría un coste de 3.000 millones en nuevas centrales de respaldo, mientras que la no extensión de la vida operativa de las centrales nucleares supondría una inversión adicional de 3.000 millones de euros.

En su informe, la consultora establece cuatro escenarios diferentes para los próximos años, entre los que destacan el de alta eficiencia eléctrica -el único que permite cumplir con los objetivos de descarbonización y que considera una electrificación muy alta de la economía y actuaciones muy intensas en eficiencia energética- y el escenario continuista -se sigue más o menos como hasta ahora en cuanto al peso de los productos petrolíferos y en el resto de actuaciones de eficiencia energética.

En todos los escenarios, el gas natural tiene un peso creciente durante la transición. El escenario de alta eficiencia eléctrica es además el único que puede hacer frente a los objetivos más ambiciosos de reducción de CO2 que ya está planteando Europa.

En lo que se refiere a las inversiones, estima que serán necesarios un total de 510.000 millones de euros entre 2017 y 2050, en el escenario de descarbonización, para poner en marcha las medidas que permitan la electrificación de la demanda y la eficiencia energética en la edificación.

De esta cifra, la mayor parte se destinaría a la rehabilitación de edificios y medidas de eficiencia energética (110.000 millones) o la puesta en marcha de centrales de energía renovable (105.000 millones).

También habría importantes partidas para el cambio modal del transporte de mercancías al ferrocarril y apoyo a la compra de coches eléctricos (45.000 millones), el desarrollo de redes de transporte y distribución de electricidad (40.000 millones) y las medidas de eficiencia en la industria (10.000 millones).

Este escenario descarbonizado, además de cumplir con los objetivos medioambientales, supone un ahorro de 380.000 millones de euros a largo plazo en importaciones de combustibles fósiles y dinamiza la actividad económica, al cambiar el gasto en hidrocarburos por una mayor inversión.