Castilla y León, Aragón y Asturias exigen la quema del carbón hasta el 2030 para garantizar la seguridad eléctrica de España

Cumbre de presidentes de Castilla y León, Asturias, Galicia y Aragón. / Campillo

Las tres comunidades carboníferas instan al Gobierno a crear un Pacto de Estado por la Energía, que aúna la lucha contra el cambio climático con una transición energética progresiva y equilibrada, considerando los impactos socioeconómicos de las cuencas, el consumidor final y la industria

A. CUBILLASLeón

El carbón ha servido de nexo de unión de Castilla y León, Asturias y Aragón, principales zonas carboníferas de España, que este lunes han reforzado alianzas ante la “extrema gravedad” que atraviesan sus económicas como consecuencia de los procesos de reestructuración del carbón y del sector de la generación eléctrica

Un problema compartido que ha unido este lunes a sus tres presidentes para cerrar filas ante la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Energía que establezca un objetivo de mix energético en el que, aun con mayor presencia de renovables, debe ser irrenunciable la presencia del carbón.

Una necesidad que Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Javier Fernández (Asturias) y Francisco Javier Lambán (Aragón) han plasmado en una declaración conjunta en la que los tres mandatarios defienden la lucha contra el cambio climático como un objetivo “irrenunciable” pero que, en ningún caso, debe ser incompatible con una transición energético ordenada.

“Nos parce justo y correcto que el Gobierno intente aunar dos conceptos como son la lucha contra el cambio climático pero también considere los impactos socioeconómicos de las zonas cuya vida depende del aprovechamiento de sus recursos. Es necesario llevar a cabo una transición energética progresiva y equilibrada y nunca traumática”, remarcó Herrera, que incidió en que ese objetivo luchará las tres comunidad.

El carbón, imprescindible

De ahí la necesidad, continuó, de establecer un procedimiento de despacho preferente paras las térmicas que utilicen carbón autóctono, garantizando su presencia en el mix energético, recordando que fue la energía hecha con carbón la que sostuvo durante meses las capacidades energéticas de España en el 2017.

Un punto en el que incidió Lambán, que remarcó la “imperativa necesidad” de que se garantice un hueco térmico para el carbón para “conseguir una generación eléctrica barata, asumible y, sobre todo, segura. Algo que sería imposible con una interrupción brutal del carbón, con las repercusiones que ello tendría en el precio final del consumidor y el efecto sobre la industria”.

Por ello, las tres comunidades han reivindicado un escenario de estabilidad a largo plazo de contratos de suministro entre eléctricas y mineras. Y, en este contexto, juegan un papel imprescindible las centrales térmicas de carbón cuya viabilidad debe estar garantizada incluso sin carbón nacional.

Así lo remarcó el presidente asturiano Javier Fernández, que advirtió de que la clausura precipitada de las centrales podría elevar el precio de la electricidad, lo que disminuirá la competitividad de la industria. “No somos negacionistas, somos partidarios de las energías renovables pero hay que ser conscientes que ninguna de ellas son gestionables. No podemos gestionar ni la lluvia ni el viento”.

Hasta el 2030

De ahí la necesidad de que continúen operativas al menos hasta el 2030, poniendo veto a que las decisiones empresariales tengan cabida en una cuestión que afecta a la competitividad económica de España. “La política energética debe garantizar el suministro, mantener precios asequibles y garantizar la sostenibilidad medioambiental. Por ello entendemos que no deben ser las empresas cuando se cierra las térmicas, debe ser regulado”, remarcó Fernández.

Línea en la que coincidió Herrera, que mostró su apoyo al Gobierno y, más en concreto, al ministro de Energía en el endurecimiento de las exigencias de la normativa sobre el cierre de las térmicas, más cuando la decisión afecta a la garantía de suministros.

Un acuerdo marco por el solicitan una fórmula que permita dar flexibilidad a las empresas para la devolución de las ayudas más allá del 2018, la revitalización de las investigaciones en torno a las tecnologías limpias de carbón así como la búsqueda de alternativas tecnológicos e industriales en térmicos de actividad económicas y empleo para las cuencas mineras.

Tres comunidades, una misma problemática y una acción conjunta que, según han remarcado, responde al interés general de todo un país.

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