La administración concursal de Astur Leonesa solicita al juzgado de Oviedo la liquidación de la compañía minera

Trabajadores de AsturLeonesa, durante una protesta./
Trabajadores de AsturLeonesa, durante una protesta.

Se abre un plazo de alegaciones de diez días tras el cual el juez decidirá si decreta el cese de actividad

ICAL

Los administradores concursales de la Compañía Minera Astur Leonesa solicitaron formalmente al juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo que apruebe la liquidación de la empresa después de que haya expirado el plazo para que el propietario de la compañía, Rodolfo Cachero, presentara el aval de cuatro millones de euros que le solicitaban para hacerse de nuevo con las riendas de la compañía.

Según explicó el presidente del comité de empresa, Pablo Ménguez, se abre ahora un plazo de diez días para presentar alegaciones, al término del cuál el juez deberá decidir si decreta el cese de actividad de la empresa minera.

En tal caso, los cerca de 200 empleados que operan en el pozo asturiano de Cerredo se verían abocados a un expediente de regulación de empleo (ERE) de extinción, aunque los representantes de los trabajadores mantienen la esperanza de que pueda haber continuidad para la compañía y que el ERE aprobado sea de suspensión. «A ver lo que pasa», resumió Ménguez, que adelantó que la resolución se retrasará hasta primeros de abril debido a la celebración de la Semana Santa.

En ese sentido, lamentó que en la actual situación «nadie se atreve a meterse en medio» y recordó que «Astur Leonesa sigue siendo propiedad de Rodolfo Cachero, mediada por un administrador concursal». Al respecto, Ménguez aseguró no haber recibido noticias del empresario durante el periodo en que el juez le autorizó a presentar el aval para recuperar el control de la compañía.

En cualquier caso, la plantilla, a la que aún se adeuda la paga extra de Santa Bárbara del año pasado, así como las nóminas correspondientes a enero y febrero de este año más la mitad de la de diciembre del año pasado, confía en poder recibir «ofertas» por parte de algún otro empresario para poder mantener la actividad en los tajos una vez que se presente el plan de liquidación solicitado por los actuales administradores concursales.

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