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Un testigo acusa a la Junta de «compicharse» con Victorino Alonso para extraer carbón del Feixolín

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Juicio contra el exjefe del servicio de Industria de la Junta.

  • El vecino de Villablino que emprendió la batalla legal contra el empresario minero asegura que el exdirector del servicio territorial de Industria, que se enfrenta a cuatro años de cárcel, protegia al empreario que extraía 2.000 toneladas al día con 5.000 kilos de dinamita |

  • El acusado remarca que MSP tenía todos los permisos, que era necesaria la extracción del carbón para evitar cualquier peligro y recuerda que no tenía potestad para cerrar ninguna explotación

El ‘caso Feixolín’ vuelve al juzgado. En esta ocasión, a la Audiencia Provincia de León y con Emilio Fernández Tuñón, el que fuera responsable del servicio territorial de Industria de Castilla y León como único acusado por un delito de prevaricación medioambiental por permitir a la antigua MSP la explotación del cielo abierto sin las pertinentes licencias medioambientales.

Hechos que ha negado el acusado que ha advertido que MSP “gozaba” de todas las autorizaciones pertinentes para proceder a la explotación, remarcando además que fue en 1986, con posterioridad a su llegada al cargo, cuando se autorizó la ejecución del proyecto de explotación y restauración, fecha en la que no era necesario la declaración de impacto ambiental.

En cualquier caso, ha dirigido su defensa sosteniendo que fue el Ayuntamiento de Villablino el que por silencio administrativo concedió la licencia, siendo, en cualquier caso, una competencia de Medio Ambiente y no del servicio territorial de Industria.

A preguntas de la Fiscalía, Tuñón aseguró que los daños causados por la explotación del Feixolín “eran los que podría haber en cualquier explotación similar” sin que tener constancia de daños excepcionales en el Medio Ambiente que motivará la emisión de una resolución de paralización.

En cualquier caso, ha insistido que sólo desde el Ministerio de Industria o, en su defecto, desde la Consejería se podría ordenar el cierre de una explotación. “Ni antes ni durante ni después se produjo una circunstancia excepcional en el Feixolín”, remarcó el acusado, que se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión y la inhabilitación de empleo durante 15 años.

Sobre la extracción de carbón durante las labores de restauración que arrancaron en el 2004, Tuñón aseguró que fue una decisión que él mimos determinó para evitar su combustión y, en consecuencia, posibles peligros en esa zona.

«Mafia organizada»

Sin embargo, Antonio Arias Tronco, el vecino de Villablino que fue el primero en denunciar las irregularidades en la explotación minera, ha acusado a Tuñón de pertenecer a la “mafia organizada que desde la Junta protegía los intereses de Victorino Alonso, con el que estaba compinchada".

Tronco, que denunció haber sido víctima de amenazas, aseguró que la Junta era conocedora de que Alonso no sólo continuó con la explotación sino que amplió su producción a partir del 2004 con la excusa de la restauración. Es más, ha advertido que cada día se utilizaban 5.000 kilos de dinamita para extraer 2.000 toneladas de carbón.

“Estamos ante un caso en el que los funcionarios usaban las leyes en su beneficio y el del empresario para llevar a cabo una explotación ilegal”, señaló el vecino, que además señaló directamente a Luis Aznar y Eduardo Fernández, exdelegados de la Junta, también estaban al tanto de todo. “Victorino estaba protegido por estos señores porque la realidad es que la MSP actuaba bajo el beneplácito de la Junta”.

Por su parte, el letrado de la Junta de Castilla y León ha dirigido su defensa a resaltar los beneficios que ha supuesto en el entorno la restauración del Feixolín llevada a cabo en el 2014 y que ha permitido, según varios expertos, “un salto cualitativa de la zona”.

Antecedentes

Hay que recordar que fue en 2009 cuando el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obligó a la administración autonómica para adoptar la clausura definitiva de la actividad minera del Feixolín, a pesar de que fue en 2004 cuando se aprobó el plan de cierre y cese de labores, y proceder a su restauración.

Antonio Arias Tronco denunció ante los tribunales la actuación de la empresa minera y ya en 1995 consiguió que el TSJCyL dictaminara la ilegalidad de la explotación, al carecer de licencia ambiental y urbanística y estar actuando únicamente con un permiso de minas. Sin embargo, la empresa consiguió aplazar el cumplimiento de la sentencia y realmente contaba con el permiso para seguir sacando carbón hasta agotar casi todo el yacimiento.

Precisamente, varios peritos y agentes de la Guardia Civil certificaron en el procedimiento judicial contra Victorino Alonso que el empresario continuó explotando el Feixolín, siendo cantidades muy superiores a las que se podrían necesitar para llevar a cabo una restauración.

Finalmente, Alonso fue absuelto por el delito de desobediencia a la autoridad del que estaba acusado al entender que no estaba acreditado que la extracción del carbón realizada por la antigua MSP fuera consecuencia necesaria de las labores de restauración y cierre de la mina, existiendo una duda sobre el incumplimiento de la resolución del servicio territorial de Industria.