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La Junta busca ganar tiempo para evitar la extinción de la plantilla de la Vasco el 1 de agosto a la espera de Industria

Del Olmo traslada el compromiso de, dentro de la legalidad, buscar una prórroga para mantener el empleo hasta que el Gobierno libere las ayudas al cierre | El comité negocia este viernes la última negociación del ERE

A. Cubillas

Viernes, 22 de julio 2016, 12:16

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La Junta de Castilla y León intentará ganar tiempo para evitar la extinción el 31 de julio de los contratos de la Hullera Vasco Leonesa. Al menos fue el compromiso que en la tarde de este jueves trasladó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, a los representantes del comité de empresa.

En una reunión solicitada por la parte social y en la que participaron además el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñonez, y el secretario regional de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, Del Olmo trasladó el compromiso firme de la Junta para intentar buscar una prórroga para mantener los contratos a partir del 1 de agosto.

El objetivo, ganar tiempo, siempre bajo el marco de la legalidad, mientras se busca una solución definitiva y el Ministerio de Industria libere las ayudas para proceder al cierre ordenado de la unidad de producción de interior de la Hullera Vasco Leonesa.

El tiempo corre en contra

Y es que tiempo es precisamente lo que no tienen los trabajadores de la Vasco. Los administradores ya han advertido de que hará entrega de las llaves a la Junta de Castilla y León en caso de que Industria no haga efectivo el pago de las ayudas al cierre antes de que el juez firme el auto del ERE, previsiblemente en la primera quincena de agosto.

Un compromiso que abre un nuevo escenario para la plantilla de la minera que afronta este viernes la última reunión del periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo que contempla la extinción, inicialmente, de unos 90 trabajadores.

Precisamente, la previsión del administrador concursal es emplear en torno al centenar de mineros para llevar a cabo las labores de cierre de la unidad de interior que, de no ser así, no sólo supondrá la extinción de los empleos sino que se traduciría en graves riesgos medioambientales y para la población próxima a la explotación.

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