Ricardo González Mantero «nos presionaba» para permitir el acceso de socios locales al accionariado de los parques eólicos

Ricardo González, durante la jornada que declaró en el Juzgado de Valladolid. / R. Valtero

Responsables dela promotora eólica Ider y de Cannon Power aseguran ante el Juzgado que sus interlocutores en la Junta fueron Ricardo González Mantero y su mano derecha, Tomás Ciria

ICAL

Miguel Francisco de Asis Álvarez de Toledo, consejero de la promotora eólica Ider apuntó este viernes al director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, como el alto cargo de la Consejería de Economía que le presionó para vender parte del accionariado de la sociedad y permitir la entrada de un grupo local.

Álvarez de Toledo, que declaró como testigo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Valladolid que investiga el pago de comisiones superiores a los 80 millones a cambio de autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León, también apuntó que fue González Mantero el que le entregó personalmente un listado cerrado de los posibles socios, según confirmaron a la Agencia Ical fuentes jurídicas.

En la sesión de este viernes, y también en calidad de testigos, pasaron por los juzgados de la calle Angustias los hermanos Álvaro y Ricardo Fuster, responsables de Cannon Power España, sociedad que vendió proyectos ya autorizados para la construcción de parques eólicos en Castilla y León.

Ambos reconocieron que la entrada de socios locales en el capital de las promotoras eólicas era una práctica habitual en otras comunidades autónomas, y también reseñaron que sus interlocutores en la Junta fueron el entonces director de Ente Regional de Energía de Castilla y León (EREN), González Mantero, y Tomás Ciria, responsable del área eólica.

En este sentido, y a pesar de que otros imputados y testigos han señalado que la entrada de socios locales era una recomendación no escrita que también hacían otros gobiernos autonómicos, el abogado de Ecologistas en Acción, Emilio Martínez, colectivo que ejerce la acusación popular, aseguró que se trata de una práctica que no está amparada ni por la legislación nacional ni por la normativa de la Comunidad. “Estamos ante una clara manipulación de la libertad de mercado que no se puede justificar alegando el retorno de beneficios a la región”, aseveró.

Además, Martínez explicó que los testigos que declararon también dejaron claro que la Consejería de Economía disponía de una lista cerrada de socios locales sin los que las promotoras no tenían posibilidades de que sus solicitudes fueran aprobadas.

Segunda declaración

Por segunda vez desde que comenzaran los interrogatorios, también declaró Tomás Ciria, responsable del área de energía eólica de la Junta y mano derecha de González Mantero, que además de contradecir la versión ofrecida por los hermanos Fuster, reconoció que no se sentía incómodo recomendando a las promotoras que abrieran su accionariado a empresas locales, ya que en todo momento obedecía órdenes de sus superiores.

Además, durante la media hora que prestó declaración, también hizo referencia a unas declaraciones del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, en las que argumentaba la conveniencia de que las empresas de la Comunidad también participaran en el desarrollo del negocio de la energía eólica.

Las declaraciones se retomarán después del verano. El día 20 de septiembre está previsto que pasen por el juzgado como investigados Rafael Icaza de la Sota, Pedro Barriuso y Xabier Viteri, mientras que una semana después será el turno de Eduardo Merigó, José Pérez y Andrés Martín Paz, también en calidad de imputados.

Fotos