Reclaman la dedicación exclusiva en Sanidad para evitar casos de suplantación como el de la Clínica Otazú

Imagen de la placa identificativa del inmueble. /
Imagen de la placa identificativa del inmueble.

La plataforma social en Defensa de la Sanidad denuncia la dejadez y desidia de la Junta como única culpable de casos de falsificación de documento público

LEONOTICIAS

La Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública de León ha denunciado la dejadez y desidia de la administración como la única responsable de casos como la suplantación de identidad y falsificación de documento público presentado por un anestesista de la Clínica Otazú y que el Juzgado nº1 de Instrucción ha reabierto.

Reiteradamente, según señala a través de un comunicado, la plataforma ha denunciado el incumplimiento por parte de Sacyl de la vigente Ley de Incompatibilidades para el personal sanitario, especialmente para el caso de algunos especialistas de Hospital y otras categorías profesionales.

Entendiendo, continúa, que la doble dedicación pública-privada, actualmente desregulada y permisiva, es uno de los mayores “vicios estructurales que asedia a la sanidad pública, siendo ella además la responsable del incremento de las listas de espera, así como de pérdida de la calidad asistencial y quiebra de la igualdad en el acceso al sistema sanitario”.

En este sentido, denuncian que el trato de favor para pruebas diagnósticas o acceso a determinadas intervenciones y actuaciones clínicas que en algunas ocasiones se dispensa a “clientes preferenciales” por parte de algunos profesionales de la sanidad pública que mantienen en su consulta privada a esos grupos preferenciales, deviene en un “enlentecimiento, retraso y adulteración de lo que debe ser la igualdad de condiciones y de acceso a la sanidad pública del resto de los pacientes que, precisando atención en esa misma especialidad, no tienen la suerte de estar entre el grupo de esos mencionados clientes privados”.

La Junta, la «única culpable»

En cualquier caso, remarcan que ello no debe generalizarse para todos los profesionales que mantienen la doble dedicación, pues la mayoría de esos profesionales se ajustan fielmente a lo que dicta la ley de incompatibilidades para todo empleado público.

Pero desde la plataforma entienden que sólo la exigencia de la dedicación exclusiva para los profesionales de la sanidad pública, obviamente mejorando sus condiciones de trabajo, corregiría esta situación de desregulación y deterioro que padece nuestra sanidad pública.

“Y mientras esa dedicación exclusiva no sea una realidad consolidada en nuestro ordenamiento jurídico administrativo, parece evidente que es la administración de la Junta es la única responsable de que no se aplique correctamente la Ley de Incompatibilidades y se produzcan situaciones como la del conflicto de los anestesistas de la antigua Clínica Otazú”.

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