El Procurador del Común evidencia la discriminación de los sanitarios no asistenciales

Javier Amoedo, procurador del Común./
Javier Amoedo, procurador del Común.

Javier Amoedo pide que se convoquen los procesos selectivos mediante concurso-oposición en el que se valoren sus méritos, en algunos casos, tras décadas de servicio

LEONOTICIASLeón

El Procurador del Común respalda a los sanitarios no asistenciales al ser discriminados. Javier Amoedo recibió una queja, a la que se acumularon otras 455 planteadas en idénticos términos, en la cual se denunciaban las deficientes condiciones profesionales de los casi 2.000 sanitarios no asistenciales (veterinarios, farmacéuticos, médicos, enfermeros, matronas, fisioterapeutas, entre otros), que desarrollan las funciones de salud pública, seguridad alimentaria, administración y gestión en la Administración sanitaria de la Junta de Castilla y León.

En la queja se afirmaba que el colectivo de personal funcionario de los distintos Cuerpos vinculados con la Escala Sanitaria no asistencial se encuentra discriminado respecto a los empleados públicos estatutarios pertenecientes a los servicios asistenciales del Sacyl, los cuales tienen valorada y reconocida su experiencia profesional en el acceso con carácter definitivo a la Administración sanitaria de Castilla y León, en sus labores de docencia y formación, así como en el posterior desarrollo profesional, con el establecimiento de la correspondiente carrera profesional.

Fundamentos normativos

El objeto de la queja no radica tanto en valorar los fundamentos normativos con base en los cuales existen diferentes condiciones profesionales para el personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León y para el personal funcionario (veterinarios, farmacéuticos, médicos, enfermeras y demás profesionales sanitarios) que realiza tareas de salud pública de carácter no asistencial para la Administración sanitaria, en el sentido de que cada colectivo está sujeto a un régimen jurídico distinto (lo que afecta a la jornada, horarios, retribuciones, entre otros), sino en determinar tal y como exponen los promotores de las quejas si concurre una discriminación del segundo colectivo.

Se trata de una discriminación que fundamentalmente afecta a la falta de valoración y reconocimiento de su experiencia profesional en las convocatorias de procesos selectivos para el acceso con carácter definitivo a puestos de la Administración sanitaria de Castilla y León y, en segunda instancia, al reconocimiento de las labores de docencia y formación y al establecimiento de la carrera profesional.

Normativa reguladora

Un somero examen de la normativa reguladora del ámbito sanitario -recalca el dictamen- pone de manifiesto que la salud pública tiene una naturaleza de atención integral, esto es, no vinculada única y exclusivamente con la atención hospitalaria, y, en este sentido, es indudable que las labores desempeñadas por parte de los funcionarios afectados por la controversia constituyen actuaciones de prestación de salud pública.

Dada la viabilidad legal del uso del sistema de concurso-oposición en la selección de personal funcionario y teniendo en cuenta las circunstancias de integración de los funcionarios afectados en el sistema global e integral de salud pública gestionado por la Administración sanitaria, la pretensión formulada por los reclamantes debería ser atendida.

Además, en los últimos 30 años únicamente se han convocado cuatro procesos selectivos para el acceso al cuerpo, por ejemplo, de veterinarios provocando, por consiguiente, la existencia de funcionarios interinos que llevan prestando servicios por prolongadísimos periodos de tiempo y que apenas han tenido la opción de acceder a una plaza fija. Por último, diversas Comunidades Autónomas están aplicando el concurso-oposición para el acceso a la condición de personal funcionario de carrera en las convocatorias de procesos selectivos de funcionarios de Cuerpos y Escalas de Salud Pública.

Servicio de Salud

La segunda cuestión derivada de la queja viene referida a la equiparación entre el colectivo de funcionarios que realizan cometidos de salud pública y el personal estatutario del Servicio de Salud de Castilla y León en materia de establecimiento de carrera profesional y reconocimiento de labores de docencia y formación.

En este punto, y sin perjuicio de las modificaciones legales que resulten procedentes en la normativa sanitaria de la comunidad de Castilla y León a fin de reconocer de manera expresa y clarificar el derecho a la carrera profesional de quienes desempeñan puestos de personal funcionario en el ámbito de la salud pública, esta Procuraduría considera que la Consejería de Presidencia se encuentra en condiciones de acometer, previo proceso de negociación en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de Castilla y León, las actuaciones tendentes a establecer el procedimiento para reconocer la carrera profesional a los funcionarios que realizan tareas sanitarias de carácter no asistencial.

En conclusión se considera que el colectivo de funcionarios de la escala sanitaria que realizan tareas de salud pública que no tienen carácter asistencial sufren una discriminación frente al personal estatutario del Sacyl, la cual se observa en gran medida en la determinación del sistema elegido en los procesos de selección de personal (máxime ante la elevada duración de los nombramientos de funcionarios interinos en muchos casos) y, en segunda instancia, en la ausencia de carrera profesional y en la carencia de acciones de formación.

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