Los leoneses cada vez confían más en el Consultivo: desde dictámenes por la caída de la canasta, accidentes con corzos o grandes reclamaciones

Mario Amilivia, presidente del Consejo Consultivo./
Mario Amilivia, presidente del Consejo Consultivo.

Los leoneses reclamaron el pasado año 6,3 millones de euros por daños de la Administración; el Consejo estimó total o parcialmente 26 de las consultas presentadas

El Consejo Consultivo de Castilla y León, presidido por el leonés Mario Amilivia, aprobó durante el año pasado 571 dictámenes de los 600 que tramitó, y 103 de ellos (el 18,03%) derivaron de las consultas iniciadas por las administraciones en la provincia leonesa, impulsadas la mayoría de ellas por ciudadanos que reclamaron indemnizaciones por el incorrecto funcionamiento de los servicios públicos.

Con sede en la plaza de la Catedral de Zamora, es una de las Instituciones Propias de la Comunidad Autónoma, y desempeña también la competencia añadida de Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARCCyL), órgano de control presidido también por Amilivia, que depura la contratación pública en la Comunidad y que el año pasado también incrementó su actividad, alcanzando los 119 recursos resueltos, un 16,6% más que el ejercicio anterior.

Los 571 dictámenes aprobados por el Consejo que integran también los consejeros Francisco Ramos y José I. Sobrini supusieron un 11,3% de incremento sobre los emitidos en 2016.

León fue la segunda provincia que más dictámenes solicitó al órgano de control, después de la de Valladolid, con 109 y el 19,09% del total. León recabó 16 dictámenes más que en 2016.

En números totales, el Consejo Consultivo de Castilla y León ha superado ya los 14.200 dictámenes aprobados desde el inicio de su actividad en 2003, y 3.540 de ellos –el 25%- derivaron de las consultas originadas en la provincia de León, fundamentalmente por leoneses que se sintieron dañados o perjudicados por el funcionamiento de algunos servicios públicos (bien de carácter municipal, o autonómico), pero también por cuestiones como las revisiones de oficio de actos administrativos, modificaciones de planeamiento urbanístico, o contratación administrativa. Es decir, que en estos más de 14 años de función consultiva en la Comunidad uno de cada cuatro dictámenes emitidos derivó de consultas iniciadas en la provincia.

Órgano de control externo de las administraciones, modera y guía preventivamente los actos de éstas, contribuyendo al acierto en la decisión administrativa y a garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos en todos los procedimientos. Los dictámenes emitidos se caracterizan por la unanimidad y el consenso, bajo la premisa de que la opinión compartida siempre es la mejor. Un Consejo caracterizado asimismo por su independencia, objetividad y transparencia, que continúa siendo el de composición más reducida de los existentes en las autonomías, lo que le sitúa proporcionalmente (en comparación con instituciones de 10 o más de 15 consejeros) como el de mayor productividad en informes despachados.

De los dictámenes emitidos, 250 derivaron de consultas formuladas por la Administración Autonómica, 316 de consultas solicitadas por la Administración Local y 5 solicitadas por las Universidades de Salamanca (2), Burgos (1), León (1) y Valladolid (1). Por tercer año, las consultas de la Administración Local superaron a las de la Administración Autonómica (consultas de las distintas Consejerías). Tres de cada cuatro dictámenes fueron aprobados en sentido favorable a la resolución propuesta por las administraciones en sus consultas.

La estadística anual sitúa a la provincia de León como la segunda de la Comunidad en cuanto a dictámenes recabados (103), después de la de Valladolid y seguida de la de Burgos (84), Salamanca (64), Zamora (60), Palencia (42), Ávila y Segovia (27 respectivamente) y Soria (12). 43 dictámenes tenían como ámbito toda la Comunidad (por ejemplo, los anteproyectos de ley informados).

La estadística coloca también a León como la cuarta provincia de la Comunidad en número de dictámenes en relación a su número de habitantes, por detrás de Zamora, Palencia y Burgos.

63 de los dictámenes correspondientes a la provincia de León tuvieron como origen a la Administración local (entidades locales y Diputación Provincial), 39 a la Administración autonómica y uno a la Universidad leonesa.

88 de los 103 dictámenes ‘leoneses’ se originaron por consultas sobre responsabilidad patrimonial, aquellas en las que se reclaman daños y perjuicios por la actuación normal o anormal de las administraciones. Estas reclamaciones alcanzaron el año pasado en la provincia de León los 6.308.458 euros; en toda Castilla y León sumaron 31.884.169 euros. León y Valladolid fueron las provincias con mayor cuantía en reclamaciones (mala praxis sanitaria, caídas en las aceras, otros daños del mobiliario urbano, atropello de fauna en las carreteras…).

Ya en mucho menor volumen, 4 dictámenes derivaron de consultas sobre contratación administrativa, 3 de consultas sobre recursos administrativos, otros 3 de consultas sobre revisión de oficio de actos administrativos, dos fueron consultas de carácter facultativo (las dos únicas presentadas en toda Castilla y León en 2017), otras dos por consultas de modificación de planes urbanísticos y una fue sobre régimen local.

Las consultas facultativas fueron la formulada por el Ayuntamiento de Bercianos del Páramo sobre el régimen fiscal de los bienes de las entidades locales menores y la remitida por el Ayuntamiento de León sobre el funcionamiento del Consorcio provincial para la Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la Provincia de León (GERSUL).

En relación a los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, sólo la provincia de Valladolid superó a la de León en solicitud de este tipo de informes (94 y 88 respectivamente). En la provincia leonesa, la mayoría de los dictámenes derivaron de consultas por deficientes asistencias sanitarias (29), por daños a causa del mal estado del mobiliario urbano (26), accidentes por el mal estado de las calzadas (16), daños diversos ocasionados por los servicios públicos (13), siniestros de tráfico con fauna (3) y el ámbito escolar (1).

El Ayuntamiento de León solicitó 33 dictámenes y la Diputación 3. El resto de los ayuntamientos que recabaron el consejo y asesoramiento de la institución fueron Bercianos del Páramo, Cacabelos, Garrafe de Torío, Gordoncillo, La Bañeza, la Junta Vecinal de Sorribos de Alba, la Mancomunidad de Municipios del Agua del Bierzo, Peranzanes, Ponferrada, San Andrés del Rabanedo, Val de San Lorenzo, Villamañán, Villaquillambre, Villarejo de Órbigo y Villaturiel. Las consultas, de todo tipo, reclamaciones frente a los ayuntamientos por daños de la red de abastecimiento, caídas por mal estado de las aceras, caídas en piscinas municipales, caída en un mercado municipal, resoluciones de contrato, caída de una canasta de basket, accidente de tráfico al colisionar con un jabalí en la LE-6430, con un corzo en la LE-5333, caída en el acceso a una casa de cultura por causa de la nieve…

Del estudio de los dictámenes correspondientes a la provincia se desprende que principalmente 26 fueron estimatorios o estimatorios parciales (dando la razón a los reclamantes frente a la administración tanto en reclamaciones patrimoniales como en recursos administrativos) y 61 desestimatorios. El resto fueron aprobaciones de modificaciones urbanísticas, deslindes, resoluciones de contrato y revisiones de oficio, además de una inadmisión y una caducidad del expediente. En resumen, el Consejo Consultivo por medio de sus dictámenes estimó total o parcialmente reclamaciones por importe de casi 900.000 euros.

Aunque los dictámenes emitidos no son, salvo excepciones, vinculantes, las administraciones conceden un altísimo seguimiento a los mismos. Esa es la fuerza del Consultivo, que pese a que sus dictámenes no vinculan, las administraciones consultantes siguen casi al 100% los informes despachados como guía de que la decisión final va a ser siempre la más acertada para los intereses de los ciudadanos.

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales sigue una línea creciente de actividad que se resume en 119 recursos resueltos que se referían a contratos recurridos por un importe global de 426,5 millones de euros. Los recursos resueltos por el Tribunal desde su creación en 2012 superan los 500, con lo que se contribuye a reducir la litigiosidad, aportando seguridad jurídica con resoluciones dictadas en plazos muy cortos, que no superan los 25 días de media. 15 de los recursos resueltos se presentaron en la provincia: resoluciones 8, 13, 16, 61, 62, 63, 69, 75, 78, 81, 89, 90, 94, 98 y 99.

El Consejo Consultivo no sólo ha concentrado su actividad consultiva en Zamora. Al igual que en años anteriores celebró jornadas formativas en Ávila, Segovia y Soria, en colaboración con las respectivas diputaciones, así como jornadas informativas dirigidas a las entidades locales para acercar el trabajo de esta institución y en la importancia del plus de garantía jurídica que aporta con su actuación. En esta línea, se celebraron jornadas en Benavente, Ponferrada y Cuéllar; jornadas que se suman a las relativas a la contratación pública, conforme a su función de Tribunal.

La aprobación de la nueva Ley de Contratos ha supuesto para el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales un esfuerzo añadido en un año, ya de por sí, de especial actividad, que se ha traducido en una reducción de la litigiosidad y en el aporte de seguridad jurídica para todas las partes.

La sede del Consejo Consultivo en Zamora fue otro año más un punto de visitas y de actividades varias, ajenas a sus funciones, al caracterizarse como institución siempre abierta al público, objetivo desde el primer momento establecido por Mario Amilivia. Siguieron las visitas de grupos de estudiantes, y su salón de actos ha venido acogiendo eventos diversos (jornadas organizadas por medios de comunicación, asociaciones y colectivos como el Colegio de Abogados de Zamora).

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