León y Zamora lideran el número de quejas en el Procurador del Común

Un instante de la entrega del informe del Procurador del Común./Gráfico
Un instante de la entrega del informe del Procurador del Común.

El Colegio Fonseca de Salamanca acogerá a comienzos de mayo el pleno monográfico de las Cortes sobre el informe anual del Procurador del Común

ICALValladolid

El Colegio de Fonseca, en Salamanca, acogerá a comienzos del próximo mes de mayo el pleno monográfico de las Cortes regionales donde se analizará el informe anual del Procurador del Común de 2017, una institución que, según apuntó la presidenta del Parlamento autonómico, Silvia Clemente, «es el garante de la calidad democrática de la Comunidad y de los derechos de los ciudadanos ante la actividad de las administraciones de la Comunidad».

Después del pleno que se celebró en 2016 en León y del celebrado en 2017 en Burgos, en esta ocasión Salamanca será la ciudad elegida para presentar el informe a los distintos grupos parlamentarios, y para conmemorar al mismo tiempo el octavo centenario de la universidad salmantina y el 35 aniversario del propio Estatuto de Autonomía. En concreto, el espacio elegido para la ocasión ha sido el Colegio Arzobispo Fonseca, donde se aprobó el Proyecto de Estatuto de Autonomía de Castilla y León en junio de 1981.

«El Procurador del Común es un alto comisionado de las Cortes, es la institución que vela por los derechos de los ciudadanos frente a las administraciones. Es fundamental porque les garantiza tener acceso a una segunda instancia de forma gratuita, y permite que se revisen los expedientes sin coste alguno para ellos», apuntó la presidenta, que alabó la «independencia» y «eficacia» del trabajo de esta institución, así como la igualdad de todos los ciudadanos en la defensa de sus derechos.

Mesa de las Cortes

Tras su registro en el Parlamento autonómico, el informe será analizado en la próxima reunión de la Mesa de las Cortes, que decidirá su publicación en el Boletín Oficial de la Cámara y ordenará su tramitación ante el pleno.

El Procurador del Común defiende los derechos de los ciudadanos por una doble vía: mediante la tramitación de expedientes de queja y actuaciones de oficio y manteniendo entrevistas personales con ciudadanos y con colectivos. A este fin, su personal se desplaza por todas las capitales de provincia de la Comunidad y acude a otras localidades como Ponferrada, Benavente o Miranda de Ebro. El pasado año realizaron 873 entrevistas presenciales en las que se reunieron con 1.237 personas.

Aumento de expedientes

Durante el pasado año, tramitó un total de 3.909 expedientes, de los cuales 3.888 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 21 a actuaciones de oficio. De esa manera, el volumen de quejas de los ciudadanos aumentó un 53,8 por ciento respecto a las 2.527 registrada en 2016, si bien se situó por debajo de las 4.329 registradas en 2015, según informó hoy el Procurador del Común en funciones, Javier Amoedo. El número de ciudadanos que reclamaron fue superior al de quejas presentadas, puesto que muchas de ellas se tramitan en nombre de varias personas o de colectivos.

De acuerdo con los datos del informe, Zamora fue una vez más la provincia de la Comunidad donde se registraron más reclamaciones, con 744 en total, que representa el 19 por ciento del total. A continuación aparece León, con 583 quejas; seguida por Valladolid con 359, Burgos con 296, Salamanca con 275, Palencia con 218, Ávila con 146, Segovia con 139 y Soria con 105. Completan las estadísticas las reclamaciones de ciudadanos residentes en otras provincias de fuera de la Comunidad, que fueron un total de 912, mientras que otras 111 quejas tenían procedencia desconocida.

El Procurador del Común explicó que buena parte de las quejas procedentes de fuera de Castilla y León han llegado desde Galicia, en alusión al problema que repite este año como el más denunciado por los ciudadanos, con 1.588 quejas: el estado de la carretera que une Porto de Sanabria con Galicia, en la provincia de Zamora.

Actuaciones

En cuanto a la distribución por áreas, destacan un año más las incluidas en Fomento, que fueron las más numerosas, con un 47 por ciento, del total, seguida de las reclamaciones del área de Función Pública con el 17 por ciento, Bienes y Servicios municipales con un diez por ciento, Medio Ambiente con un cinco por ciento, Sanidad y Consumo con un cuatro por ciento, Familia e igualdad de oportunidades con un cuatro por ciento, Industria, Comercio y Seguridad Social un tres por ciento, Educación, Justicia, Interior emigración un dos por ciento respectivamente y con un uno por ciento, Agricultura, Ganadería, Justicia, Cultura y Patrimonio. Aumentaron además las consultas recibidas que no derivaron en queja y que ascendieron a más de un centenar.

Entre las 21 actuaciones de oficio llevadas a cabo estuvieron las referentes a la sanidad en las zonas rurales, escolarización de mujeres embarazadas, el control de menores en el acceso a Internet en las bibliotecas, la eliminación del amianto o asbesto en instalaciones educativas, la falta de plazas residenciales en Castilla y León.

Además, otras actuaciones de oficio están en tramitación como la seguridad de los castillos hinchables infantiles, las aulas prefabricadas en colegios de Castilla y León, el estado de la calidad del aire en las capitales de provincia, el personal sanitario de los centros de carácter social para la atención de persona mayores, el control sanitario en el abastecimiento de agua potable o los aseos accesibles para personas con discapacidad en establecimientos de uso público.

Sobre estas quejas presentadas y sobre las actuaciones de oficio, el Procurador del Común emitió, el pasado año, 955 resoluciones. En 600 de estas, en el 63 por ciento, se formulaba alguna recomendación o sugerencia a la Administración competente. En 317 resoluciones, el 75 por ciento, se aceptaba parcial o totalmente la recomendación del Procurador del Común. Por otra parte, la totalidad de las tramitadas de oficio fueron aceptadas.

El relevo pendiente

En funciones en el cargo desde el pasado 15 de abril de 2017, tras completar su segundo y último mandato, Javier Amoedo aseguró seguir trabajando «con la misma intensidad e ilusión» que cuando fue nombrado el 2 de octubre de 2005. «Así seguiré hasta que se designe a la persona que me dé el relevo, para defender los derechos de los ciudadanos cuando consideren que han sido vulnerados por una actuación irregular de la administración», añadió.

Según explicó la presidenta de las Cortes, Amoedo puede permanecer en funciones indefinidamente ya que «la normativa no contempla condicionantes ni limitaciones» en ese sentido. «Le corresponde a los grupos parlamentarios tener la iniciativa de proponer a un sucesor, que precisará al menos tres quintas partes de los votos para ser nombrado», precisó.

En estos momentos, según explicó el propio Amoedo, el 50 por ciento de los diez defensores del ciudadano que ejercen su labor en las autonomías o a nivel nacional se encuentra en funciones.

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