León se suma al frente común de diputaciones para que la Junta y el Gobierno asuma las competencias impropias

Pleno ordinario de noviembre en la Diputación de León. / Inés Santos

Majo recibe y acepta la invitación de su homólogo en Burgos y recuerda la necesidad de que la financiación «venga de donde tiene que venir» | Debates estériles central el pleno ordinario de noviembre, previo al pleno de los Presupuestos este viernes

A. CUBILLAS León

Es una reclamación histórica. Un problema que, en el caso de León, se traduce en un gasto que ronda los 20 y 22 millones de euros. Por ello, la Diputación leonesa volverá a instar a la Junta de Castilla y León que asuma de una vez por todas las competencias impropias.

Y lo hará sumándose a la cumbre de instituciones provinciales que lidera Burgos. Precisamente, Juan Martínez Majo ha aceptado la invitación lanzada por su homólogo César Rico, que inició una ronda de contactos tras la postura del gerente de Servicios Sociales que apuntó que las residencias de mayores son competencia provincial.

Fue la gota que colmó el vaso. Y por ello, Rico ha remitido un escrito a los presidentes de las Diputaciones, entre ellos Majo que ha hecho públicamente su apoyo a la adhesión a pesar de reconocer que aún no ha remitido una respuesta por estar inmerso en la finalización de los presupuestos del próximo ejercicio.

Es más, Majo ha advertido de que estará en primera línea de ese bloque para que de una vez por toda la financiación “venga de donde tenga que venir”. De ahí que el presidente de la Diputación de León ha recordado que estará en el bloque en el que defienda las Diputaciones.

“Estamos dispuestos a asumir todo lo que tenemos, a mantener y gestionar nosotros esos servicios siempre que se nos financie adecuadamente, sea la Junta o sea el Estado. Pero en esta caso voy a estar en el bloque en el que vamos a defender que al financiación tienen que venir de donde tiene que venir”, remarcó Majo.

Equiparación salarial

Así lo señaló este jueves durante la celebración del pleno ordinario de noviembre. Una sesión de trámite basada en debates banales, como el que se vivió durante la votación de la moción para exigir la equiparación de los sueldos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a los que perciben agentes de Cataluña y País Vasco.

Moción que recibió el apoyo unánime del plenario pero en el que se puso en evidencia la falta de control de ciertas autonomías y que, en cualquier caso, no deberían ser objeto de debate en la Diputación porque, al fin de cuentas, en la mayoría de los casos no pasa ni de Puente Villarente.

Así lo señaló el diputado de la UPL, Matías Llorente, que reclamó que mociones “de la churrera no pasasen por el pleno de la Diputación”, más en este caso cuando la solución pasa por la negociación entre el ministro de Hacienda y el de Interior.

En cualquier caso, todos los representantes políticos coincidieron en señalar el “poco sentido” que tiene que los miembros de la Policía Local y la Guardia Civil cobren menos que los agentes de las políticas autonómicas “cuando realizan la misma labor”.

Debates y enfrentamientos

Enfrentamiento el vivido entre el presidente de la Diputación y el portavoz de En Común por la aprobación de una partida de 64.000 euros en concepto de indemnizaciones de diputados de la anterior legislatura. Una medida que, según remarcó Majo, tan sólo responde al cumplimiento de la legalidad.

Precisamente, el portavoz de En Común despertó las críticas, en esta ocasión de todo el plenario, al advertir que con 40 años la Constitución estaba envejecida, lo que motivó su abstención en la votación en la que se acordó la adhesión de la Diputación a los actos conmemorativos de las Cortes el próximo 6 de diciembre.

Contenido Patrocinado

Fotos