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Sábado, 29 de julio 2017
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La provincia de León encabezan el número de quejas presentadas el año pasado a la nueva Comisión de Transparencia del Procurador del Común, un órgano autonómico creado para intentar hacer una radiografía general del estado de la transparencia en la Comunidad. De las 102 reclamaciones que, según su primera memoria anual, se presentaron el año pasado, el 80 por ciento (82 quejas) llegaron de las diferentes provincias de Castilla y León.
La provincia leonesa lidera esta lista, con 20 reclamaciones, que suponen el 19% del total de las quejas, seguida de Salamanca con 16 (15,6%).
En esta clasificación le siguen Palencia, con 13 quejas, Valladolid con diez, Burgos con nueve, Zamora con ocho, Ávila con tres, Segovia con dos y Soria con una única reclamación. Las quejas también llegaron de Madrid, en un total de 19, y de Asturias, de donde se remitió una única reclamación.
Las 102 reclamaciones recibidas dieron lugar a 66 resoluciones, 40 de las cuales fueron estimatorias y en ellas se exigió a la administración o entidad afectada que proporcionase la información solicitada por el ciudadano. De ellas, al 70 por ciento de los casos -28 resoluciones- se les dio cumplimiento, mientras que el 30 por ciento restante -12 resoluciones- están aún pendientes de solución.
El mes de septiembre, con 19 peticiones, fue el mes en el que se presentó un mayor número de solicitudes, seguido de junio y agosto, con 14, y ya muy lejos se posicionaron los meses de octubre y diciembre, con nueve. Del total, el seis por ciento de las reclamaciones -6,12- fueron interpuestas por personas jurídicas, mientras que el 94 por ciento restante -un total de 95,8- correspondieron a personas físicas.
En relación a las administraciones y entidades afectadas por estas solicitudes, el 72 por ciento -74 reclamaciones- fueron para las entidades locales de la comunidad, de ellas el 87,8 por ciento fue a parar a los ayuntamientos, el 4,05 por ciento estuvieron dirigidas a las Diputaciones Provinciales y el 8,1 por ciento a las entidades locales menores. Los colegios profesionales también recibieron un total de once reclamaciones, mientras que el sector público autonómico fue objeto de 17. De ellas, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con cinco, fue la que más demandas recibió, seguida de la de Agricultura y Ganadería, con tres, o las de Sanidad y Familia e Igualdad de Oportunidades, con dos. Tanto la Presidencia de la Junta como la Consejería de Presidencia tan solo recibieron una petición de información.
En lo que se refiere a los medios a través de los cuales se presentaron estas reclamaciones, más de la tercera parte, es decir, un 33 por ciento, llegó a través de correo electrónico y el 26 por ciento mediante otro registro administrativo. También se recibieron de forma importante a través de la página web -en el 13 por ciento de los casos- y en ventanilla en un porcentaje de tan solo un punto menos. También llegaron por correo postal, fax, cita previa y mediante la oficina de correos. En cuanto al objeto de las reclamaciones, el 71 por ciento fueron frente a resolución presunta y el 29 por ciento frente a resolución expresa.
Con estos datos, y tal y como recoge la memoria de esta Comisión de Transparencia, se quiere contribuir a identificar las reformas y medios más necesarios para hacer que el proceso avance en Castilla y León hacia una eficacia real del denominado ‘derecho a saber’ de los ciudadanos. Y es que la asunción de la denominada cultura de la transparencia, tanto por parte de los ciudadanos como por las administraciones públicas y del resto de entidades afectadas, exige más que la aprobación de una o varias leyes.
Las conclusiones de esta primera memoria de la Comisión de Transparencia se han intentado abordar, tal y como recoge el documento, desde un espíritu de manifestación de los avances conseguidos en la materia, pero también desde un punto de vista «crítico» dirigido a contribuir en el diseño futuro de medidas cuyo fin sea «mejorar en Castilla y León la eficacia del derecho ciudadano a saber».
Frente a las ventajas que tiene la atribución de las funciones de control de la transparencia a organismos adscritos al Procurador del Común, también se apunta a una serie de desventajas que tienen que ver, de manera especial, con la limitación de medios personales y materiales para acometer las nuevas funciones atribuidas y, con una ausencia absoluta de mecanismos formales específicos para controlar el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
La limitación de medios personales, incorporada a la Ley de Transparencia de Castilla y León como una prohibición de asignación de recursos adicionales al Procurador del Común destinados al desarrollo de las nuevas funciones encomendadas, condiciona «de forma evidente» el eficaz ejercicio de estas atribuciones. Es la voluntad de la institución y su personal lo que impide que esta limitación «comprometa seriamente» el desarrollo tanto de las nuevas competencias como de las originarias como defensor de los derechos constitucionales y estatutarios. Además, y tal y como se puntualiza en la memoria, se trata de «diferencias coyunturales» que se confía en que puedan solventarse en el futuro.
Cumpliendo con el mandato específico contenido en la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, la memoria incluye una parte en la que se ha tratado de realizar un informe general sobre el cumplimiento en Castilla y León de las obligaciones de publicidad activa y de acceso a la información, un ámbito en el que más de 5.000 entidades de la Comunidad tienen la obligación de cumplir con los parámetros establecidos, y donde se concluye que existe un cumplimiento elevado por parte de las administraciones y entidades afectadas, si bien es excepcional el cumplimiento íntegro.
En lo que a las obligaciones de publicidad activa se refiere, se observó la heterogeneidad de estas obligaciones, vinculada más al grado de conocimiento de la legislación de transparencia y a la voluntad de facilitar información a los ciudadanos que a los recursos de cada entidad. Sin embargo, se ha percibido que la mayoría de las administraciones y entidades demuestran una percepción de su nivel de cumplimiento superior al que se puede contrastar, lo que deja en evidencia la posibilidad de mejorar la información proporcionada a los ciudadanos mediante portales de transparencia y páginas web.
Son evidentes las dificultades que muchas entidades locales de la comunidad, en especial las más pequeñas, tienen que afrontar para cumplir mínimamente con las obligaciones de publicidad activa impuestas por la ley, a veces por el mero hecho de no disponer de infraestructura tecnológica para ello. Todo ello ha hecho que el sistema escogido para obtener un grado mínimo de información sobre el cumplimiento en esta materia se haya limitado a la petición de unos cuestionarios de autoevaluación.
Los resultados obtenidos, según recoge la memoria, están condicionados por el número de sujetos a los que se ha enviado el cuestionario, que para algunos grupos ha sido «meramente testimonial», y al grado de colaboración, que puede calificase como «discreto», con una remisión del 60 por ciento de los cuestionarios completados.
En lo que al acceso a la información se refiere, una de las conclusiones es el reducido número de solicitudes de información pública recibidas por las administraciones y entidades afectadas. Entre las de mayor tamaña, únicamente en los ayuntamientos de Ávila y Burgos se presentó un número de solicitudes que puede ser calificado como «razonable». De hecho, cuando las solicitudes de información pública se encauzan, lo más habitual es que se acabe proporcionando al ciudadano los datos que había solicitado.
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