ç

Isadora Duncan pide que las casas de acogida a maltratadas sean un «servicio esencial» y cuenten con más financiación

La presidenta de la fundación alerta de la «precariedad» de las viviendas y la falta de evaluaciones por parte de las administraciones

La presidenta del Patronato de la Fundación de Familias Monoparentales Isadora Duncan, María García, demandó este martes a la Junta de Castilla y León que reconozca a las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género como un servicio esencial y que cuenten con una cartera de servicios para homogeneizar el funcionamiento de estos recursos asistenciales porque aseguró que estas viviendas no son un “almacén de mujeres”.

La fundación que gestiona la casa de acogida de León desde 1989 reclamó que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades clarifique la realidad de las casas de acogidas, además de dotarlas con una financiación adecuada. No en vano, recordó que su organización recibe una subvención anual de la Junta de 13.848 euros, una cantidad que, a su juicio, es claramente insuficiente para el mantenimiento de las dos plazas disponibles.

García, que este martes compareció en las Cortes en la Comisión para evaluar el cumplimiento de la Ley Contra la Violencia de Género de las Cortes, aseguró que el modelo de casas de acogida implantado en Castilla y León funciona desde hace 30 años y está caracterizado por la “precariedad” y la “insuficiencia financiera” que a la postre provocan “distorsiones” y un “mal funcionamiento”.

Además, subrayó que esta situación obliga a buscar otro tipo de subvenciones públicas y privadas. “Existe un mayor desequilibrio entre lo que la administración aporta y lo que se arroja”, sentenció. De ahí que se mostrara esperanzada en que el nuevo reglamento que regulará las casas de acogidas, que elabora en la actualidad la Consejería, acabe con esta indefinición.

La responsable de la fundación consideró imprescindible que la Junta elabore una cartera de servicios para las casas de acogida de la Comunidad, más allá de la propia manutención. Una ausencia que, recordó, genera que estos centros no tengan un carácter público y que, en ocasiones, caigan en una situación de alegalidad. “Hay una manifiesta indefinición jurídica ante posibles conflictos y denuncias que se generen en estos centros”, precisó. Citó, por ejemplo, los problemas que pueden ocurrir con las custodias de los menores, las enfermedades sobrevenidas o la situación de las mujeres inmigrantes sin papeles.

También lamentó que las asociaciones y organizaciones encargadas de la gestión de las casas de acogida no tengan voto en las comisiones técnicas -integradas por la Junta, los ayuntamientos y las diputaciones- que son las encargadas de decidir el ingreso en estos pisos de las mujeres víctimas de violencia de género.

Echó en falta que las administraciones realicen una evaluación de los programas de intervención que se llevan a cabo en estos dispositivos ni cuenten con protocolos de actuación sobre el funcionamiento de las casas. “Ello trae consigo que toda la responsabilidad sea para las entidades encargadas de la gestión de estos recursos”, subrayó.

García apuntó que la Junta demanda que este tipo de casas de acogida cuente con personal cualificado y profesionalizado aunque no estén garantizados los recursos económicos para contar con esos trabajadores. En cuanto al perfil de las mujeres atendidas en la casa de acogida, expuso que ha cambiado en los últimos años y ahora está marcado por una alta vulnerabilidad social, con víctimas que no cuentan con una red de apoyo familiar.

Convenios y contratos

La presidenta del Patronato de la Funación de Familias Monoparentales Isadora Duncan recordó que la Junta tiene asignadas dos plazas en su casa de acogida para mujeres víctimas de violencia de género pero sin tener en cuenta a sus hijos, que en algunos casos pueden llegar a ser hasta cinco. De ahí que fuera proclive a abandonar las subvenciones e ir a convenios y contratos o bien que la Junta opte por la gestión directa de estos dispositivos. En ese sentido, valoró el trabajo de la directora general de la Mujer, Esperanza Vázquez, con su deseo de profesionalizar los recursos pese a no contar con presupuesto.

También hizo referencia al profesional de referencia que ha creado la Consejería de Familia aunque alertó que, en ocasiones, esta persona está muy alejada de la mujer que reside en una casa de acogida de otra provincia.

La portavoz del PSOE en la comisión, Ana María Agudiez, abogó porque las casas de acogida sean un servicio esencial y cuenten con la naturaleza de derecho subjetivo, además de tener garantizadas una asignación económica para un adecuado funcionamiento.

Laura Domínguez, de Podemos, consideró que las casas de acogida adolecen de una falta de recursos económicos y se interesó por la coordinación con el resto de las dotaciones de la red como los centros de emergencia y los pisos tutelados. También preguntó por la coordinación existente entre las entidades para que la derivación de las víctimas a los recursos adecuados.

Por su parte, Belén Rosado, en representación de Ciudadanos (Cs), confesó desconocer la realidad de las casas de acogida, expuesta por la compareciente y apuntó que los fondos que destina a la Junta son insuficientes. José Sarrión, del Grupo Mixto, reconoció que las casas de acogida son uno de los “grandes puntos negros” en la política de atención a las víctimas en Castilla y León.

La portavoz 'popular' María del Mar González manifestó que la crisis económica había afectado a los recortes a las entidades que gestionan las casas de acogida en la Comunidad y esperó que el desarrollo reglamentario sirva para mejorar su funcionamiento.

Policía Nacional

La comisión no permanente para evaluar la ley autonómica contra la violencia de género también contó con la asistencia del responsable de la Unidad de Familia y Mujer (Ufam) de Valladolid del Cuerpo Nacional de Policía, José Fernández Vaquero. El inspector jefe valoró la puesta en marcha del modelo Objetivo Violencia Cero y del coordinador de caso. No en vano, aseguró que todos los datos que puedan aportar los Servicios Sociales son muy útiles, sobre todo en los casos de las mujeres que son esquivas a la protección policial.

Fernández Vaquero recordó -en presencia del jefe superior de la Policía Nacional de Castilla y León, Jorge Zurita- que la violencia de género difiere de cualquier otro delito. No en vano, apuntó que se mezclan sentimientos al ser el agresor una persona cercana. De ahí que precisara la necesidad de prestar un tratamiento policial especializado, tal y como ocurre con la Ufam, que está caracterizada por la inmediatez y una atención personalizada e integral. Recordó que los agentes que forman parte de esta unidad deben realizar cursos presenciales en Madrid y 'online', además de superar los exámenes sobre esas materias.

Cecale

El secretario general en funciones de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), David Esteban Miguel, aseguró que la violencia de género es la manifestación “más grave” de desigualdad y una violación de los derechos fundamentales. Destacó la importancia del Diálogo Social que recoge la propia ley autonómica contra la violencia de género. “Es un método de trabajo adecuado”, afirmó. Pero también habló de la “fuerza” de los convenios colectivos para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Esteban Miguel centró su intervención en la preocupación por las pequeñas empresas, que son la gran mayoría en la Comunidad y que no cuentan con un departamento de Recursos Humanos. De ahí que valorara las subvenciones públicas para difundir las ayudas y los planes existentes para la contratación de mujeres de violencia de género. “Hay un problema de difusión y es necesario llegar a las micropymes”, consideró. También abogó por “ir más allá” de la ley e implantar protocolos de actuación en materia de igualdad en las empresas. De ahí el papel destacado de los agentes de igualdad.

Femur

La última compareciente en la sesión de este martes fue Petra García, como miembro de la Junta Directiva de la Federación de la Mujer Rural (Femur), quien aseguró que la mejor forma de luchar contra la violencia de género en los pueblos es que las mujeres cuenten con una independencia económica. De ahí que abogara por la creación de empleo y cooperativas en el ámbito rural.

Esta mujer que reconoció ser hija de agricultor y ahora profesional del campo huyó del “victimismo” y la “sobreprotección” en que está sumido el medio rural, que demanda las ayudas del “papá Estado”, y abogó por solucionar los problemas de “abajo a arriba” y no al revés. “La sociedad debe regenerarse en sí misma”, reflexionó. Por contra, achacó el problema de la despoblación y la violencia de género a la clase política. “Está en vuestras manos pero debéis saber que no hay una solución mágica para solucionar estos asuntos y primero hay que realizar un diagnóstico para evitar poner parches”, aseguró, dirigiéndose a los procuradores presentes en la comisión.

Fotos