Fiscalía e IU recurren ante la Audiencia Provincial el auto de archivo del caso 'Caja España'

Varios exconsejeros, en el momento de llegar al Juzgado de León./Campillo
Varios exconsejeros, en el momento de llegar al Juzgado de León. / Campillo

Ambos mantienen que, de acuerdo al pronunciamiento de la Audiencia sobre el primer intento de archivo, no existe prescripción del posible delito

LEONOTICIASLeón

El auto de prescripción emitido por el Juzgado de Instrucción número 5 de León y que decretaba el archivo de la causa abierta en el marco del conocido como 'caso Caja España' regresa ahora a la Audiencia Provincial.

Lo hace en base a dos recursos presentados por la propia Fiscalía de León así como por Izquierda Unida. Y en ambos se coincide en el argumento: para ellos no hay prescripción del posible delito entendiendo que «desde la comisión del presunto delito hasta la fecha de la providencia no han transcurrido los cinco años de prescripción del delito citado».

Es el mismo argumento esgrimido en su día por la propia Audiencia Provincial para rechazar la primera solicitud de archivo. El caso 'Caja España' afecta a 14 exconsejeros de la entidad de ahorro acusados todos ellos de una posible administración desleal en el ejercicio de sus funciones. El juez titular del Juzgado de Instrucción número 5 de León decretó el pasado 7 de marzo el archivo de la causa.

Primer auto de la Audiencia

Para Fiscalía e Izquierda Unida resulta determinante que la acción del consejo de administración se extiende en el tiempo por lo que no se puede fijar una fecha en firme que habilitara el inicio de un periodo de tiempo y por lo tanto una posible prescripción.

Comparecencias

Trece de los catorce exconsejeros investigados comparecieron ante el juez los pasados días 18 y 20 de febrero, ya que de la citación quedó excluido el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, que al ser diputado está aforado y estaba previsto que prestara declaración en el Supremo, informa Efe.

La causa fue promovida por IU, Ecologistas en Acción e Izquierda Abierta (IzAb), que se personaron como acusaciones particulares, si bien no fue respaldada por las entidades resultantes de al extinta caja de ahorros -Caja EspañaDuero y Unicaja- ni por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al no sentirse perjudicados.

El proceso sufrió numerosas interrupciones durante años por los recursos interpuestos por las defensas de los investigados.

En su comparecencia ente el juez, los exconsejeros que accedieron a declarar, todos ellos nombrados a propuesta del PSOE, negaron las acusación y afirmaron que siempre buscaron lo mejor para la entidad financiera y todas las decisiones siguieron criterios técnicos basados en la legalidad.

La Audiencia Provincial ya esgrimió en su momento que «no cabe argumentar la prescripción por cuanto se iniciaorn las actuaciones en tiempo y forma» y, en segundo lugar, no ha existido indefensión por cuanto el juzgado que llevaba la investigación subsanó adecuadamente los defectos iniciales.

El procedimiento ahora archivado emana de las diligencias previas nº 1.917/2013 incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de León como consecuencia de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal de fecha 20 de mayo de 2013.

Acusación

En dicha sentencia se ponía de manifiesto «unos hechos presuntamente constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal en el que podrían haber incurrido los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Caja España y Caja Duero hasta su fusión en el mes de octubre de 2010 y que luego formaron parte de la nueva entidad creada» como consecuencia de la fusión de Caja España con Caja Duero.

En su conjunto Santos Llamas llegó a mantener una deuda con la entidad (teniendo presente todas las sociedades en las que participaba con un 20% o superior) de 76,7 millones de euros. De ellos casi 68 millones fueron aportados por la entidad primera (Caja España) mientras que otros 8,8 provenían de la segunda entidad (Caja Duero). Santos Llamas, al ser titular de deudas con la entidad que presidía, se encontraba inhabilitado para ocupar el citado puesto de presidente, pese a lo cual los consejeros en ningún caso se opusieron ni hicieron notar esa condición. Por los mismos motivos, Santos Llamas también estaba inhabilitado para ejercer como consejero.

IzaB y Ecologistas

En el primer intento de archivo la Audiencia Provincial rechazó la posible prescripción del delito de administración desleal remarcando que «desde la comisión del presunto delito atribuido a los apelantes por el ministerio fiscal en su denuncia hasta la fecha de la citada providencia, no han transcurrido los cinco años de prescripción del delito citado, y en consecuencia no puede hablarse de prescripción alguna, ya que la expresada resolución, como es la providencia citada para recibir declaración a los 'imputados', supone que se ha dirigido el procedimiento contra los mismos, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 132 del código penal».

Por último IzaB y Ecologistas en Acción abandonan el procedimiento al entender que el auto de archivo se encuentra, según ha remarcado uno de sus letrados «bien fundamentado».

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