La Fiscalía abre diligencias al advertir posibles irregularidades en el contrato de la luz del Ayuntamiento de León

Pablo Fernández, este miércoles, durante su rueda de prensa junto a María Hernández.

El portavoz de Podemos en las Cortes autonómicas, Pablo Fernández, asegura que las diligencias evidencian la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento de León y exige explicaciones al PP y al PSOE

A. CUBILLASLeón

El Ayuntamiento de León deberá explicar ante la Fiscalía el contrato realizado para la adjudicación del nuevo servicio de alumbrado público municipal y que ya fue rechazado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl), dependiente del Consejo Consultivo.

La Fiscalía, a tenor de la información que obra en su poder, ha optado por la apertura de diligencias al apreciar posibles irregularidades, en el contrato que preveía la renovación de 20.000 puntos de luz con un montante de 20,8 millones de euros.

Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz de Podemos en las Cortes autonómicas, Pablo Fernández, quien entregó el polémico expediente a la Fiscalía advirtiendo de las irregularidades que en el mismo se podían contener.

Además «ha solicitado al secretario del Ayuntamiento que emita un informe sobre posibles irregularidades en la gestión del alumbrado público en cuanto a pagos y costes», con especial incidencia en torno a la entidad que gestiona el parking de Santa Nonia de León capital.

Por último, ha solicitado al interventor del Ayuntamiento de León sobre los más de 600.000 euros de inversión prevista para la reposición de cable y la justificación de la necesidad de este pago.

López Benito: «El contrato tiene los informes técnicos y jurídicos favorables»

El concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de León, José María López Benito, ha contestado esta mañana a las acusaciones vertidas de nuevo por el portavoz de Podemos en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, sobre las presuntas irregularidades del contrato del alumbrado.

López Benito ha señalado que esta es «una actuación que se realiza por la denuncia presentada por Podemos, como ya anunció hace unas semanas, que iba a denunciar ante la Fiscalía el contrato de alumbrado. La Fiscalía no ha tomado ninguna decisión, lo que está haciendo es recabar información para poder pronunciarse con conocimiento de causa».

De momento, la Fiscalía lo único que ha hecho es «solicitar documentación al Ayuntamiento para estudiarla. Y en este sentido se le ha remitido toda la información que nos ha pedido relacionada con el contrato de alumbrado, que está actualmente en proceso de licitación, así como información sobre el aparcamiento de Santa Nonia, el coste del robo de cable y el pago de suministros eléctricos».

El concejal ha subrayado que la colaboración del Ayuntamiento de León con la Fiscalía «es absoluta. Se le ha remitido toda la documentación solicitada y nos hemos puesto a su disposición para cualquier aclaración o para lo que estime pertinente. Estamos convencidos de que no hay ninguna ilegalidad. Todo el procedimiento de contratación del alumbrado cuenta con todos los informes favorables, de los técnicos municipales, de la Intervención Municipal y de la Secretaría General, sin ningún reparo ni observación en contra. No ha habido ninguna advertencia de ilegalidad en todo el procedimiento».

Por último, López Benito ha añadido que la licitación sigue su curso: «Nadie ha ordenado su paralización. Estamos deseando que la Fiscalía analice toda la documentación para que pueda comprobar que todo el proceso se está realizando con absoluta transparencia y conforme a la legalidad, como en todo momento han fiscalizado y confirmado todos los servicios técnicos, jurídicos y económicos del Ayuntamiento».

Entrada de la UCO

Requerimientos que, según remarcó Fernández, confía en que el Ayuntamiento, encarando en su máximo responsable, cumpla con celeridad y rigor, lamentado, eso sí, que sea a través de la Fiscalía la única vía para que se rindan cuentas “ante sospechosas prácticas en torno al contrato de la luz”.

“En una democracia sana, los responsables deberían de responder de motu propio y no agachar la cabeza para ocultarse debajo de la tierra, que es la táctica del alcalde Antonio Silván y el concejal José María López Benito. Esperamos que den explicaciones a la mayor brevedad posible”.

Un primer paso, según remarcó Fernández, que advirtió que desde Podemos se seguirá investigando, “tirando de la manta, sin descartar que al final la UCO termine entrando en el Ayuntamiento de León”.

Ciudadanos cuestiona el 'pacto' PP-PSOE y los socialistas evitan pronunciarse

Desde el PSOE, única formación que respaldó el contrato, ha rechazado dar declaraciones sobre la decisión de la Fiscalía, al entender que hasta la fecha no hay nada. “Cuando haya algo de verdad hablaremos”, concluyó su portavoz, José Antonio Díez.

Especialmente críticos se han mostrado desde Ciudadanos, el socio de gobierno del PP. Su portavoz, Gemma Villarroel, ha denunciado que una vez más se demuestra “como el PP y el PSOE se unen rápidamente en acciones conjuntas que luego salen mal”.

Por ello, ha trasladado su interés por que el asunto se aclare cuanto antes, lamentado que los más perjudicados sean los leoneses. “Es una muestra más de cómo las acciones conjuntas del PP y del PSOE nos perjudican a todos, van de la mano cuando tienen algún interés partidista”.

Villarroel además ha advertido que la ciudad de León ya tenía un alumbrado “razonable y decente, que es el que necesitan los vecinos de León aunque no el alumbrado que nos hubiera gustado en Ciudadanos León. Sin embargo, por la pésima gestión de los que tanto conocimiento y experiencia tienen en las instituciones locales, nos vemos otra vez inmersos en un proceso judicial, que a saber cómo acabará”, concluyó la portavoz municipal de la formación naranja.

Por su parte, Eduardo López Sendino, secretario de la UPL, ha mostrado el “máximo” respeto a la autoridad judicial, advirtiendo que siempre estará al lado de lo que determine. “Estaremos totalmente de acuerdo con lo que determine”, señaló Sentido, que recordó que la UPL se abstuvo en la votación. En cualquier caso, remarcó que la apertura de diligencias “no significa nada”, por lo que incidió en que hay que esperar al resultado de los mismos.

«Intransigente con la corrupción»

Pablo Fernández ya advirtió en el momento de la presentación de la correspondiente documentación ante la Fiscalía que el contrato «está plagado de graves irregularidades», en una situación ante la que «Podemos es contundente e intransigente con la corrupción».

Precisamente, este miércoles remarcó que la obligación de Podemos era la de acudir a la Fiscalía ante el carácter delictivo de las presuntas irregularidades y la falta de voluntad política de esclarecer la responsabilidad.

En este sentido, Fernández advirtió que seguirá siendo implacables ante la mala praxis e indolencia tanto de equipo de gobierno como de oposición, acusando al PSOE de ser el “colaborador necesario” del PP.

Polémico contrato

El Ayuntamiento de León no recurrió la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) con respecto al contrato de alumbrado público, ya que como señalaron en diciembre del pasado año, «es una cuestión puramente técnica». Ahora y tras la modificación presentada, Podemos considera que «se mantienen todas y cada una de las flagrantes anomalías porque es un copia pega del anterior».

La reposición del cable robado es uno de los puntos del contrato que sigue sin convencer, ya que «los técnicos del Ayuntamiento aseguran que no ha sido repuesto, pero sin cable no habría luz».

Pero Podemos no señala solamente al gobierno local del PP, sino que también apuntan a los socialistas «por ir de la mano de Silván».

Podemos denunció en su día que el Ayuntamiento gastará 677.117 euros en comprar un cable ya instalado. También arroja dudas sobre quién tiene que afrontar el coste de las obras de mejora, ya que «en el contrato figura que las obras de mejora las pagará el Ayuntamiento de León, los leoneses y las leonesas de su bolsillo, cuando tendría que afrontarlas la adjudicataria».

Un contrato que para Podemos es «una auténtica chapuza» y que llevan a la Fiscalía «porque en España la contratación pública ha sido uno de los principales focos de corrupción».

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