Uno de los expertos que elaboró informes previos a la fusión de España-Duero asegura que era «casi imposible» prever los efectos de la crisis

Carlos Sotillos durante la Comisión de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León./Cacho
Carlos Sotillos durante la Comisión de investigación sobre la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León. / Cacho

Carlos Sotillos, de la firma BDO, destaca que los procesos de integración de las cajas se realizaron momentos «muy complicados» y bajo la presión del Banco de España y el BCE

ICAL

Carlos Sotillos, experto financiero de la firma BDO y encargado de elaborar el informes relativos al valor patrimonial aportado por las entidades en el caso de la fusión de Caja España y Caja Duero y en la integración de Caja Burgos en Banca Cívica, afirmó este jueves que en el año 2009 era casi imposible prever los efectos de la crisis económica en el sector financiero y que la recesión se prolongaría hasta el 2014.

Sotillos, que este jueves compareció en la comisión de las Cortes de Castilla y León que investiga la actuación, gestión y supervisión de las cajas de ahorro que tenían su domicilio social en Castilla y León, ratificó los informes realizados en 2009 y aseguró que ningún caso se detectaron irregularidades legales o anomalías en la valoración del patrimonio de las entidades.

Además, insistió que los procesos de fusión o de integración se realizaron en un momento muy convulso, en el que por culpa de la crisis la morosidad estaba creciendo de forma exponencial y en el que se necesitaban tomar medidas para frenar la pérdida de valor de las cajas. «Era un momento muy complicado para todo el sector financiero, pero más para las cajas por las presiones realizadas desde el Banco de España y desde Banco Central Europeo para impulsar las fusiones», aseveró.

A preguntas del portavoz del Grupo Socialista, Óscar Álvarez, Sotillos afirmó que los procesos de fusión, «tal vez fueran un intento de huida hacia adelante ante la presión del Banco de España», y no quiso pronunciarse sobre el proyecto promovido por la Junta para lograr la fusión de todas las cajas de la Comunidad.

Al mismo tiempo, y en respuesta al portavoz 'popular', José Manuel Fernández Santiago, insistió que tanto en el caso de España-Duero como en la integración de Caja Burgos, se cumplieron las exigencias legales y los informes de valoración patrimonial eran correctos.

A su vez, rechazó la afirmación del representante de Ciudadanos Manuel Mitadiel, que se refirió a los procesos de integración como un «acuerdo entre amiguetes», y apuntó que en esos años la economía española sufría en su conjunto un «deterioro significativo». En este sentido, Mitadiel argumentó que se produjo una depreciación deliberada del valor de las cajas entre 2009 y 2010, que en el caso de Caja Burgos fue del 47 por ciento, al pasar de 948 millones a 527, y que en caso de España-Duero fue del 26,8 por ciento, con más de 600 millones. Además, el portavoz de Cs se refirió a un informe de Deloitte previo a la fusión de España-Duero en el que se advertía de que la operación incrementaría notablemente la tasa de morosidad de la futura entidad.

Sotillos, que declinó responder a muchas preguntas al no ceñirse a los informes elaborados por él, no quiso valorar, a preguntas de José Sarrión (Grupo Mixto), como ha afectado a las distintas provincias la posición irrelevante que han pasado a tener las cajas, después de ser unas entidades «históricas» con un gran peso en la economía local.

Reparto de cuotas

Por otra parte, también compareció en la comisión de investigación de la cajas Amparo Solís, experta de la firma KPMG, y encargada de realizar, a instancias del Registro Mercantil y como experto independiente, estudios para determinar si el reparto de cuotas de capital tras la integración era el adecuado en los casos de Caja Segovia y Caja de Ávila con Bankia, y en el caso de Caja Burgos con Banca Cívica.

Solís, explicó que este tipo de estudios era una exigencia legal que se recogía en la Ley de Cajas de Ahorro de Castilla y León para asegurar que el reparto de porcentajes de capital de la entidad resultante no eran arbitrarios y reflejaban el valor real que cada caja aportaba.

Aunque declinó contestar la mayor parte de las preguntas de los portavoces de los distintos grupos por tratarse de asuntos que no afectaban a sus informes, sí apuntó como una de las claves de la quiebra de las entidades fusionadas las previsiones fallidas sobre la salida de la crisis que hicieron todos los organismos internacionales. En este sentido, aseguró que además de las erróneas previsiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, le la OCDE o del propio Banco de España, fijaban la salida de la crisis en España para 2011, ese mismo año cambió la normativa de las entidades financieras y las cajas se vieron obligadas a duplicar su previsión de fondos.

A su vez, y a preguntas del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, aseguró desconocer un informe de Deloitte contrario a la fusión entre Caja España y Caja Duero.

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