Las defensas aplauden el dictamen del juez

Dos de los consejeros en el momento de acudir al Juzgado./
Dos de los consejeros en el momento de acudir al Juzgado.

«No ha habido el menor atisbo de responsabilidad penal y es una solución razonable», apunta uno de los letrados

ICALLeón

Los 14 ex miembros del Consejo, defienden sus representantes, tuvieron que elegir entre seguir el criterio de los órganos técnicos y aprobar esas operaciones o pedir la intervención del Banco de España, con consecuencias como la imposibilidad de acometer la fusión con Caja Duero o de recibir los préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o trasladar los activos tóxicos de la caja a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb.

«No ha habido el menor atisbo de responsabilidad penal y es una solución razonable», apunta el letrado que representa a cuatro de los ex consejeros y añade que la acusación fue «un montaje de Izquierda Unida, un artificio sin ninguna base». «Si esta gente no llega a tener serenidad... quedaron en su puesto a hacer lo que prudentemente se podría hacer», añadió sobre las decisiones acordadas por sus representados y el resto de investigados.

Añade que Caja España no fue, por esas actuaciones, objeto de ninguna de las sanciones impuestas por el Banco de España, el Frob, el Ministerio de Economía o la Comisión Europea a un total de 57 entidades financieras del país.

Francisca Cobos, abogada de varios ex consejeros, considera importante destacar que el auto es «una declaración de exención de responsabilidad que se pudo haber hecho antes» y que se considere prescrito el delito no significa que existieran esas responsabilidades que se les atribuían. El archivo era, a su juicio, la única salida posible. «Ninguno de los actos que hicieron los consejeros eran irregulares», reiteró antes de comentar que «a veces los procedimientos judiciales resultan perversos» y reconocer «el mérito del juez, que no es el titular del juzgado».

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