La defensa de Maíllo pide el sobreseimiento del proceso contra los exconsejeros de España Duero

Martínez-Maillo, a su llegada a un consejo de Caja España./Campillo
Martínez-Maillo, a su llegada a un consejo de Caja España. / Campillo

Asegura que el informe pericial de parte es contundente y desmonta toda la acusación por lo que procede cesar en el proceso anulando todo el procedimiento

J.C.León

Los exconsejeros de España Duero acusados de administración desleal en el ejercicio de sus funciones en un proceso abierto desde hace cuatro años han comenzado esta misma semana a solicitar el archivo y sobreseimiento de la causa.

Así lo ha confirmado este lunes parte de la representación legal en el proceso que, según ha advertido a leonoticias, conoció a última hora de este jueves la presentación de la documentación que reclama el archivo de la causa.

Esas mismas fuentes han asegurado que la documentación insta al responsable del caso a su archivo al entender que los informes técnicos de parte ofrecen una enorme contundencia por lo que, en virtud de los mismos, procede anular el procedimiento. La primera defensa que habría presentado esta solicitud sería la representación legal de Fernando Martínez-Maillo.

Consejeros

El actual vicesecretario de Organización del PP se encuentra investigado junto a otros 13 consejeros de la entidad que entonces, y según la causa, podría haber cometido un delito de administración desleal en la refinanciación de créditos a quien entonces ocupaba la presidencia del consejo de administración, el empresario leonés Santos Llamas.

En la actualidad y a la espera de la resolución del recurso la acusación se mantiene firme y afecta a Fernando Martínez-Maillo, vicesecretario de organización del PP; José Antonio Turrado, secretario regional de Asaja; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid; Javier García Prieto, concejal por el Partido Popular del Ayuntamiento de León; Francisco Fernández, exalcalde del Ayuntamiento de León; Miguel Ángel Álvarez, exconsejero de España Duero por UGT; Bernardo Fernández, exconsejero de España Duero por UPL; Alfredo Fernández Salvadores, exconsejero de España Duero por Csica; Juan Elicio Fierro, exconsejero España Duero por el PP; Marcos García, exsecretario de España Duero; Zenón Jiménez-Ridruejo Ayuso, exconsejero; Begoña Núñez, Olga Palacio y el actual consejero de España Duero Alejandro Menéndez.

Santos Llamas

Todos ellos, según consta en el procedimiento y remarca la Fiscalía, no habrían velado por los intereses de la entidad y permitieron que ésta mantuviera 'vivos' créditos a favor del presidente de la misma, el empresario leonés Santos Llamas, pese a tratarse de concesiones financieras de imposible cobro.

El procedimiento actual proviene de las diligencias previas nº 1.917/2013 que fueron incoadas por el Juzgado de Instrucción nº 5 de León, como consecuencia de la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal de fecha 20 de mayo de 2013. En dicha sentencia se ponía de manifiesto «unos hechos presuntamente constitutivos de un delito de administración desleal del artículo 295 del Código Penal en el que podrían haber incurrido los miembros del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros Caja España y Caja Duero hasta su fusión en el mes de octubre de 2010 y que luego formaron parte de la nueva entidad creada» como consecuencia de la fusión de Caja España con Caja Duero.

76,7 millones de euros

En su conjunto Santos Llamas llegó a mantener una deuda con la entidad (teniendo presente todas las sociedades en las que participaba con un 20% o superior) de 76,7 millones de euros. De ellos casi 68 millones fueron aportados por la entidad primera (Caja España) mientras que otros 8,8 provenían de la segunda entidad (Caja Duero).

Santos Llamas, al ser titular de deudas con la entidad que presidía, se encontraba inhabilitado para ocupar el citado puesto de presidente, pese a lo cual los consejeros en ningún caso se opusieron ni hicieron notar esa condición. Por los mismos motivos, Santos Llamas también estaba inhabilitado para ejercer como consejero.

Se trata, tal y como consta en el proceso, de operaciones aprobadas durante los años 2010, 2011 y el 26 de enero de 2012, que tenían por finalidad la refinanciación o restructuración de deudas «sin aportación de nuevas garantías eficaces, efectuadas una vez que había vencido el plazo de carencia de pago de intereses y principal que se había concedido el 8 de enero de 2009, y que ponían de manifiesto la incapacidad de los acreditados para hacer frente a sus compromisos de pago en las fechas de su vencimiento».

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