CSIF alerta de que en León se sigue destruyendo empleo en servicios públicos prioritarios

CSIF alerta de que en León se sigue destruyendo empleo en servicios públicos prioritarios

Entre julio de 2016 y julio de 2017 se han destruido en León 1.154 puestos de trabajo en las administraciones públicas

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La provincia de León tenía en julio de 2017 un total de 29.132 empleados públicos (sólo diez más que en enero de ese mismo año, y computando a los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la provincia).

Dicha cifra revela una «situación estancada a nivel general, que perpetúa una pérdida del 12,05% del empleo público en León desde enero de 2009, con un total de 3.752 puesto perdidos desde el inicio de la crisis y 1.154 puestos de trabajo perdidos entre julio de 2016 y julio de 2017», como denuncian desde CSIF.

En este momento, la pérdida afecta fundamentalmente a la Administración Pública Estatal, al Sector de Educación dentro de la Junta de Castilla y León y a la propia Universidad leonesa, dándose una pequeña recuperación en la Administración Local –sin duda debido al aumento estacional de los contratos temporales subvencionados por otras administraciones- y otra «casi insignificante» en el Sector de Administración General de la Junta de Castilla y León y en el SACyL.

Así lo denuncia el presidente provincial de CSIF León, Hipólito Riesco, que lamenta «el abandono al que siguen sometidos los servicios públicos de la provincia leonesa por parte fundamentalmente de la Administración Estatal y de la Regional». En la Administración Pública Estatal se han perdido en León 547 puestos sólo en el período comprendido entre julio de 2016 y julio de 2017, y 1.418 desde 2010. Dicha pérdida afecta prácticamente por igual a los funcionarios de la Administración General del Estado (405 puestos,) a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (460 puestos) y a las Entidades Empresariales y Organismos Públicos (579 puestos).

«Difícil de entender este comportamiento del Gobierno Central, que es la única Administración que ha sometido a todos los servicios públicos que presta –en ocasiones de importancia poco desdeñable- a una destrucción progresiva y sin freno que, lejos de parar, parece acentuar su declive», critica Riesco.

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