Compromís exige que el Gobierno deje de proteger al «franquista» Martín Villa

Carles Mulet, senador de Compromís.
Carles Mulet, senador de Compromís.

Mulet exige la extradición a Argentina de los 19 políticos «acusados de crímenes de lesa humanidad» y pide a la administración central que colabore con la justicia argentina «que pide una fianza de 21 millones de pesos»

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El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha exigido este miércoles que el Gobierno de Rajoy deje de mirar hacia otro lado, y colabore con la justicia argentina en el caso del político «franquista» Rodolfo Martin Villa, «imputado desde 2014 por delitos de lesa humanidad».

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Según Mulet «la impunidad existente en España respecto a presuntos genocidas, no se da en otra parte del mundo, aquí no pedimos que se haga caso por la petición de Argentina, sino por la propia memoria de las víctimas, ciudadanos del Estado Español».

«Desgraciadamente, aquí tenemos una Casa Real que condecora a presuntos genocidas como Martin Villa, y un Gobierno que no hace caso a la propia ONU, la cual pidió ya en 2015 la extradición de políticos del franquismo como Martin Villa, por la violación grave de derechos humanos. Ya es grave que tenga que ser la justicia argentina quien investigue estos casos, y no la española, pero la obstrucción del Gobierno español atenta contra los principios básicos del derecho internacional», sostiene el senador de Compromís.

Ahora, la jueza argentina María Servini ha impuesto a Martin Villa una fianza de 21.250.000 pesos (más de un millón de euros) «y aquí se silencia el caso y se condecora a esta persona, que forma parte de la lista de 19 cargos franquistas (entre ministros, comisarios de policía, capitanes, coroneles del Ejército y jefes de la Guardia Civil durante el franquismo) que están siendo protegidos por el Gobierno y no están compareciendo ante las reclamaciones de los tribunales que investigan las vulneraciones de derechos durante la dictadura».

Compromís insiste en que «sobre todos ellos pesan acusaciones de tortura y homicidio perpetrados durante la Guerra Civil y el régimen franquista (1936-1977), todo ello porque el Gobierno de Rajoy se ha negado a su extradición sistemáticamente».

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