La Comisión de Transparencia del Procurador del Común recibe el doble de reclamaciones en el último año

Procurador del Común./
Procurador del Común.

De las 202 solicitudes, casi un centenar estuvieron relacionadas con la denegación de informaciones solicitadas a ayuntamientos

ICAL

La Comisión de Transparencia del Procurador del Común recibió el año pasado un total de 202 reclamaciones, lo que supone el doble que en 2016. De ellas, 96 estuvieron relacionadas con denegaciones de informaciones pedidas a los ayuntamientos, 45 se presentaron frente a la administración autonómica y 17, en relación con la falta de información por parte de alguna de las cuatro universidades públicas de Castilla y León.

Este órgano, que ha concluido su segundo año de funcionamiento, resuelve las reclamaciones presentadas por los ciudadanos frente a denegaciones de información pública de las administraciones autonómica y local, de entidades integrantes de sus respectivos sectores públicos, o de corporaciones de derecho público.

Si notable fue el incremento de las reclamaciones, mayor fue aún el de las resoluciones adoptadas por la Comisión de transparencia, ya que en 2017 fueron 155 las resoluciones acordadas, frente a las 66 que se adoptaron en 2016. De estas 155 resoluciones, en 61 de ellas se estimó en todo o en parte la petición del ciudadano de acceder a determinada información y, por tanto, se requirió al organismo afectado para que la facilitara. En 46 de estas ocasiones, las resoluciones estimatorias se dirigieron a entidades integrantes de la administración local y diez de las resoluciones estimatorias se formularon a alguna de las Consejerías de la Junta de Castilla y León.

Sigue siendo reseñable que 164 de las reclamaciones planteadas, es decir, aproximadamente el 80 por ciento del total, se interpusieron ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información. En aquellos supuestos en los que la reclamación se presentó frente una resolución expresa, los motivos que, con mayor frecuencia, fueron utilizados para denegarla fueron la protección de datos personales y la necesidad previa de reelaboración de la información solicitada.

El tipo de información pedida por los ciudadanos que motivó sus reclamaciones fue muy diverso, aunque las dos grandes materias que dieron lugar a un mayor número de impugnaciones fueron las relativas a cuestiones referidas al personal de la administración y, por otro, a la contratación y otorgamiento de licencias urbanísticas y de actividad por los ayuntamientos.

Es destacable también que hasta en 43 ocasiones, una vez que ha intervenido la Comisión ante la reclamación frente a una falta de respuesta a una solicitud de información, el organismo o entidad correspondiente ha reconocido el derecho del ciudadano a acceder a esta y se la ha proporcionado.

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