La Comisión de Transparencia del Procurador del Común tramita 102 reclamaciones en su primer año

Edificio del procurador del común.
Edificio del procurador del común.

En lo que se lleva de año este nuevo órgano ha recibido ya más reclamaciones que el año pasado, en su mayoría relacionadas con la actividad de la administración local

LEONOTICIASLeón

La Comisión de Transparencia, un órgano colegiado adscrito al Procurador del Común, recibió en su primer año de funcionamiento un total de 102 reclamaciones frente a denegaciones expresas o presuntas de solicitudes de información pública dirigidas a administraciones y otras entidades de la Comunidad. De ellas, más del 70 por ciento se presentaron frente a las ausencias de respuesta a peticiones de información.

Así consta en la primera memoria de este órgano que se ha presentado ante las Cortes de Castilla y León, en la que también se pone de manifiesto que fue ante la administración local ante la que se presentaron un mayor número de reclamaciones, en concreto un 72 por ciento de las recibidas, frente al 14 por ciento de las que se interpusieron frente a la actuación de la administración autonómica.

En 66 de esas reclamaciones se adoptó algún tipo de resolución por parte de la Comisión; 40 de ellas fueron estimadas, total o parcialmente, y por tanto se ordenó a la administración o entidad afectada que proporcionase la información solicitada en cada caso; en ocho más se constató que, una vez presentada la reclamación por el ciudadano e iniciada la tramitación de la reclamación por la Comisión, la administración procedió a conceder la información solicitada.

Las resoluciones dictadas por la Comisión de Transparencia son vinculantes y de obligado cumplimiento por parte de las administraciones, a diferencia con las resoluciones del Procurador del Común, y tras su dictamen solo resta la vía contenciosa administrativa. El grado de cumplimiento de las resoluciones asciende al 70 por ciento. Además, cuando restan más de cinco meses para que finalice el año, ya se han recibido en esta Comisión de Transparencia más reclamaciones que en 2016, además de que se han adoptado ya 74 resoluciones, es decir, ocho más que el pasado año.

Acceso a información pública

Por otra parte, cumpliendo con el mandato específico contenido en la Ley de Transparencia y Participación Ciudadana de Castilla y León, la memoria incluye una parte en la que se ha tratado de realizar un informe general sobre el cumplimiento en Castilla y León de las obligaciones de publicidad activa y de acceso a la información, un ámbito en el que más de 5.000 entidades de la Comunidad tienen la obligación de cumplir con los parámetros establecidos.

En este informe se concluye que existe un cumplimiento elevado por parte de las administraciones y entidades afectadas, si bien es excepcional el cumplimiento íntegro, en especial en relación con las características de claridad, accesibilidad, actualización, reutilización y adecuación para personas con discapacidad, que debe reunir la información publicada.

En cuanto al acceso a la información, se puso observar que todavía es reducido el número de solicitudes de acceso a la información pública que se presentan y tramitan como tales, si bien este dato puede deberse a que no todos los supuestos en los que un ciudadano se dirige a una administración en solicitud de información se computan como tales solicitudes ni dan lugar a la aplicación de la normativa de transparencia. Sí se observó que cuando las peticiones se encauzan debidamente hacia el procedimiento de ejercicio de este derecho, en la mayoría de los casos se acaba proporcionando la información pedida.

En esta memoria, correspondiente a 2016, se ha intentado realizar, en términos generales, una radiografía del estado de la transparencia en la Comunidad, para lo que se ha incluido una referencia a la actividad institucional que desarrolló el año pasado el Comisionado, un amplio resumen de las actuaciones de la Comisión de Transparencia en el ejercicio de su función de resolver las reclamaciones recibidas en materia de acceso a la información pública, además de un análisis general del grado de cumplimiento en Castilla y León por las administraciones y entidades afectadas, de sus obligaciones en materia de publicidad activa y acceso a la información.

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