La Cámara de la Propiedad reclama a todos los ayuntamientos de León la supresión inmediata del cobro de la plusvalía municipal

Edificio consistorial de León capital.

La asociación de propietarios envía cartas a los 211 consistorios de la provincia para evitar que los afectados interpongan numerosas reclamaciones judiciales, que casi con seguridad conllevarán condena en costas

LEONOTICIAS

La Cámara de la Propiedad de Castilla y León ha remitido un escrito a todos los ayuntamientos de León en el que solicita la paralización “inmediata” de todas las liquidaciones del impuesto de valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido popularmente como el impuesto de plusvalía municipal tras la publicación de las tres sentencias que declaran la inconstitucionalidad de la norma.

Igualmente, y para el caso en que no haya habido incremento de valor, desde la entidad se solicita que se devuelvan los importes efectivamente liquidados en vía administrativa, es decir, sin que el afectado tenga que acudir a los tribunales reclamando lo indebidamente pagado.

Para el caso de que se haya producido una efectiva plusvalía, también solicita la Cámara la suspensión del cobro, dado que el Tribunal Supremo ha anulado la fórmula de cálculo aplicada hasta ahora por los ayuntamientos, con lo cual, a día de hoy la Plusvalía Municipal no dispone de una base legal que permita su liquidación y cobro.

La asociación considera que esta medida evitará que los afectados interpongan numerosas reclamaciones judiciales, que casi con seguridad conllevarán condena en costas, y no solo eso, sino que evitará también la crispación que produce que la administración más cercana al ciudadano opte por la recaudación por encima del principio de legalidad.

Mantenimiento de los ingresos

Las Cámaras de la Propiedad Urbana han reclamado desde la Confederación, que representa a más de 160.000 propietarios, la supresión total y definitiva de este impuesto, sin que por ello aboguen por una merma de ingresos de los ayuntamientos.

En este sentido, consideran imprescindible que se habilite la fórmula de compensación necesaria que sustituya a este impuesto, pero siempre desde un gravamen que tenga en cuenta la capacidad económica de las personas y la obtención de un beneficio y que el importe resultante no sea de carácter confiscatorio.

“Las transferencias de una parte de lo recaudado por los impuestos sobre la renta de las personas físicas y sociedades nos parece el sistema más adecuado y, además, evita que los ayuntamientos tengan que entrar a valorar las circunstancias de las operaciones inmobiliarias en las que se obtenga algún tipo de beneficio”.

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