El TSJ anula las nuevas tasas ‘sociales’ de agua y destapa «las triquiñuelas» de Aguas de León

Un instante de la rueda de prensa de este miércoles en la Cámara de la Propiedad./
Un instante de la rueda de prensa de este miércoles en la Cámara de la Propiedad.

La sentencia muestra que la intención de la sociedad mixta es que los contribuyentes hagan frente al pago de los 25 millones de canon que en su día entregó Aquagest e incide en que no hay justificación para la creación de esa tasa | Contra la sentencia cabe recurso y no tendrá carácter retroactivo

A. CUBILLASLeón

Nuevo varapalo para el Ayuntamiento de León. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado las nuevas tasas municipales que aplica Aguas de León desde el 1 de enero de 2016 por la reparación de acometidas y sustitución de contadores, destapando así “las triquiñuelas” llevadas a cabo en la gestión del agua de la capital leonesa.

La respuesta

Se trata de la segunda sentencia por la que el TSJ anula esta nueva tasa al entender que no existe justificación para la fijación de dicho importe, entendiendo que los informes técnicos son “insuficientes y erróneos”, siempre considerado “desorbitado” ese montante, con independencia de que “se haga un café para todos”.

“Los precios están realmente engordados”, ha señalado Miguel Ángel Sánchez Fraile, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, que este miércoles han dado a conocer la sentencia fruto de la campaña legal que emprendieron contra la aplicación de esta nueva tasa.

El TSJCyL considera que la creación de la tasa responde a la intención de hacer frente a la devolución de los millones que Aguagest adelantó al Ayuntamiento de León

Pero la sentencia va más allá y advierte que la tasa vulnera el principio de equivalencia y provocación de costes por pretender cobrar un servicio por adelantado o que nunca se va a prestar. “Creamos una tasa para conservar y crear contadores siendo Aguas de León el que decide qué contadores pone, con qué calidades y durante cuánto tiempo durarán esos contadores. Pero la realidad es que el ciudadano no sabe cuándo le cambian el contador y si realmente llegan a ofrecer ese servicio”.

Pago de 25 millones

Además, niega que esta nueva tasa pueda considerarse de “social” cuando se trata de un “artificio contable” con el que se busca que sean los contribuyentes los que hagan frente a la devolución de los 25 millones de canon que en su día puso Aquagest –hoy Aquona-, copartícipe en un 49% de la sociedad mixta.

“No podemos permitir que se pretenda vender que esta tasa tenga un carácter social y así lo remarca el TSJCyL. Pretenden convencer a la ciudadanía de que Aguas de León viene a hacernos un favor cuando pagamos una tasa sin recibir el servicio”.

Según la sentencia, la fijación del importe de las tasas está alejado de la realidad del mercado y es inadecuado en la actual coyuntura económica

Una práctica que el TSJCyL califica de “vicio de desviación de poder”, es decir, el intento del Ayuntamiento de León de utilizar sus potestades administrativas para alcanzar unos fines distintos a los previstos en el ordenamiento jurídico.

Aquona entregó 25 millones que el Ayuntamiento gastó en no sabemos qué pero no en el servicio de agua”, señaló Sánchez Fraile, que remarca que uso de ese millón de euros que anualmente debe pagar Aguas de León para calcular la cuantía de esa tasa de reciente ceración.

Todo ello, continuaron desde la Cámara de la Propiedad Urbana, a pesar de que el Tribunal Supremo en la sentencia por la que anuló esa tasa en mayo de 2017 hizo instar que la devolución de ese millón de euros no podía realizarse a cargo de los contribuyentes, que deben pagar el coste del servicio exclusivamente.

Beneficios abultados

A ello hay que sumar el beneficio que está obteniendo Aguas de León desde la aplicación de esta nueva tasa que, por ejemplo, en el año 2015 se tradujo en 570.000 euros. “Si Aguas de León tiene por objeto prestar el servicio, no casa con obtener unos beneficios de ese calibre. Estamos pagando de más. A mayores de pagar ese millón de euros la sociedad mixta está obteniendo beneficios”, concluyó Sánchez Fraile, que estuvo acompañado por el letrado Juan López Contreras.

«Pretenden convencer a la ciudadanía de que Aguas de León viene a hacernos un favor cuando pagamos una tasa sin recibir el servicio» MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ FRAILE. CÁMARA DE LA PROPIEDAD URBANA

Una sentencia que, sin embargo, no tendrá carácter retroactivo. De ahí el primer problema que obliga a cada ciudadano a impugnar trimestralmente su recibido del agua en el plazo máximo de un mes. El segundo está, remarcaron, en la sensación del peso soportado por cada ciudadano es bajo – en torno a 1,43 euros al trimestre, pero que entre todos se ha traducido en ingresos adicionales del millón de euros desde el 2010 y beneficios superiores al medio millón desde 2015.

Recurso ante el Supremo

En cualquier caso, desde la Cámara de la Propiedad Urbana se han mostrado satisfechos por el resultado y han confiado en que sirva para poner punto y final a lo que han calificado de “triquiñuelas”. “No hay derecho. El Ayuntamiento es la administración más cercana al ciudadano y no puede defraudar nuestra confianza”, remarcaron desde la Cámara de la Propiedad, que confiaron en que se controle a Aguas de León y se revisen los beneficios que se han obtenido.

La sentencia no tendrá carácter retroactivo y la única posibilidad de devolución es que cada ciudadano reclame trimestral el pago de esta tasa, que roza el 1,43 euros

Sentencia contra la que cabe recurso pero que, según remarcó Sánchez Fraile, tiene pocas posibilidades de prosperar. “Creo que la contundencia y la claridad de los argumentos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León difícilmente van a cambiar el sentido y contenido de la sentencia del Supremo en caso de que Aguas de León decida recurrir”, señaló Sánchez Fraile, que confío en que recapaciten y reconsideren la gestión del agua en la ciudad.

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