Amilivia resalta el alto incremento de actividad del Consultivo con 103 peticiones de dictámenes sobre León

Mario Amilivia, presidente del Consejo Consultivo, en su comparecencia de este lunes./
Mario Amilivia, presidente del Consejo Consultivo, en su comparecencia de este lunes.

El incremento se ha debido a que se está percibiendo un comportamiento distinto a la hora de solicitar dictámenes por parte de distintos ayuntamientos que bien no lo hacían o no lo solicitaban con regularidad

LEONOTICIASLeón

El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Mario Amilivia, presentó en la Comisión de la Presidencia del Parlamento autonómico la Memoria correspondiente al año 2017, ejercicio en el que la institución propia con sede en Zamora registró un importante incremento de actividad, un 11,3% en el número de dictámenes emitidos y un 31,5% en el número de resoluciones aprobadas por el Tribunal.

A 31 de diciembre se habían aprobado 571 dictámenes, a los que se añaden los 121 recursos resueltos en su función como Tribunal de Recursos Contractuales.

Amilivia precisó en su presentación ante los Grupos políticos de las Cortes de Castilla y León que el Consejo Consultivo ha emitido en la etapa 2003-2017 un total de 14.200 dictámenes, a los que se suman los 162 aprobados en lo que va de 2018: 14.362 hasta la actualidad.

En su exposición, el presidente destacó la eficiencia de la institución entendida como la celeridad en la emisión de los dictámenes durante 2017 ya que el 94% de los dictámenes solicitados se emitieron en un promedio de 13,10 días hábiles, frente a los 20 que establece el mandato legal, «contribuyendo a que la Administración actúe con celeridad y resuelva los asuntos en un plazo razonable».

Un año más, subrayó también la auctoritas del órgano de control, el grado de seguimiento de las distintas administraciones consultantes al contenido de los dictámenes aprobados. El año pasado alcanzó el 95,79% de los casos, muy similar a los años anteriores. Sobre los 571 dictámenes aprobados, en el 75,13% de ellos (429) coincidió la propuesta administrativa y el sentido del dictamen.

Es decir, aproximadamente hubo en torno a un 25% de discrepancia entre la propuesta de resolución y el dictamen del Consejo, «que se reduce una vez que conocemos la resolución finalmente aprobada por las administraciones consultantes a alrededor de un 3%, todo ello de acuerdo con las comunicaciones oficialmente recibidas», informó Amilivia.

Añadió también la independencia de la institución, manifestada en el seguimiento prácticamente total de los dictámenes y su aprobación unánime por parte del Consejo. «Con estos datos, objetivos, si alguien pretendiera poner en duda la independencia del Consejo Consultivo y de sus miembros, lo único que conseguiría es ponerse en evidencia a sí mismo», aseguró.

Amilivia, durante su comparecencia de este lunes.

Los datos en 2017

De los 571 dictámenes emitidos, 250 derivaron de las consultas de la Administración autonómica, 316 fueron solicitados por la Administración Local y 5 por las Universidades. De esta manera, por tercer año consecutivo, los dictámenes generados por las Entidades Locales volvieron a superar a los recabados por los de la Administración autonómica.

En relación con las administraciones consultantes, en 2017 la provincia de Valladolid fue la primera en número de peticiones de dictamen con 109 (el 19,09% del total). Históricamente, casi siempre había sido la de León. Ello se ha debido a que se está percibiendo un comportamiento distinto a la hora de solicitar dictámenes por parte de distintos ayuntamientos que bien no lo hacían, bien no lo solicitaban con regularidad.

A la provincia de Valladolid le siguieron las provincias de León con 103 (18,04%), Burgos con 84 (14,7%), Salamanca con 64 (11,2%), Zamora con 60 (10,5%), Palencia con 42 (7,3%), Segovia y Ávila con 27 cada una de ellas (4,7% respectivamente), y Soria con 12 (2,10%). El resto corresponde a consultas varias del ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Las consultas remitidas por las 9 capitales de provincia generaron 161 dictámenes, cifra que representa un aumento del 16,6% en comparación con 2016. Después de años a la cola en solicitud de dictámenes, Valladolid se sitúa en primer lugar con 39 dictámenes, seguido del Ayuntamiento de León con 33, Burgos y Palencia (22 respectivamente), Salamanca (17), Zamora (14), Segovia (10) y Ávila y Soria, 2 respectivamente.

Dentro de la Administración Autonómica, la Consejería de Sanidad fue nuevamente la que solicitó el mayor número de dictámenes, 146 (25,57%), seguida de la de Fomento y Medio Ambiente con 40 (7,01%), la de Educación con 30 (5,25%), la de Familia e Igualdad de Oportunidades con 8 (1,40%), las de Agricultura y Ganadería, Empleo y de la Presidencia con 6 respectivamente (1,05% respectivamente), y la de Cultura y Turismo con 3 (0,53%). Los dictámenes del ámbito sanitario se incrementaron un 64,7%, pasando de 85 en 2016 a 140 en 2017 y totalizaron 12,8 millones de euros en indemnizaciones reclamadas.

Por materias, durante el pasado año aumentaron un 22% los dictámenes sobre responsabilidad patrimonial, que pasaron de 359 a 438 y representaron el 76,7% del total. Desde el inicio de la función consultiva se han emitido ya 12.380 dictámenes de este tipo, el 86,2% de todos los aprobados hasta la actualidad.

El total de las indemnizaciones solicitadas en las consultas sobre procedimientos de responsabilidad patrimonial frente a las administraciones (de todas las que se dispuso) alcanzó en 2017 los 31.884.169 euros.

Los datos del Tribunal de Recursos Contractuales en 2017

El Tribunal ha resuelto en la etapa 2012-2017 un total de 519 recursos por un importe global de 3.749.430.826 euros, a los que se suman los 29 resueltos en lo que va de 2018 por 364.311.225,43 euros. Hasta la actualidad, el Tribunal ha resuelto 548 recursos por 4.113.742.051,43 euros a una media de 685 millones de euros por año.

En 2017 se presentaron 126 recursos, de los cuales se resolvieron 121, 101 por Resolución y 20 por Acuerdo. Durante dicho periodo, se estimaron 38 recursos (12 de ellos de forma parcial), 48 fueron desestimados siendo éste el sentido más frecuente de la resolución (39,7%), 33 fueron inadmitidos y en 2 casos se produjo el desistimiento. De los recursos presentados 4 corresponden a cuestiones de nulidad.

La suma de los importes recogidos en los recursos resueltos en 2017 alcanzó los 455.822.049,56 euros.

Por provincias de donde procedieron los recursos presentados, Salamanca fue la primera con 22, seguida León con 19, Burgos y Valladolid con 18 respectivamente, Soria con 7, Ávila 6, Palencia, Zamora y Segovia 5 respectivamente, y otros 21 tuvieron como ámbito el conjunto de la Comunidad Autónoma.

El mayor porcentaje de los recursos tuvo su origen el pasado año en contrataciones de la Administración autonómica 48 (38,10%), seguido de los contratos de los Ayuntamientos 46 (36,5%), de los de las Diputaciones 20 (15,87%), de los de las Universidades 9 (7,14%) y de los de las Mancomunidades 3 (2,4%).

Por ente adjudicador de la Administración autonómica, Sanidad generó 22 recursos, Familia 5, Presidencia 4, la ADE 4, Fomento y Medio Ambiente y Cultura 3 respectivamente, Educación y Agricultura 2 respectivamente, Economía 2 y sociedades públicas 1.

Por tipo de contrato recurrido, fueron los de servicios los mayoritarios 94 (74,6%), seguidos de los de suministro 25 (19,84%), Acuerdo Marco 5 (3,9%) y de obras 2 (1,6%).

Según el objeto de impugnación, la adjudicación fue el más recurrente, con 52 recursos por este motivo (41,27%/, seguido de los pliegos con 47 (37,3%), otros 5 (4%), la nulidad 4 (3,17%) y el anuncio 1 (0,8%).

La duración media del procedimiento fue de solo 23,6 días hábiles desde su admisión a trámite. El anterior ejercicio 9 recurrentes acudieron posteriormente a la vía contenciosa (8 Resoluciones y un Acuerdo referido a una de ellas).

Según declaró Mario Amilivia, el Tribunal forma parte de un «modelo de éxito» como así lo señaló la Comisión Europea en el Informe presentado el pasado 24 de enero de 2017 al Parlamento y al Consejo sobre la eficacia de las llamadas Directivas de Recursos. Además –incidió- cumple con todas las exigencias con las que deben contar este tipo de órganos como ha señalado el Tribunal de Justicia de la UE: ejercer sus funciones con plena autonomía, objetividad e imparcialidad frente a las partes en litigio, ostentar la condición de tercero respecto a la autoridad que adoptó la decisión recurrida y contar con miembros inamovibles, que solo cesan en sus mandatos en los supuestos determinados en las leyes.

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