El acuerdo para la mejora del empleo público beneficiará a 30.000 trabajadores de la Administración en León

30.000 funcionarios en León verán mejoradas sus retribuciones./
30.000 funcionarios en León verán mejoradas sus retribuciones.

UGT saluda una firma que ha respaldado en Madrid pero reclama la puesta en marcha de centros de referencia nacional cerrados en la Comunidad con esta nueva política

ICAL | LEONOTICIASLeón

El acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo suscrito por el Gobierno, CCOO, UGT y CSIF beneficiará a 161.535 trabajadores de la Administración en Castilla y León, de los caso 2,5 millones que se contabilizan en España, tal y como informó el responsable federal de UGT-FeSP del Sector de la Administración General del Estado, Carlos Álvarez, quien acudió a Valladolid para explicar a los afiliados un documento que contiene una serie de medidas para la mejora de las condiciones retributivas, del empleo y de las condiciones laborales, que el Gobierno considera compatibles con la mejora de los indicadores macroeconómicos y de empleo y con la sustancial reducción del déficit público.

En este escenario, que afecta a un total de 29.344 funcionarios en la provincia de León, el responsable regional de UGT para la Administración General del Estado, Ovidio Martínez, saludó este acuerdo en un territorio en el que la mayor parte del colectivo cuenta con entre 45 y 50 años, con lo que la creación de empleo “aliviaría la situación precaria actual”.

No obstante, criticó que es “ridículo” que existan centros de referencia nacional que estén cerrados desde hace años, con el consiguiente gasto de mantenimiento. Es el caso, por ejemplo, de algunos vinculados al Imserso o la propio ‘macroprisión’ de Soria, cuya construcción se ha extendido durante 14 años y no está operativa. “Esperemos que con esta creación de empleo se pueda abrir. No pedimos nada nuevo, sino personal para poder ponerlos en marcha. Creemos que con este acuerdo se puedan abrir. Ahora ya no está la excusa de la crisis”, expresó.

Por su parte, Álvarez, quien vinculó el desarrollo de este acuerdo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o un decreto, en ausencia de las cuentas, detalló que se liga, por primera vez, una parte de los incrementos salariales al crecimiento de la economía y al cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria. En ese mismo sentido, las administraciones competentes podrán incorporar otras mejoras en el empleo y en las condiciones de trabajo, previa negociación colectiva, siempre y cuando cumplan con los objetivos de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y la regla de gasto.

En las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos se acordó un marco plurianual de incremento salarial, 2018, 2019 y 2020, con un porcentaje de subida fijo más un porcentaje de incremento adicional ligado al crecimiento de la economía y, en 2020, al cumplimiento del objetivo de estabilidad. De esta manera, por primera vez un acuerdo en la Función Pública vincula la previsión de aumento de las retribuciones a la a las expectativas de crecimiento y estabilidad para los próximos años.

La parte fija del incremento salarial será del 1,75 por ciento este año, del 2,25 por ciento en 2019 y del dos por ciento en el año 2020. A ello hay que sumar la parte variable que estará en función del crecimiento de la economía. Así, para un crecimiento del PIB que sea igual o superior al 2,5 por cinto en 2019 y 2020, la subida sería de un 2,5 por ciento en 2019, y un tres por ciento en 2020. En esos dos años, para un crecimiento inferior al crecimiento del PIB del 2,5 por ciento, el incremento disminuirá proporcionalmente a la reducción que se haya producido sobre dicho 2,5 por ciento. Por último, se añadiría un 0,55 por ciento adicional en 2020 por el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. “La recuperación de poder adquisitivo asegura una subida fija hasta el 2020 del 6,1 por ciento, que podría llegar al 8,79 si la economía fuera bien”, resumió.

Jornada laboral

Igualmente, Álvarez sostuvo que se mantiene la jornada semanal de 37 horas y media, pero se contempla la posibilidad de que cada administración pública pueda establecer en sus calendarios laborales otras de carácter ordinario o especiales de trabajo, condicionado al cumplimiento de los objetivos en materia de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto.

En materia de conciliación laboral se prevé una bolsa de hasta un cinco por ciento de jornada anual para el cuidado de mayores, hijos menores o personas con discapacidad. Esta parte de la jornada deberá ser recuperada por el personal al servicio de las administraciones públicas en los términos que acuerde cada Administración. Se regula, además, la posibilidad de jornada intensiva para cuidado de hijos menores de 12 años o con discapacidad.

Durante la situación de incapacidad temporal, cada Administración podrá determinar el complemento retributivo a percibir por el trabajador, pudiendo alcanzarse un máximo del cien por cien de las retribuciones fijas. Se establece la necesidad de justificar adecuadamente las ausencias desde el primer día y la obligación de diseñar un plan de control del absentismo, que deberá ser objeto de difusión pública junto con los datos de absentismo laboral (portales de transparencia).

En materia de oferta de empleo público para 2018, aquellas administraciones que hayan cumplido el objetivo de déficit, deuda y regla de gasto tendrán un cien por cien de tasa de reposición en todos los sectores, más una bolsa del ocho por ciento para los sectores en los que consideren necesario un refuerzo adicional. En el caso de las corporaciones locales, el refuerzo podrá ser de hasta el diez por ciento.

Aquellas administraciones públicas que no hayan cumplido alguno de los objetivos de déficit, deuda o regla de gasto tendrán una tasa de reposición del cien por cien en sectores prioritarios y del 75 en los no prioritarios, más una bolsa adicional del cinco por ciento para los que consideren necesario reforzar.

Además, en todos los municipios habrá una tasa adicional del cinco por ciento si en alguno de los ejercicios del periodo 2013 a 2017 han tenido la obligación legal de prestar un mayor número de servicios públicos por el incremento de su población y bajo determinadas circunstancias.

Por último, en el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, policía autonómica y local la tasa de reposición se eleva al 115 por ciento. La cobertura de plazas de funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional podrá llegar hasta un 30 por ciento de las vacantes dotadas presupuestariamente, en determinados casos.

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