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La Audiencia Nacional da la razón a Mémora en el canon anual aplicado a Serfunle

La mancomunidad deberá seguir abonando el 'fee' de gestión a su socio privado y no hay lugar a la devolución de las cantidades abonadas

leonoticias

Miércoles, 29 de marzo 2017, 12:55

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Mémora, socio privado de Serfunle en la gestión de los servicios funerarios, deberá seguir percibiendo las cantidades acordadas en el 'fee' de administración acordado en su día.

La decisión llega ahora en forma de sentencia por parte de la Audiencia Nacional quien determina que esos 'gastos de gestión' que originaban pagos de 700.000 euros al socio privado son legales y pactados.

Incide además la sentencia, a la que ha tenido acceso leonoticias, en que se «acreditan los servicios» prestados y que los abonos por los mismos han adquirido ya «carácter contraactual».

Sin devolución de cantidades

La resolución ahora tomada apunta a que no hay lugar a la devolución de las cantidades ya abonadas y abre la puerta a la reclamación de las cantidades pendientes de pago desde Serfunle a Mémora y que ya superan el millón de euros.

La mancomunidad de servicios funerarios trasladará este jueves a la asamblea la notificación del alto tribunal contra la que únicamente cabe recurso de casación ante la propia Audiencia Provincial.

La Mancomunidad de Servicios Funerarios de León (Serfunle) gestiona la mayor parte de las defunciones que suceden en la capital y extiende su actividad a los municipios mancomunados (San Andrés y Villaquilambre). Lo hace de acuerdo con un socio especializado en este tipo de servicios, Mémora, desde que en 2004 esta empresa se hiciera con el 49% de la sociedad en base a un pliego público que a tenor de un informe de los propios servicios municipales era podía ser un 'traje a medida'.

El informe de Intervención

El informe que puso en su día en jaque la relación Serfunle-Mémora apuntaba ilegalidades desde 2003, la fecha en la que se cerró la adjudicación a Mémora del contrato público abierto por la empresa mancomunada.

Mémora se llevó el contrato valiéndose de un informe interno favorable a la adjudicación que en realidad era un regalo envenenado para el Ayuntamiento y rubricado por el asesor económico municipal, Carlos Hurtado.

Mémora ofertó seis millones de euros y en el mismo informe que se certifica su valía como socio se da por bueno la imposición por parte de la adjudicataria de un canon de gestión (que no figuraba en los pliegos y denominado 'fee' de gestión) por un montante total de 10% de la facturación durante los cinco primeros ejercicios y de un 12% a partir de ese año siempre y cuando "exista beneficio".

'Fee' de gestión

Examinada la documentación de un contrato dado por bueno 13 años atrás lo cierto es que, a tenor del informe de Intervención, éste debería nulo de pleno derecho y el denominado 'fee' de gestión debería ser considerado como un cobro ilegal y por duplicado de una cantidad que no debería ser abonada.

En su conjunto y con el paso de los años Mémora ha percibido en base a ese porcentaje no legal a juicio del interventor más de siete millones de euros, esto es una cantidad igual o superior a la abonada en su día por entrar en Serfunle. Por extensión, Mémora ha comprado a coste cero el 49% de Serfunle.

A la vista de la situación el informe del interventor de la mancomunidad apuntaba a la necesaria nulidad del contrato y la obligada devolución de las cantidades indebidamente cobradas por la empresa Mémora, que a lo largo de más de una década ha cobrado por servicios que en realidad ya estaban comprendidos en el acuerdo inicial.

Daño patrimonial no real

Para el interventor no había duda de que el 'fee' era en realidad una evidente «vulneración sustancial de las bases contenidas en el pliego de cláusulas» y de acuerdo a esa ilegalidad «debe determinar la anulación del acto de adjudicación».

Pero el informe va más allá. La «extralimitación de funciones» de los técnicos a la hora de informar favorablemente del acuerdo, el posterior consentimiento de los diferentes responsables del órgano de gestión y la falta de determinación a la hora ajustarse a la legalidad han conllevado un alto "daño patrimonial" a Serfunle.

Ahora, sin embargo, el informe realizado por la intervención municipal no se sostiene a nivel legal y la Audiencia Nacional recuerda que los pagos eran acorde a derecho, que los servicios eran prestados y que el acuerdo entre las partes tenía «carácter contractual».

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