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Teresa Mata.
Teresa Mata asegura que informó a favor de la compra de 'La Perla Negra' si con ello se lograba reducir costes

Teresa Mata asegura que informó a favor de la compra de 'La Perla Negra' si con ello se lograba reducir costes

La subdelegada del Gobierno en León declara, en calidad de testigo, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Valladolid | Martínez Bermejo, sobre 'La Perla': «Cuando yo llegué la decisión de la compra del edificio ya estaba tomada»

europa press

Lunes, 20 de febrero 2017, 20:31

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El que fuera director gerente de la Agencia de Inversiones y Servicios de la Junta, José Antonio Martínez Bermejo, ha negado cualquier participación en la compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid), más conocido como 'La Perla Negra' y bajo investigación judicial, tras alegar que cuando él llegó al cargo la «decisión ya estaba tomada».

Así lo ha mantenido durante su declaración durante poco más de media hora, en calidad de testigo, ante el Juzgado de Instrucción número 2 en la que, como así ha explicado a posteriori, se ha limitado a sostener que su intervención en el proceso de adquisición del inmueble fue «irrelevante», por cuanto la decisión de cambio de edificio era ya un hecho antes de que él accediera en julio de 2007 a la Agencia de Inversiones y Servicios, dependiente de la Consejería de Economía y Empleo, y donde cesó en enero de 2012 para pasar al puesto de Subdelegado del Gobierno.

Su declaración ha precedido a la que minutos después ha prestado, igualmente como testigo, la hoy subdelegada del Gobierno en León y entonces secretaria de la Consejería de Hacienda entre 2007 y 2009, María Teresa Mata Sierra, quien, por videoconferencia desde la capital leonesa, ha asegurado tener constancia de la existencia de distintas peritaciones sobre el precio de 'La Perla', no así de quién las encargó, y ha ratificado que en la reunión del Consejo de Gesturcal celebrada en diciembre de 2008 informó a favor de la opción de compra sin con ello se lograba reducir costes.

La declarante ha añadido que aquel fue el último consejo de Gesturcal al que asistió ya que posteriormente fue cesada por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

Traslado de inmueble

El hoy presidente del Grupo del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha apuntado que su colaboración se ciñó a facilitar datos de personal y recursos que tenían que ser trasladados al nuevo inmueble, operación que, como recuerda vagamente, se hizo efectiva en el mes de septiembre de 2009, pero siempre dirigida y bajo supervisión de Gesturcal. «He sido interpelado también por las partes sobre un escrito relativo al traslado de muebles el nuevo edificio, operación de tabiquería y apertura de una guardería, entre otros trabajos, que todas las unidades administrativas efectuaron para ver si iba a existir algún tipo de contratación centralizada que al final no se hizo», ha desvelado el político 'popular'.

Sobre los motivos que en su momento se les expuso para justificar el traslado a un nuevo inmueble, Martínez Bermejo sostiene eran "muy ciertos ya que los padecía la Agencia de Inversiones y Servicios", en referencia a que ésta se encontraba dispersa en cuatro o cinco sedes. "Cada vez que una persona quería visitarnos tenía que desplazarse por el centro de la capital y aparcar el coche, y por eso nos dijeron al tratarse de un edificio de naturaleza regional era una forma de unificarnos a todos y llevarnos a un sitio que permitiera una mejor accesibilidad a la gente que viniera de fuera de Valladolid".

70 millones de euros

En cualquier caso, Martínez Bermejo se muestra convencido de que su testimonio «poco ha podido aportar» a la investigación, «aunque si sirve para esclarecer lo sucedido y colaborar con la Justicia, bienvenido sea».

Ambos testimonios se suman a la veintena interrogatorios, unos como investigados y otros como testigos, iniciados en 2016 y cierran, provisionalmente, esta segunda fase de testificales que el juez del caso comenzó el pasado día 6 de febrero en la persona de tres peritos que efectuaron distintas tasaciones sobre el valor del edificio ADE-la Junta pagó finalmente cerca de 70 millones de euros-y que continuaron con la del ex coordinador de Servicios de la Secretaría General de la Consejería de Economía, Tomás Machota Martín.

En principio, no están previstos nuevos interrogatorios hasta que el instructor reciba la investigación patrimonial encomendada al Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de la Policía Judicial (BPPJ), circunstancia que el pasado año ya obligó a suspender distintas testificales centrados en las personas de los empresarios Ángel Román Montes López, Fernando Mínguez Beltrán y Luis María García Clérigo.

Por otro lado, el juez del caso, César Gil Margareto, ya se ha pronunciado en contra de las peticiones de sobreseimiento de actuaciones planteadas por los investigados y exconsejeros de Gesturcal Javier Rodríguez Segovia, Benedicto González Vereda, Efrén Martínez Izquierdo, Abdón Dueñas Herández, Pablo Trillo (actual delegado territorial de la Junta) y Carlos Martín Tobalina, en la actualidad director general de Industria y Competitividad y viceconsejero de Economía.

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