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León en Común denuncia la situación de los trabajadores de Carflor

  • Este grupo municipal asegura que expusieron en la comisión de este mes de Bienestar Social «una serie de irregularidades» en el servicio de ayuda a domicilio «desde que se privatizó»

León en Común denuncia la situación de los trabajadores de Carflor, encargados de la ayuda a domicilio municipal, y resaltan que se producen una «serie de irregularidades» desde que este servicio «se privatizó».

«Nos consta que existen numerosas quejas registradas en el ayuntamiento sobre servicios que no se llevan a cabo, o que se desarrollan de forma deficiente y desordenada. En cuanto al servicio en sí, hablamos de horarios incumplidos, incompletos y ausencia de información sobre las funciones a realizar por parte del personal en caso de suplencias de última hora. A esto se suma una desatención reiterada desde la parte coordinadora en cuanto a la resolución de incidencias con las personas usuarias, las cuales se resuelven con una visita al domicilio de los afectados, una disculpa y la promesa de que esas horas mal atendidas o no atendidas no serán cobradas», expone LeC, que asegura haber denunciado esta situación en la comisión de Bienestar Social de noviembre.

En lo que se refiere a la situación de las empleadas del servicio, LeC afirma haber podido comprobar que existen «retrasos reiterados en los pagos de las nóminas». «Además, hemos tenido conocimiento de que se elaboran cuadrantes de horarios imposibles de cumplir como, por ejemplo, finalización de un servicio a las 12:30 horas comenzando el siguiente a las 12:00 horas, situación que se repite para varias trabajadoras. Por último, se nos ha informado de irregularidades en las vacaciones, en forma de obligatoriedad de comenzarlas en miércoles añadiendo el lunes y martes anteriores en forma de días de asuntos propios, bajo amenaza de represalias», explican.

En resumen, este grupo municipal considera que estos datos dibujan «un perfil de empresa que no cumple ni de lejos con una dinámica laboral justa y normal». «Entendemos por tanto que el Ayuntamiento, ante las deficiencias tanto en el servicio como en el trato a las empleadas, debería resolver el contrato que tiene con Carflor y dejar de financiar con el dinero público el beneficio empresarial, más el 21% de IVA, a cambio de unas labores que deberían gestionarse y realizarse únicamente a través del ente público como ocurre, por ejemplo, en el Ayuntamiento de San Andrés», sentencian.