Leonoticias

IzAb exige el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica al Ayuntamiento de León

  • Aseguran que el PP «está saboteando a la justicia que pretende terminar de cerrar heridas»

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Izquierda Abierta exige el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica al Ayuntamiento de León. «De igual modo que el Equipo de Gobierno PP-C's se ha resistido hasta el final para cambiar el callejero, este mismo PP está saboteando a la justicia que pretende terminar de cerrar heridas hacienda que los culpable de delitos de lesa humanidad paguen por sus crímenes», sostienen.

Recuerdan que la resolución de Naciones Unidas 47/133, adoptada en la asamblea general celebrada el 18 de diciembre de 1992, aprobó «la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, señalando que afectan a los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad».

«Y en ese contexto, en nuestro país vivimos en una gravísima anomalía democrática e histórica. Tras la dictadura franquista, en el Estado español, no hubo ruptura con el entramado político de la dictadura, sino que comenzó el que ha sido conocido como 'pacto de silencio'», afirma IzAb.

Insisten en que recientemente se registró en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria de apoyo al proceso judicial conocido como 'querella argentina', causa que instruye la jueza de ese país María Servini.

«La iniciativa consiste en la petición de comparecencia de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, para que explique por qué pretende impedir que los juzgados españoles tomen declaración a las víctimas e imputados en el citado procedimientopara determinar si los crímenes cometidos durante la dictadura franquista pueden considerarse de genocidio y lesa humanidad», explican.

Por todo ello, IzAb rechaza públicamente «la acción de intento de obstrucción a la justicia por parte de la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, y animamos a los Grupos Municipales a sumarse, porque obstruye una investigación judicial realizada en el marco del Tratado de cooperación y asistencia judicial firmados por España y Argentina y porque su actitud obstruccionista puede situar al Estado español en una posición vulneradora de este y otros acuerdos internacionales».