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La Comisión de Transparencia recibe en los primeros meses 84 reclamaciones en materia de acceso a la información pública

  • Se han estimado, en todo o en parte, 29 reclamaciones, que a diferencia de lo que ocurre en el Procurador del Común son de obligado cumplimiento para la administración

En el año 2013, se aprobó en España la primera ley reguladora de la transparencia y del acceso a la información pública con la finalidad de reforzar la transparencia de la actividad pública y de garantizar el derecho de todos a acceder a la información relativa a tal actividad. Desde el 10 de diciembre de 2015 los ciudadanos de Castilla y León pueden reclamar frente a las denegaciones de información pública solicitada a organismos o entidades del sector público autonómico, a las Entidades Locales, o a las Corporaciones de Derecho Público (por ejemplo, Colegios Profesionales), ante la Comisión de Transparencia de Castilla y León, órgano adscrito al Procurador del Común. Esta reclamación es potestativa y sustituye al recurso administrativo de reposición.

En este tiempo, la Comisión de Transparencia ha recibido 84 reclamaciones en materia de acceso a la información pública, de las cuales 62 se refirieron a denegaciones de información pedida a las Entidades Locales y 8 a supuestos donde el origen de la reclamación se encontraba en la actuación de la Administración autonómica. En los 12 casos restantes, la impugnación tuvo como objeto la supuesta limitación al acceso a la información impuesta por Colegios Profesionales (10 ocasiones) o por Universidades Públicas (2 reclamaciones).

Es destacable que 57 de las reclamaciones planteadas (cerca del 70 % del total de las recibidas) se hayan interpuesto ante la ausencia de respuesta a una solicitud de información dirigida previamente a alguno de los organismos antes señalados. En aquellos supuestos en los que la reclamación se ha presentado frente a la decisión de denegar la información pedida, el motivo que en mayor número de ocasiones había fundamentado la negativa a proporcionar la información ha sido la protección de datos personales (12 casos).

El tipo de información solicitada por los ciudadanos que ha dado lugar a aquellas reclamaciones es muy variado y va desde la información relativa a expedientes académicos o de personal, hasta las sanciones impuestas por incumplimiento de la normativa de horarios de cierre, pasando por la información económica o contable, la relativa a determinados sectores de la actividad pública como el urbanístico o el del control de la venta ambulante.

De las 84 reclamaciones señaladas, 44 ya han sido resueltas. En 29 ocasiones la resolución adoptada ha estimado en todo o en parte la petición del ciudadano de acceder a determinada información. Cuatro de estas resoluciones se dirigieron a la Administración autonómica; una a la Universidad y otra a un Colegio Profesional; el resto (23) tuvieron como destinatarias a Entidades Locales. Estas resoluciones, a diferencia de las adoptadas por el Procurador del Común, son de obligado cumplimiento para al organismo destinatario, sin perjuicio de la posibilidad que le asiste, igual que al reclamante, de recurrir la decisión de la Comisión de Transparencia ante los tribunales del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Esta impugnación judicial no se ha producido, hasta la fecha, en ningún caso.

Como ejemplos del contenido de algunas de estas resoluciones, se puede señalar que a través de ellas se ha instado a la Administración autonómica a que facilite los datos correspondientes a la gestión de la bolsa de empleo de una gerencia de salud; a una Diputación Provincial a que proporcione la información acerca de un empleado derivada de la Relación de Puestos de Trabajo, así como las compatibilidades con actividades privadas que tuviera reconocidas; a un Colegio Profesional a que suministre la información general sobre sus presupuestos y su actividad económica. Por otra parte, es frecuente que la solicitud de información del ciudadano que no ha sido contestada, se resuelva reconociéndose el derecho del mismo a acceder a la misma como consecuencia de la intervención de la Comisión de Transparencia, sin que sea necesario llegar a adoptar una resolución donde se inste al organismo de que se trate a actuar de tal forma. Hasta en 5 ocasiones ha tenido lugar esta circunstancia.

En definitiva, la denominada «cultura de la transparencia» está todavía dando sus primeros pasos. La Comisión de Transparencia a través de sus resoluciones en materia de acceso a la información pública no sólo constituye un órgano a cuyo amparo pueden acudir los ciudadanos cuando no vean satisfechas sus pretensiones de acceder a determinada información, sino que contribuye con el desarrollo de su función a incrementar el conocimiento que los ciudadanos tengan de sus derechos y la asunción por parte de los cargos públicos de sus deberes en este ámbito.

El texto íntegro de estas resoluciones se puede conocer a través de la página web de la Comisión, donde los ciudadanos también pueden obtener información acerca de las distintas vías a través de las cuales pueden presentar su reclamación.