Leonoticias

Pedro Vicente Sánchez o el cómo saltarse el control

Pedro Vicente Sánchez, alcalde de Puebla de Lillo.
Pedro Vicente Sánchez, alcalde de Puebla de Lillo.
  • Eloy Velasco entiende que el alcalde de Puebla de Lillo es un cooperador de Isabel Carrasco y Marcos Martínez y le acusa de cuatro delitos

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Fue el último en caer en las redes de la trama ‘Púnica’. Paso de testigo a imputado. Y, este miércoles, el juez Eloy Velasco ratifica su implicación en el entramado por ser un estrecho colaborador de Isabel Carrasco primero y, posteriormente, de Marcos Martínez para mejorar su imagen y lograr el apoyo de Génova.

Según el auto del magistrado al que ha tenido acceso este diario, Pedro Vicente Sánchez, la “persona de la más íntima confianza de Marcos Martínez Barazón, asistió a las reuniones en las que se concertaron los términos de la configuración y adjudicación de los contratos públicos vinculados a la estación invernal de San Isidro a las empresas de Alejandro de Pedro, dirigiendo incluso la visita que a las pistas de esquí.

Asimismo, Sánchez actuaba como coordinador de prensa y el que verificaba y aprobaba las facturas emitidas por Alejandro de Pedro a la Diputación para sufragar el coste de los diarios, al estar enterado de que el objetivo era la promoción-asesoramiento y mejora de la reputación de Martínez Barazón.

En la tramitación de dichas facturas, continúa el magistrado, se alegaba razones de urgencia por parte de Pedro Vicente Sánchez en los informes que presentaba de manera recurrente mes tras mes para no someterlas al procedimiento de fiscalización ordinaria, “fórmula utilizada para evitar los controles”.

90.000 euros irregulares

De esta forma, el alcalde de Puebla de Lillo participó en el proceso de fiscalización, regularización contable y liquidación de los pagos a las empresas de De Pedro, contribuyendo a los apoderamiento de los 90.000 euros en fondos públicos, instrumentalización una secuencia continuada de resoluciones por las que mes a mes, entre enero del 2012 y septiembre del 2014, se aprobó un gasto indebido sin la previa aprobación de un contrato, lo que representa un “gasto irregular durante meses”.

Por todo ello, Eloy Velasco entiende que los hechos son constitutivos de un delito de fraude -por la concertación contraria a la libre concurrencia de otras ofertas a la adjudicación de los contratos vinculados con San Isidro-, cohecho –por participar en la incluso de publicidad innecesaria para ayudar a mejorar la reputación de Carrasco y Martínez Barazón- prevaricación –por la aprobación de 90.000 euros en gastos irregulares- y malversación de los caudales públicos continuada –por cooperar en la distracción de caudales públicos para trabajos de influencia política-.