Leonoticias

Eloy Velasco anuncia en León la inminente apertura del juicio oral de la trama Púnica

  • El juez de la Audiencia Nacional asegura que está «a punto de editar el auto de apertura de procedimiento abreviado» coincidiendo con el segundo aniversario de la detención de Marcos Martínez, expresidente de la Diputación de León

El juez Eloy Velasco ha anunciado este jueves que está “a punto de editar” el auto de apertura de procedimiento abreviado de la Operación Púnica que supondrá la apertura del juicio oral correspondiente a la pieza que afecta a la provincia leonesa dentro del entramado.

Un anuncio que ha realizado en León, con motivo de su presencia en el III Congreso de la Abogacía de Castilla y León, justo cuando se cumplen dos años de la detención del expresidente de la Diputación Marcos Martínez. Un trámite que, después de que el proceso de instrucción se haya dado por finalizado, permitirá dar un paso más en este largo proceso judicial.

El pasado mes de septiembre, Velasco dictó un auto porque el que se acordaba la formación de la pieza número dos de la Operación Púnica relativa a las supuestas irregularidades en la Diputación de León.

Así, incluye en la ‘pieza 2 León’ a cinco personas físicas y dos jurídicas, entre las que figura el expresidente de la institución con seis delitos y el alcalde de Puebla de Lillo Pedro Vicente Sánchez con los de fraude, cohecho y malversación de caudales públicos.

A ellos se suma con curso legal el interventor de la institución provincial, Manuel Jesús López Sánchez ‘Suso’, los de fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios. También figuran en el auto los nombres de los empresarios Alejandro de Pedro y José Antonio Alonso Conesa, por los delitos de cohecho, aprovechamiento de información reservada y malversación de caudales públicos. Además, el procedimiento se dirige también contra las empresas de reputación en internet Eico On Line SL y Madiva Editorial y Publicidad SL.

La vertiente leonesa de la Púnica

Fue el 27 de octubre de 2014 cuando agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Central Operativa (UCO) a las órdenes del juez Eloy Velasco detuvieron a Marcos Martínez, acusado de un caso de corrupción presuntamente vinculado a comisiones en la adjudicación de obras.

La detención tuvo lugar en el marco de una macrorredada en la que se procedió al registro de empresas y domicilios particulares, interviniendo un total de 150 agentes en todo el territorio nacional y en la que se detuvieron hasta 51 personas.

Cuatro días después, el 31 de octubre, Martínez ingresaba en la prisión de Soto del Real tras prestar declaración ante el juez Velasco defendiendo tanto su inocencia como una impoluta trayectoria política a lo largo de las últimas dos décadas.

Según el auto final dictado por el juez Eloy Velasco, Marcos Martínez habría puesto en marcha procedimientos negociados de contratación vinculados a la estación de esquí de San Isidro en los que únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro, otro de los implicados en la causa. Y todo ello "a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del PP para continuar como presidente de la Diputación de León".

Además, dice el auto, Martínez "tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude".

Finalmente, el 12 de diciembre, 46 días después de su ingreso y tras vivir un traslado, abandonaba la prisión de Navalcarnero, después de que su familia depositase a primera de este jueves la fianza de 30.000 euros impuesta por el magistrado.

Colaboradores

La vertiente leonesa de la Púnica alcanzó también al interventor de la Diputación de León, Jesús López Sánchez, el responsable de tramitar y supervisar los contratos elaborados y las adjudicaciones realizadas por la Diputación Provincial y que están bajo sospecha. ‘Suso’ aseguró ante el juez que desconocía la finalidad de las facturas que se abonaban a una empresa para mejorar la imagen de los presidentes de la Diputación.

El último de caer en las redes de la Púnica fue Pedro Vicente Sánchez, alcalde de Puebla de Lillo, que el pasado mes de septiembre el juez Velasco citó como imputado. El informe de la UCO sobre Pedro Vicente Sánchez destaca que era él la «persona de la más íntima confianza» de Martínez Barazón y que, como tal, asistió «a las reuniones en las que se conciertan los términos de la configuración y adjudicación» de varios contratos públicos.

Fue precisamente el interés de la fallecida presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, por conocer y controlar cuando trascendía en internet sobre su persona supuso el punto de partida de la Operación Púnica en León.